Propiedad social de la tierra: legado revolucionario y futuro transformador

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, nos honró con su presencia en la Procuraduría Agraria al impartir la Conferencia Magistral El Nuevo Poder Judicial y el Marco Jurídico Agrario e Indígena. Sus reflexiones no solo enriquecieron el diálogo sobre la justicia agraria; también nos invitaron a pensar el futuro del país desde el territorio, la propiedad social y los derechos de quienes, desde tiempos ancestrales, han cuidado esta tierra.

Escuchar al ministro presidente fue constatar que México vive un momento excepcional. No solo por la renovación del Poder Judicial —encabezada por quien obtuvo la mayor votación en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con más de 6.2 millones de votos—, sino porque existe la posibilidad real de que la justicia deje de ser una institución distante y fría para convertirse en un instrumento al servicio de los pueblos, de los ejidos, de las comunidades y de quienes durante décadas fueron invisibilizados por el Estado.

Una de las ideas más poderosas que compartió el ministro presidente Ñuu Savi fue la necesidad de transitar del derecho agrario al derecho territorial. No se trata únicamente de un cambio de conceptos jurídicos; es una transformación profunda en la manera en que el Estado entiende la tierra, la propiedad y la justicia, recuperando el sentido social heredado de la Revolución Mexicana, la gran revolución campesina de nuestro país.

Coincidimos en que, durante demasiado tiempo, el derecho agrario fue interpretado desde una visión patrimonial y administrativa que facilitó la apropiación del territorio por grandes intereses económicos: desarrollos inmobiliarios, complejos turísticos y proyectos privados. La tierra fue reducida a un bien susceptible de explotación económica. Esa lógica ignoró que, para millones de personas ejidatarias y comuneras, así como para los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas, el territorio es mucho más que un activo: es historia, identidad, cultura, organización colectiva y futuro.

Por eso esta reflexión también es como la milpa: se nutre del intercambio de ideas entre quienes asistimos a escuchar al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. México no puede comprenderse sin la propiedad social. Más de la mitad del territorio nacional pertenece a núcleos agrarios; en esas tierras se conserva buena parte de nuestros bosques, selvas, manglares, acuíferos y biodiversidad. Ahí se producen alimentos, se preservan las lenguas originarias y se resguardan conocimientos ancestrales que hoy resultan indispensables frente a la crisis climática. Defender la propiedad social no es una causa sectorial; es defender un patrimonio estratégico de la nación.

Sin embargo, durante décadas prevaleció una visión profundamente injusta. Como recordó el ministro presidente, después de la reforma constitucional de 1992 se impulsó una política orientada a convertir la propiedad social en propiedad privada, bajo la falsa premisa de que los ejidos representaban atraso, incertidumbre jurídica y un obstáculo para el desarrollo. Carlos Salinas de Gortari incluso sostuvo que esa reforma haría ricos a los campesinos.

Aquella narrativa no fue inocente. Formó parte del proyecto neoliberal que buscó mercantilizar la tierra, debilitar la organización comunitaria y abrir el territorio al capital privado. Se dio por concluido el reparto agrario y se intentó convencer al país de que el futuro pasaba por la desaparición gradual del ejido.

La historia demostró exactamente lo contrario.

Mientras numerosos proyectos privados provocaron degradación ambiental, concentración de la riqueza y despojo territorial, fueron precisamente los ejidos y las comunidades quienes conservaron gran parte de los recursos naturales del país. La propiedad social no fue el problema; fue, y sigue siendo, una de las principales soluciones para construir desarrollo con justicia.

No obstante, esa importancia nunca se reflejó plenamente en el sistema de justicia.
El ministro presidente señaló con claridad una realidad que pocas veces se reconoce: cuando se trata de la propiedad privada, el Estado despliega todos los instrumentos jurídicos para protegerla; cuando se trata de la propiedad social, con frecuencia se le considera una propiedad de segunda categoría. Esa diferencia ha marcado miles de litigios agrarios, conflictos territoriales y decisiones judiciales que históricamente privilegiaron intereses económicos por encima de los derechos colectivos.

Por eso resulta tan relevante el cambio de perspectiva que hoy comienza a construirse.

La justicia agraria ya no puede limitarse a aplicar mecánicamente la ley. Debe mirar la realidad, comprender la historia y reconocer que existen agravios acumulados durante generaciones: despojos, desplazamientos, obras públicas realizadas sin consulta, proyectos extractivos impuestos sobre territorios comunitarios y decisiones que nunca escucharon la voz de quienes habitan y cuidan la tierra.

Como expresó el ministro presidente, no basta con dictar sentencias; hay que ofrecer soluciones. Esa afirmación representa un cambio profundo en la concepción de la función judicial. La justicia solo cumple plenamente su propósito cuando transforma la vida de las personas y restituye derechos, no cuando únicamente produce resoluciones impecables desde el punto de vista formal.

Desde la Procuraduría Agraria compartimos plenamente esa visión. Creemos en una justicia cercana al territorio, que dialogue con los ejidos y las comunidades; que reconozca los sistemas normativos de los pueblos indígenas; que fortalezca la conciliación y coloque la dignidad humana por encima de cualquier interés económico. Creemos que la construcción de la paz comienza desde el territorio.

Porque la propiedad social no constituye una herencia del pasado destinada a desaparecer. Es una institución constitucional vigente, un modelo de organización colectiva que sigue ofreciendo respuestas frente a los grandes desafíos del siglo XXI: la seguridad y la soberanía alimentaria, la protección ambiental y el combate a las desigualdades.

Hoy contamos con un nuevo marco constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esa transformación obliga también a replantear la justicia agraria desde una perspectiva territorial, intercultural y de derechos humanos.

La defensa de la propiedad social ya no puede entenderse únicamente como la protección de parcelas o certificados agrarios. Significa defender territorios, culturas, bienes comunes y formas colectivas de organización que han permitido la supervivencia de México durante siglos. En ello reside buena parte de la dignidad de nuestra nación.

Por ello, las palabras del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz no representan únicamente una reflexión jurídica. Constituyen una invitación a construir un nuevo paradigma de justicia: uno que deje atrás la visión neoliberal que redujo la tierra a mercancía y recupere el sentido social que inspiró nuestra Constitución de 1917. La historia nos enseñó que, cuando se debilita la propiedad social, también se debilita el país.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar exactamente lo contrario: rescatar, defender y revalorizar los ejidos y las comunidades agrarias significa fortalecer la democracia, preservar el patrimonio ambiental de la nación y construir una justicia que, por primera vez, mire de frente a quienes, durante generaciones, han sostenido el territorio de México.