Lo que la Corte debe explicar a los jubilados del IMSS

El pasado 1 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió un asunto que parece técnico y es profundamente humano: el amparo directo 65/2025, promovido por personas jubiladas del IMSS que piden la devolución, en una sola entrega, del dinero acumulado en su subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez. Detrás del expediente hay una pregunta que miles de extrabajadores del IMSS se hacen frente a su estado de cuenta: si ese dinero es mío, ¿por qué no puedo disponer de él?

La respuesta y argumentos que el sistema jurídico/laboral ha dado durante casi veinte años, en al menos cinco jurisprudencias, es la siguiente: ese dinero sí es propiedad de la persona trabajadora, pero no está a su libre disposición, porque tiene un destino fijado por la ley: financiar su pensión. Quien se jubila por años de servicio bajo el régimen del IMSS recibe una pensión superior a la legal, integrada por una parte que paga la ley y un complemento pactado en el contrato colectivo. Los recursos de la subcuenta sostienen esa primera parte. Devolverlos, sostiene la Corte, sería cobrar dos veces: el capital y, además, la pensión vitalicia que ese capital debe pagar.

El proyecto presentado por el ministro Presidente Hugo Aguilar proponía confirmar ese criterio y negar el amparo. Pero en la sesión sucedió algo poco frecuente y muy sano para la vida pública: un debate genuino. El ministro Giovanni Figueroa manifestó que votaría en contra con un argumento que merece atención: los quejosos acreditaron, mediante solicitudes de transparencia, que sus recursos no han sido transferidos para financiar sus pensiones, y nadie les ha explicado con claridad dónde están, cuánto suman y cómo se usarán. Invocó un precedente de la Corte Interamericana: el derecho a la seguridad social no se agota en recibir una pensión; incluye el derecho a un sistema transparente, que informe y rinda cuentas.

El ministro Arístides Guerrero se sumó a los argumentos del ministro Figueroa y planteó que el derecho de acceso a la información puede ser la aportación distintiva de esta nueva integración. Ante ello, el ministro ponente tomó una decisión institucional: retiró su proyecto para reelaborarlo incorporando esa perspectiva.

Y aquí conviene detenerse en algo que suele pasar inadvertido: ese giro no fue un regalo. Fue una conquista de los propios jubilados. Fueron ellos quienes, con solicitudes de información, mesas de diálogo y años de litigio paciente, pusieron sobre la mesa del máximo tribunal un dato que ningún proyecto puede ya esquivar: el destino de su dinero debe explicarse. Una doctrina que llevaba casi dos décadas aplicándose sin mayor discusión hoy tiene que volver a justificarse, en público y con perspectiva de derechos humanos. Eso, en el mundo del derecho, es haber movido la aguja.

¿Qué pueden esperar las personas jubiladas? Hablemos con verdad, porque el caso amerita información seria, no espejismos: la devolución íntegra de la subcuenta de cesantía y vejez es un escenario difícil. Pero la lucha ha puesto sobre la mesa soluciones concretas.

La pasada sesión de la SCJN abrió la puerta para la transparencia de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez: un derecho reforzado a la información que obliga a las autoridades a explicar, peso por peso, el origen, destino y rendimientos de cada cuenta. No es un premio de consolación: es la herramienta para detectar errores, excedentes y casos en que el sistema no cumple lo que promete.

Y es ahí dónde puede haber una devolución de recursos: los rendimientos que las cuentas generan entre la jubilación y los 65 años de edad, y los saldos de quienes fallecen antes de la transferencia, ambos son territorios donde el reclamo tiene futuro real. Por eso, quien tenga juicio en trámite está a tiempo de preparar su expediente: los estados de cuenta y las respuestas de transparencia valdrán oro si la Corte ordena verificar caso por caso.

La resolución final se conocerá en las próximas semanas, cuando el nuevo proyecto regrese al Pleno. Ese será el momento de observar no solo el resultado, sino la calidad de los razonamientos. Y lo que se resuelva no quedará en un expediente: fijará el criterio que aplicarán todos los tribunales del país a los juicios que hoy esperan respuesta. Cualquiera que sea el sentido, la sesión del 1 de julio ya dejó una lección: la perseverancia de las personas jubiladas obligó a la Corte a escuchar. Y dejó también un compromiso que habrá que exigirles a las instituciones: la confianza en el sistema de pensiones no se decreta; se demuestra, con cuentas claras, a quienes trabajaron toda una vida.