La discusión sobre el futuro del T-MEC suele plantearse, desde algunos sectores intelectuales y económicos, como una falsa disyuntiva: mantener el tratado tal como existe o poner en riesgo la estabilidad económica del país. Sin embargo, la revisión programada para este año ofrece una alternativa: renegociar aquellos aspectos que han limitado la capacidad de México para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria. Se trata de conceptos que durante décadas fueron abandonados a las fuerzas del mercado, pese a su carácter estratégico. Cabe preguntarse, incluso desde la lógica de los promotores del libre mercado: ¿resulta conveniente la dependencia alimentaria?
Los resultados económicos del TLCAN-T-MEC en el sector agropecuario, a los que nos referimos en la primera parte de esta reflexión, obligan a revisar críticamente las promesas formuladas hace más de tres décadas. Una de ellas sostenía que la apertura comercial aceleraría el crecimiento económico del campo mexicano. La evidencia demuestra lo contrario.
Durante el periodo neoliberal, el Producto Interno Bruto agropecuario registró un crecimiento promedio anual de apenas 1.6%, muy inferior al observado durante la etapa del desarrollo estabilizador, cuando el sector agropecuario mexicano alcanzaba tasas de expansión de entre 4% y 6% anual.
El balance comercial tampoco justifica plenamente el costo social y estratégico asumido. A lo largo del periodo TLCAN-T-MEC, el saldo promedio anual positivo de la balanza comercial agropecuaria fue de apenas 375 millones de dólares, una cifra relativamente modesta si se compara con la pérdida de autosuficiencia en productos esenciales para la alimentación nacional.
En términos prácticos, México sustituyó la producción interna de alimentos básicos —maíz, frijol, arroz, trigo, soya y leche— por un modelo exportador basado en productos agroindustriales de alto valor comercial, como aguacate, frutillas, tequila y cerveza, con las implicaciones que ello ha tenido en materia de huella hídrica. Esta transformación generó beneficios importantes para ciertos sectores exportadores, pero también incrementó la vulnerabilidad del país frente a cambios políticos, comerciales y geopolíticos internacionales.
Paralelamente, el sistema agroalimentario mexicano experimentó una creciente concentración económica. Grandes corporaciones nacionales y transnacionales consolidaron posiciones dominantes en prácticamente todas las etapas de la cadena alimentaria: producción, procesamiento, comercialización, importación, transporte y distribución. El resultado ha sido un mercado caracterizado por fuertes estructuras oligopólicas, con capacidad para influir en precios, normas y políticas públicas.
Quizá uno de los efectos más profundos del modelo instaurado a partir del TLCAN fue la progresiva desaparición de la capacidad rectora del Estado mexicano en materia agroalimentaria.
Durante el periodo neoliberal fueron desmanteladas instituciones estratégicas que habían sostenido el desarrollo rural durante décadas: la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), la Productora Nacional de Semillas (Pronase), el Instituto Mexicano del Café (IMCAFE), así como los precios de garantía, los sistemas públicos de almacenamiento, el extensionismo agrícola y diversos mecanismos de regulación de mercados. El supuesto era que las fuerzas del mercado sustituirían con mayor eficiencia la acción pública. Treinta años después, el aumento de la dependencia alimentaria parece cuestionar seriamente esa premisa.
La revisión del T-MEC ocurre, además, en un contexto internacional radicalmente distinto al de 1994. La pandemia, los conflictos geopolíticos, las disputas comerciales entre potencias y las interrupciones en las cadenas globales de suministro han demostrado que la producción de alimentos constituye un asunto de seguridad nacional.
Por ello, la discusión sobre la soberanía alimentaria ya no puede entenderse como un debate ideológico ni como una nostalgia del pasado. Se trata de una necesidad estratégica para cualquier nación que aspire a mantener márgenes de autonomía económica y política en un mundo crecientemente incierto.
La revisión del T-MEC representa, quizá por primera vez en tres décadas, la posibilidad de incorporar salvaguardas específicas para proteger la producción nacional de alimentos estratégicos, fortalecer a pequeños y medianos productores y recuperar capacidades institucionales orientadas al interés público.
La pregunta histórica que enfrentará México durante esta renegociación es sencilla, aunque trascendental: ¿se revitalizará la soberanía alimentaria como uno de los pilares fundamentales de la soberanía nacional?
La respuesta marcará no sólo el futuro del campo mexicano, sino también el margen de autonomía que tendrá el país durante las próximas décadas. El Proyecto de la Cuarta Transformación ha comenzado a dar pasos importantes que podrían sentar las bases para el resurgimiento del campo mexicano como una potencia agroalimentaria.