Transparencia 3.0: El nuevo modelo de transparencia en México

Con la desaparición del INAI, que se concretará esta misma semana, comienza un nuevo modelo de transparencia en México. Tiene varios cambios significativos, sobre todo relacionados con los medios de impugnación y las instancias en las que se desahogarán para que se puedan materializar los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales.

De manera sucinta, se puede decir que se diseminan las facultades del órgano autónomo que se extingue con la armonización de las leyes federales a la reforma constitucional en una secretaría federal, un nuevo órgano administrativo desconcentrado, los órganos encargados de la contraloría, así como juzgados y tribunales especializados federales.

El procedimiento inicial, realizar una solicitud de información pública o relativa a los datos personales, queda prácticamente en los mismos términos y plazos, debiendo tramitarse a través de las Unidades de Transparencia, bajo los principios pro persona, máxima publicidad y gratuidad, con sus límites y excepciones ya previstos en la normatividad. 

En este paso, se agregó la solicitud verbal y la posibilidad de permitir la consulta directa de la información cuando la reproducción de los datos supere las capacidades técnicas de la institución.

La actividad sustantiva del INAI, la revisión de las quejas derivado de solicitudes de acceso y protección de datos personales, así como la verificación de la información en los portales de Internet, las asumirán los Órganos Internos de Control (OIC’s), contralorías y homólogos de las diversas instituciones públicas y poderes. 

Estas instancias encargadas de la prevención de delitos en el servicio público también tendrán como tareas: vigilar el cumplimiento de obligaciones en las leyes en la materia, imponer medidas de apremio y sanciones, así como capacitar y promover los dos derechos, sólo por mencionar algunas. 

Se creará Transparencia para el Pueblo, un órgano desconcentrado y dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Será la segunda instancia, en caso de inconformidad con las determinaciones que emitan los OIC’s o contralorías, siempre y cuando las solicitudes de información versen sobre recursos federales.

Aunque a la dependencia federal ya se le habían conferido atribuciones en la materia, ahora se le agregó “conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones”. Así, será anticorrupción la nueva autoridad que proteja los datos personales en poder de los particulares y también la que administre la Plataforma Nacional de Transparencia (la cual continuará con todas sus bondades incluidas).

También se deberán habilitar, y más tarde crear, juzgados y tribunales federales especializados en acceso a la información y protección de datos personales. Ellos serán la última instancia para apelar cualquier determinación en la materia.

Continuará también un “sistema” de coordinación interinstitucional para generar instrumentos y políticas públicas, ahora estará integrado por los 32 gobernadores (en lugar de los institutos de transparencia estatales), deja fuera a la Auditoría Superior de la Federación e integra al INE, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Agencia de Trasformación Digital, además del Archivo General de la Nación y la Secretaría Anticorrupción.

También se estableció un periodo de gracia para que las nuevas autoridades garantes modifiquen sus reglamentos y disposiciones aplicables con la finalidad de que puedan cumplir con las nuevas atribuciones.

Entre los pendientes, que no han sido considerados en transitorios ni por el Congreso de la Unión, se encuentra la armonización de otras leyes que inciden de manera directa como la Ley General de Archivos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta última regula los procedimientos de los OIC’s para prevenir, investigar y sancionar las faltas cometidas por servidores públicos.

Con el fin de evitar asimetrías, en la exposición de motivos de las tres nuevas leyes, se señala que los estados deberán armonizar en su normatividad, buscando que la estructura en cada entidad adopte como modelo de referencia el federal.