El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) fue creado mediante la Ley Federal de Defensoría Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 1998. Con ello nació formalmente la defensoría pública federal en México.
A lo largo de estos 28 años, el Instituto ha sido encabezado por José Antonio Bernal, César Esquinca Muñoa, Alejandro Roldán Velázquez, Mario Alberto Torres López, Netzaí Sandoval Ballesteros y Taissia Cruz Parcero y, actualmente, el director general es el doctor Benjamín Rubio Chávez. Todos ellos, desde sus distintas etapas y contextos, han contribuido al fortalecimiento de una defensa pública más cercana a las personas menos favorecidas.
Sin embargo, este aniversario representa algo distinto a los años anteriores. Los 28 años del IFDP marcan el inicio de una nueva fase institucional. Aunque el Instituto cumple casi tres décadas de existencia, podría decirse que también vive sus primeros meses dentro de una nueva estructura del Poder Judicial Federal.
La reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 no solamente modificó el mecanismo de designación de jueces, magistrados y ministros; también creó el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y extinguió al Consejo de la Judicatura Federal. El IFDP, como órgano auxiliar del nuevo OAJ, entra así en una etapa inédita de transformación y consolidación.
Actualmente, el Instituto Federal de Defensoría Pública, encabezado por el hidalguense Rubio Chávez, cuenta con presencia en todo el país mediante representaciones estatales encabezadas por delegadas y delegados. Asimismo, se ha impulsado – por iniciativa de su director general - una campaña territorial sin precedentes: personas defensoras, asesoras jurídicas, delegados e incluso el propio director general han recorrido comunidades, plazas públicas, ferias jurídicas y diversos espacios sociales para informar, orientar y asesorar a las y los mexicanos frente a sus problemas e inquietudes jurídicas.
Por otro lado, el Instituto ha impulsado el Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural. Para su implementación cuenta con diversas unidades, secretarías y delegaciones encargadas de ejecutar y operar la labor institucional día con día.
En ese contexto, la Unidad de Asesoría Jurídica ha implementado el programa Defendiendo Derechos, encaminado a la asesoría y representación en temas relacionados con derechos humanos básicos indispensables para vivir con dignidad. Entre ellos destacan asuntos vinculados con el acceso al agua, la salud, la diversidad, el patrimonio, el trabajo, la seguridad social, la movilidad y los derechos de las personas con discapacidad, brindando atención a nivel nacional.
De igual forma, el Instituto cuenta con la Unidad de Defensa Penal, encargada de la representación y asesoría en materia penal federal, es decir, respecto de los delitos contemplados en el Código Penal Federal.
Como parte del Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural, el IFDP también impulsa el programa de preliberaciones, un esquema focalizado en revisar asuntos penales de personas en situación prioritaria que ya cuentan con sentencia y que podrían beneficiarse de mecanismos de preliberación conforme a sus circunstancias particulares. Programa del cual ya hay centenas de beneficiados.
El Instituto ha concentrado esfuerzos en apoyar especialmente a mujeres indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres de familia que representan el principal sostén afectivo y económico de sus núcleos familiares, buscando fortalecer con ello el tejido social.
Y, por último, pero no menos importante, destaca la implementación de las Casas de Asesoría Jurídica Intercultural. Desde mi punto de vista, representan la joya de esta gran labor social llamada Instituto Federal de Defensoría Pública.
Estas casas de asesoría se encuentran instaladas en comunidades indígenas y afromexicanas, acercando directamente los servicios jurídicos a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso a la justicia. Su importancia radica en que brindan una atención mixta: tanto en materia penal como en otras áreas relacionadas con derechos humanos y asesoría jurídica integral.
Las personas asesoras que integran estas casas cuentan con formación especializada tanto en el sistema jurídico nacional como en los sistemas normativos indígenas. Además, uno de los requisitos fundamentales es el bilingüismo, pues una de las principales barreras para el acceso efectivo a la justicia es, precisamente, el lenguaje. Actualmente ya existen estas casas en Huejutla Hidalgo; en el pueblo yaqui en Sonora; en Hueyapan Morelos; en Cherán Michoacán y se vienen próximamente más aperturas.
Por ello, esta estrategia de interculturalidad y pluralismo jurídico busca eliminar cualquier barrera física, estructural o social que limite el acceso a una debida impartición de justicia.
Asimismo, el Instituto, a través de su Unidad de Litigio Estratégico, ha impulsado la defensa del medio ambiente, los derechos de las diversidades y, especialmente, la representación en casos de tentativa de feminicidio y de víctimas indirectas de feminicidio. Ello ha permitido obtener resultados alentadores y sentencias condenatorias frente a quienes cometen delitos tan atroces como el feminicidio.
En estos 28 años de historia de una de las instituciones más nobles del Poder Judicial de la Federación, el IFDP ha demostrado que cuando existe voluntad, trabajo de escritorio y presencia en territorio, es posible acercar la justicia a quienes más la necesitan, encontrando en el Instituto una mano, un acompañamiento y un hogar que les brinde apoyo.
Cuando analizamos la labor que realiza el IFDP en todo el país, las diversas luchas jurídicas que impulsa y arropa a los sectores más desprotegidos, es cuando cobra verdadero sentido, forma y fondo su eslogan institucional: La Casa que te Defiende.