Sin maíz no hay país: los retos de la soberanía alimentaria

A casi dos décadas de iniciado el movimiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, todavía tenemos tareas por delante: consolidar un sistema agroalimentario justo, sustentable y soberano, que reconozca el trabajo campesino y garantice el derecho de la población a una alimentación adecuada. 

Por casi 40 años, las políticas neoliberales desmantelaron instituciones públicas, debilitaron las capacidades productivas del campo mexicano y profundizaron nuestra dependencia de las importaciones de alimentos. Las consecuencias de ese modelo permanecen. 

La Cuarta Transformación abrió una nueva etapa. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se recuperó la responsabilidad del Estado en fortalecer la producción nacional, mediante apoyos directos a pequeños y medianos productores, precios de garantía y el impulso a la transición agroecológica. 

Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzamos en la protección de los maíces nativos y el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria. A ello se suma la estrategia del Gobierno de México Cosechando Soberanía, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de las y los productores mediante financiamiento accesible, seguros agropecuarios, acompañamiento técnico y mejores condiciones de comercialización. 

Estos avances son fundamentales, pero todavía nos quedan cuatro grandes tareas para consolidar la soberanía alimentaria. 

La primera es crear un mercado mexicano de maíz blanco para consumo humano, libre de transgénicos y sin que dependa de la Bolsa de Chicago. No podemos seguir sometidos a cotizaciones internacionales que dependen de la especulación financiera, de los subsidios agrícolas de Estados Unidos y de condiciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad productiva. 

Necesitamos mecanismos nacionales de formación de precios que reconozcan los reales costos de producción y que garanticen una ganancia justa a las familias campesinas. Nadie produce con ánimo de perder. Esto demanda de certeza comercial, de infraestructura de almacenamiento, de financiamiento y de organizaciones económicas campesinas que les permitan competir en mejores condiciones en los mercados. 

La segunda, garantizar el cumplimiento de la reforma al artículo 4 constitucional en materia de protección del maíz. La prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado es una conquista histórica de las luchas campesinas, indígenas, científicas y ciudadanas. 

Hay que reforzar la protección a nuestras semillas nativas y establecer mecanismos eficaces para conocer el origen, las características y el destino del maíz importado, así como garantizar su trazabilidad. Las familias mexicanas tienen derecho a estar enteradas de lo que están consumiendo. 

El tercero es hacer plenamente efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y sostenible. La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es un instrumento básico, pero requiere acciones concretas. 

Es necesario profundizar la transición agroecológica, promover las compras públicas de alimentos producidos por campesinas y campesinos, fortalecer la coordinación entre las políticas agrícola, alimentaria, sanitaria y ambiental, y avanzar en la información y etiquetado de productos que contengan organismos genéticamente modificados, conforme al marco legal aplicable. 

La cuarta, fortalecer los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afromexicanos. La reforma al artículo 2.º constitucional reconoció a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Este avance tiene que verse traducido en garantías efectivas para proteger sus territorios, formas de organización, conocimientos y sistemas alimentarios. 

Construir una legislación general que desarrolle estos derechos es una oportunidad para profundizar su reconocimiento y ejercicio efectivo. 

Defender el maíz es defender la propiedad social. Los ejidos y las comunidades agrarias son esenciales para producir alimentos, cuidar la biodiversidad, proteger el agua y los bosques y conservar las semillas nativas. 

Desde la Procuraduría Agraria aportamos a estos objetivos a través de la defensa de los derechos agrarios, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la protección de los territorios. 

Además, una tarea que recorre toda esta agenda es preservar la autonomía, la capacidad crítica, la composición abierta y plural y la fuerza organizativa de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. Su historia demuestra la importancia de tener una sociedad organizada, que pueda construir propuestas y decidir sobre las políticas públicas. La campaña es hoy parte del patrimonio de la lucha colectiva del pueblo mexicano. 

Casi veinte años después de su nacimiento, el compromiso es avanzar hacia un modelo agroalimentario que garantice ingresos dignos a quienes producen, alimentos saludables para la población y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. 
Porque reforzar la agricultura campesina, defender la propiedad social y garantizar el derecho a la alimentación es reforzar la soberanía de México.

Sin territorio no hay semillas. Sin semillas no hay agricultura campesina. Y no habrá soberanía alimentaria sin agricultura campesina. 

Sin maíz no hay país.