Reforma al Poder Judicial: reto para la ciudadanía

La anunciada reforma constitucional al Poder Judicial mexicano representa más que un simple ajuste administrativo; es un cambio estructural que promete transformar radicalmente la forma en que se administra la justicia en nuestro país. Desde la reducción de miembros en la Suprema Corte hasta la propuesta de elección directa de jueces por parte del pueblo, se vislumbra una nueva era para el sistema judicial mexicano. 

Sin embargo, este proceso no está exento de controversias y desafíos. Desde la falta de claridad entre la población sobre los detalles específicos de la reforma hasta la inevitable politización del sistema judicial, cada aspecto plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la justicia en México. Esta reforma busca no solo eficiencia y transparencia, sino también fomentar una mayor participación ciudadana en la conformación del poder que regula nuestras leyes.

La propuesta de reforma incluye cambios significativos como la reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 miembros, así como la disminución generalizada de salarios para magistrados y jueces. Además, plantea la elección directa de estos funcionarios por parte del pueblo, eliminando el Consejo de la Judicatura Federal y sustituyéndolo por un Tribunal de Disciplina Judicial compuesto por 5 magistrados elegidos popularmente, destinado a ser una instancia de control disciplinario ante posibles abusos judiciales. Asimismo, se enfoca en acelerar los tiempos de resolución judicial, estableciendo plazos de hasta 6 meses para asuntos civiles y fiscales, y hasta 1 año para casos penales, con sanciones para quienes no cumplan con estos tiempos.

La reforma no solo modificará el funcionamiento interno de la justicia, sino que también marcará un cambio cultural en la sociedad mexicana. Como parte del proceso de la reforma judicial, el partido Morena, implementó una encuesta para saber si el pueblo quiere que se propicie este cambio. 

A pesar de que la encuesta inicial reflejó un apoyo positivo hacia la reforma propuesta, es preocupante que solo el 49% en promedio de los encuestados comprenda completamente las implicaciones del poder judicial. La elección directa de jueces no solo democratizará el proceso judicial, sino que también incentivará una mayor conciencia cívica y participación informada de los ciudadanos en la política judicial.

Es crucial reconocer que la justicia no opera en un vacío político. Al igual que el poder ejecutivo y legislativo, el poder judicial tiene el deber de garantizar el bien común y la equidad en la sociedad. Por lo tanto, la reforma judicial no solo es un desafío para el poder legislativo en términos de aprobación, sino también para la ciudadanía mexicana, que ahora desempeña un papel central en la configuración del futuro del sistema judicial.

Asumir que la población carece de la capacidad para decidir sobre el sistema judicial que necesita es un error grave. La discusión y eventual implementación de esta reforma no solo determinarán el curso del sistema judicial en México, sino que también pondrán a prueba nuestra capacidad como sociedad para participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo. Es momento de que todos los sectores involucrados, desde legisladores hasta ciudadanos informados, se comprometan con este proceso que marcará una nueva etapa en la historia democrática de México.

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