Soberanías: la fuerza de México en la Cuarta Transformación

“México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la independencia”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 16 de septiembre, durante el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del inicio de nuestra Independencia.

La palabra soberanía resonó en mis oídos como uno de esos mandatos que han acompañado buena parte de mis años de vida. Como si fuera un archivo viviente, mi memoria comenzó a recorrer nuestra historia reciente y, particularmente, los casi ocho años transcurridos desde el inicio de la Cuarta Transformación.

Pensé entonces que la soberanía no se ha quedado en las ceremonias cívicas. Se ha convertido en decisiones del Estado, en leyes, instituciones y políticas públicas; en capacidad para decidir sobre nuestro territorio y nuestros recursos; para producir nuestros alimentos y nuestra energía; para relacionarnos con otras naciones sin subordinación y, sobre todo, para hacer valer el mandato popular de un pueblo digno y pluricultural.

Pero la palabra soberanía tampoco estuvo ausente durante las décadas anteriores. Los gobiernos del periodo neoliberal recurrieron a ella y, en algunos casos, la incorporaron expresamente a sus políticas públicas. La diferencia estuvo en el significado que le atribuyeron, en el papel que asignaron al Estado y en las decisiones que adoptaron dentro del modelo económico que impulsaron.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por ejemplo, el paquete financiero negociado en 1995 con Estados Unidos y organismos internacionales fue presentado por el propio gobierno como compatible con el respeto a la soberanía nacional. El gobierno mexicano obtuvo una línea de crédito de hasta 20 mil millones de dólares de Estados Unidos, dentro de un paquete internacional cercano a 50 mil millones, y Zedillo sostuvo posteriormente ante el Congreso que esas negociaciones habían sido conducidas bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Años después, el gobierno de Vicente Fox incluyó expresamente la “soberanía energética” entre los principios de su Programa Sectorial de Energía 2001-2006. El documento planteaba simultáneamente mantener la soberanía y rectoría del Estado, modernizar las empresas públicas y promover una mayor participación privada en el sector energético.

Con Felipe Calderón encontramos otro momento significativo. Su Programa Sectorial de Energía 2007-2012 planteó asegurar el suministro energético a precios competitivos y diversificar las fuentes de energía. En 2008, su gobierno presentó una reforma energética que buscaba otorgar mayor autonomía de gestión a Pemex, ampliar la capacidad de refinación, transporte y almacenamiento y modificar la regulación del sector. El paquete aprobado por el Congreso incluyó una nueva Ley de Petróleos Mexicanos, la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y nuevas leyes en materia de energías renovables y aprovechamiento sustentable de la energía.

Durante ese mismo sexenio se puso en marcha la Iniciativa Mérida, acordada por los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush como un nuevo esquema de cooperación bilateral contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. El acuerdo fue presentado bajo los principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía de cada país, aunque en México generó un amplio debate legislativo precisamente sobre sus implicaciones para la soberanía nacional.

En 2013, Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma energética a los artículos 27 y 28 constitucionales sosteniendo que mantenía la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, permitía una mayor participación de inversión privada y buscaba, según el planteamiento oficial, “fortalecer la soberanía nacional”.

Ahí encuentro una diferencia que vale la pena mirar con detenimiento. La discusión no es si durante aquellos años se pronunciaba o no la palabra soberanía. Se pronunciaba. La pregunta es qué significaba en cada periodo, qué papel se asignaba al Estado y qué decisiones concretas se tomaban en su nombre.

Desde 2018 comenzó a cobrar fuerza otra concepción: la soberanía entendida no solamente como la facultad jurídica de la nación sobre su territorio y sus recursos, sino también como la capacidad material del Estado y de la sociedad para ejercerla.

Y es ahí donde encuentro un hilo que atraviesa estos casi ocho años de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

La primera es la defensa de nuestra soberanía nacional y territorial. México coopera y dialoga con otras naciones, particularmente con Estados Unidos, pero esa cooperación tiene una frontera: dentro de nuestro territorio manda México y son nuestras instituciones las responsables de aplicar nuestras leyes.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esta concepción quedó plasmada, entre otras decisiones, en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, publicada el 18 de diciembre de 2020, que estableció reglas específicas para la presencia y actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano y señaló que éstos no pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni aplicar o ejecutar leyes extranjeras en México.

Más adelante, el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras sustituyó a la Iniciativa Mérida como marco de cooperación entre México y Estados Unidos. El nuevo entendimiento comenzó a operar en 2021 y estableció un marco bilateral de largo plazo en materia de seguridad, salud pública y comunidades seguras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha profundizado esta definición mediante una fórmula sencilla: cooperación, sí; subordinación, no. Su gobierno ha colocado entre los principios de la relación bilateral en materia de seguridad el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

No se trata de levantar muros frente al mundo. México comercia, coopera, intercambia información y construye acuerdos. Se trata de establecer con claridad quién toma las decisiones dentro de nuestro territorio.

