El planeta no necesita otra promesa: COP 31

Este lunes comienza en Antalya, Turquía, la COP31. Después de treinta conferencias climáticas, cientos de declaraciones, metas para 2030, 2035 y 2050, y fotografías de dirigentes prometiendo salvar al planeta, llegamos a la misma realidad: se sigue sin hacer lo suficiente. El propio Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que el calentamiento superará temporalmente los 1.5 grados y que los compromisos actuales están muy lejos de las reducciones necesarias. A estas alturas, el problema ya no es que no sepamos qué está pasando. Sabemos quién contamina, sabemos qué actividades deben reducirse y sabemos cuáles serán las consecuencias. Lo que falta es obligar a actuar.

Y no contaminamos todos por igual. Según Oxfam, el 0.1% más rico del planeta genera más contaminación de carbono que los 3,500 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. Pero la concentración no termina en las fortunas individuales. La base Carbon Majors atribuye más de la mitad de las emisiones mundiales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles y cemento en 2024 a solamente 32 grandes productores. Entre ellos hay empresas privadas y también grandes empresas estatales: Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, Gazprom, ExxonMobil, Chevron y otras. La crisis climática no puede seguir contándose como si la responsabilidad fuera de las personas que habitamos este mundo por no bañarnos en pocos minutos o por olvidar apagar la luz.

Existe una diferencia gigantesca entre la capacidad de contaminar de una familia y la de una corporación petrolera, una gran fortuna o un Estado que decide seguir expandiendo la producción de combustibles fósiles. Pedir responsabilidad ambiental al ciudadano mientras algunos de los mayores emisores continúan aumentando su producción significa trasladar la responsabilidad hacia quienes tienen menos capacidad de modificar el problema.

Los Estados pueden y deben imponer estándares de emisiones, cobrar a quienes contaminan, retirar subsidios a actividades altamente contaminantes, obligar a transparentar las emisiones de las empresas, proteger ecosistemas, impedir proyectos incompatibles con sus compromisos climáticos y sancionar a quienes violen las reglas. El gobierno no puede ser únicamente un mediador amable entre los intereses de las grandes empresas y el derecho de la población a un ambiente sano. Debe ser regulador, vigilante y sancionador. Porque si contaminar sigue siendo más rentable que dejar de hacerlo, está claro que los grandes contaminantes difícilmente pasarán de las buenas intenciones y los discursos cuando reducir sus emisiones implique perder ganancias.

Pero la responsabilidad no termina en los gobiernos nacionales. También tenemos que hablar de la debilidad del sistema internacional que construimos para enfrentar una crisis que no conoce fronteras. El Comité de Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de París se define oficialmente como “no adversarial” y “no punitivo”: no resuelve disputas y no puede imponer sanciones. Puede identificar incumplimientos, acompañar a los países, solicitar información y facilitar soluciones, pero no puede castigar a un Estado porque sus políticas sean insuficientes para cumplir sus compromisos climáticos. Esa no es una falla accidental del sistema: es parte de su diseño.

Tenemos entonces una paradoja difícil de defender. Construimos una arquitectura internacional para enfrentar una amenaza global, pero dejamos buena parte de su cumplimiento en manos de la voluntad de los mismos Estados a los que debe vigilar. La ONU puede medir, advertir, convocar, negociar y publicar informes; pero cuando llega el momento de imponer consecuencias, sus herramientas son extraordinariamente limitadas. No porque Naciones Unidas haya decidido por sí sola renunciar a ellas, sino porque fueron los propios Estados quienes negociaron un sistema basado fundamentalmente en compromisos nacionales y cooperación. Después de tres décadas de COP, es necesario preguntarnos si esa arquitectura corresponde todavía a la magnitud de la emergencia y, sobre todo, qué ha conseguido realmente frente al avance de la crisis.

El problema ya no es únicamente cuánto dinero falta para enfrentar la crisis climática, sino quién debe asumir el costo de haberla provocado. Mientras comunidades enteras enfrentan sequías, inundaciones, incendios, desplazamientos y pérdida de sus medios de vida, algunos de los mayores contaminantes del planeta continúan expandiendo sus actividades sin enfrentar consecuencias proporcionales al daño que generan. La discusión tendría que dejar de concentrarse solamente en cuánto están dispuestos a aportar voluntariamente gobiernos y empresas y comenzar a preguntarse cómo obligamos a quienes más contaminan a reducir sus emisiones, reparar los daños y asumir una responsabilidad económica acorde con su impacto. Si contaminar continúa siendo rentable y reducir emisiones sigue dependiendo de la buena voluntad, el sistema está construido para llegar siempre tarde.

Por eso la COP31 también debería cuestionar la forma en que se han construido estos espacios. No necesitamos más declaraciones, fotografías, acreditaciones ni activismos que conviertan causas colectivas en plataformas personales. También debemos cuestionar a quienes acumulan espacios de representación y reflectores mientras comunidades, pueblos originarios, defensoras ambientales, científicos y jóvenes sostienen en el territorio la defensa de lo común. La discusión climática necesita menos protagonismo y menos activismo de papel; necesita más capacidad para incomodar, regular y enfrentar a quienes se benefician de seguir contaminando.

Treinta COP después, ya sabemos qué está pasando, quiénes contaminan más y qué consecuencias tendrá seguir por este camino. Lo que falta no son diagnósticos: faltan límites. Límites a las empresas que continúan expandiendo actividades contaminantes, a las grandes fortunas cuya huella supera por mucho la de una persona promedio y a los gobiernos que prometen reducir emisiones mientras permiten que aumenten. Si después de treinta conferencias incumplir sigue sin tener consecuencias, entonces también tenemos que cuestionar el sistema que construimos para enfrentarlo. El planeta no necesita otra promesa para 2030, 2040 o 2050. Necesita que alguien esté dispuesto, hoy, a ponerle un alto a quienes se benefician de destruirlo.