La segunda dimensión es la soberanía alimentaria.

Para quienes hemos dedicado buena parte de nuestra vida al campo mexicano, ésta tiene un significado profundamente concreto: un país que pierde la capacidad de producir sus alimentos fundamentales aumenta su vulnerabilidad. Por eso hablar de soberanía alimentaria es hablar de campesinas y campesinos, ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros; de tierra, agua, semillas y capacidad productiva.

Durante el gobierno del presidente López Obrador se recuperó la producción para el autoconsumo como objetivo de política pública y se fortalecieron instrumentos dirigidos a pequeños y medianos productores, entre ellos Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía.

Además, la reforma constitucional en materia de bienestar publicada el 2 de diciembre de 2024 incorporó al artículo 27 la obligación del Estado de garantizar apoyos directos y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y mantener precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

La presidenta Sheinbaum ha continuado esta ruta con Cosechando Soberanía, que articula crédito, seguros, acompañamiento técnico, semillas y mecanismos de comercialización para incrementar la producción nacional de alimentos fundamentales.

Y hay una decisión que posee un enorme significado histórico. El 17 de marzo de 2025 se publicó la reforma a los artículos 4.º y 27 de nuestra Constitución en materia de conservación y protección de los maíces nativos. La reforma reconoce a México como centro de origen y diversidad del maíz y establece su cultivo en el territorio nacional como libre de modificaciones genéticas producidas mediante técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación.

No podía ser de otra manera. El maíz no es solamente una mercancía. Es alimento, cultura, biodiversidad, territorio y memoria de nuestros pueblos. Y gran parte de esa riqueza se conserva precisamente en los ejidos y comunidades agrarias de México.

La tercera dimensión es la soberanía energética.

Durante las décadas anteriores, las políticas energéticas fueron otorgando distintos espacios a la inversión privada, mientras se discutía cuál debía ser el papel de las empresas públicas y del Estado en la conducción del sector. La Cuarta Transformación colocó nuevamente en el centro una pregunta fundamental: ¿puede una nación ejercer plenamente su soberanía si pierde la capacidad material para decidir sobre la energía que necesita?

De ahí surgieron decisiones como el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad; la ampliación de la capacidad nacional de refinación; la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas y la adquisición de Deer Park.

Con la presidenta Sheinbaum esta política adquirió una nueva base constitucional y legal. La reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024 sustituyó el concepto de “empresas productivas del Estado” por el de “empresas públicas del Estado” para Pemex y CFE y estableció, entre otros elementos, que la participación de particulares en las demás actividades de la industria eléctrica no tendrá prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

El 18 de marzo de 2025 se publicó el nuevo paquete de legislación secundaria energética: la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Y finalmente está el litio.

El 20 de abril de 2022 México reformó la Ley Minera para declarar de utilidad pública la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, disponer que no se otorgaran concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y reservar al Estado dichas actividades.

Cuatro meses después, el 23 de agosto de 2022, se publicó el decreto de creación de Litio para México, LitioMx, organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de este mineral.

La definición fue elevada posteriormente al texto constitucional. La reforma del 31 de octubre de 2024 estableció expresamente que, tratándose del litio, no se otorgarán concesiones.

No fue una decisión menor. Estamos hablando de un mineral estratégico para el almacenamiento de energía, las baterías y numerosas tecnologías que serán fundamentales durante las próximas décadas.

Con el litio aparece quizá con mayor claridad una idea que atraviesa todas estas decisiones: la soberanía no consiste únicamente en que la Constitución declare que un recurso pertenece a la nación. También requiere que el Estado conserve las facultades y construya las capacidades necesarias para decidir qué hacer con él, cómo aprovecharlo y en beneficio de quién.

Soberanía territorial. Soberanía alimentaria. Soberanía energética. Soberanía sobre nuestros recursos estratégicos.

Son expresiones distintas de una misma raíz: la capacidad del pueblo mexicano para decidir su propio destino.

Tal vez por eso aquella palabra pronunciada por la presidenta el 16 de septiembre resonó con tanta fuerza en mis oídos. Porque detrás de ella no escuché solamente una consigna. Vi territorio, tierra, agua, maíz, petróleo, electricidad y litio. Vi ejidos y comunidades. Vi recursos que pertenecen a la nación y decisiones públicas encaminadas a conservar nuestra capacidad de decidir sobre ellos.

Y pensé también en todo lo que todavía falta por hacer.

Porque la soberanía se defiende, pero también se construye. Y, desde el campo mexicano, sabemos algo más: la soberanía también se siembra.