México y la cibersoberanía: apuntes de acciones estratégicas a considerar

Tal como se apreció en el artículo pasado, la construcción de una soberanía en el ciberespacio no sólo requiere de una gran inversión monetaria en infraestructuras, sino que depende directamente de una serie de elementos tal como la situación geopolítica, los acuerdos internacionales, el tamaño del mercado interno, la fortaleza político-legislativa; entre muchos otros requisitos.

En el caso de México su situación geográfica le pone en una situación peculiar, ya que México no sólo es vecino de Estados Unidos, el país que mantiene una hegemonía mundial en el ciberespacio, sino que también forma parte del T-MEC, un tratado que convierte a la región de América del Norte en un bloque comercial y geopolítico a nivel mundial, lo que no sólo viene acompañado de oportunidades, sino también de serias limitantes en forma de normativas: tal como mantener intocable la profunda desigualdad del mercado tecnológico con Estados Unidos, renunciar al resguardo obligatorio de datos nacionales en territorio mexicano o la imposibilidad de hacer responsables a las plataformas digitales del contenido promocionado y alojado en sus productos. A esto se le suma el gran poder cultural y político de las empresas estadounidenses, las cuales llevan a cabo operaciones constantes de cabildeo y persuasión toda vez que en México se discute la posibilidad de regular al ciberespacio.

Ante este panorama surgen de nuevo las preguntas presentadas en el artículo pasado:  ¿Es posible que México construya y fortalezca su cibersoberanía? ¿Qué se necesitaría impulsar a nivel ejecutivo, legislativo y judicial para el fomento de la cibersoberanía nacional? ¿Cuáles son los principales retos y limitantes a enfrentar en el caso de adoptar una agenda en búsqueda de la cibersoberanía? ¿Qué características tendría la cibersoberanía mexicana?, entre algunas otras.

Las preguntas anteriores requieren de la discusión entre múltiples actores interesados más allá del gobierno, por lo que la resolución a estas va a requerir de un complejo proceso de negociación y armonización de intereses y capacidades entre México,  los actores privados (tanto nacionales como internacionales); así como con la comunidad internacional y sus distintos organismos. Por lo que el análisis que se hace a continuación sólo abarca una parte de este complicado entramado y se hace desde una óptica limitada.

Para comenzar, cualquier país que quiera construir y fortalecer su cibersoberanía tiene que tener una idea clara de hacia donde va y qué quiere lograr con lo que tiene, ya que existen diferentes niveles de soberanía, mismos que vienen acompañados de sus propias limitantes, tal como es el caso de la imposibilidad de producir tecnología nacional, lo que naturalmente impacta en los planes de cualquier país que tenga entre sus objetivos una autarquía tecnológica; por lo que el primer paso clave consistiría en el establecimiento de un lenguaje mínimo que tuviera como meta empatar los objetivos nacionales, sus capacidades y oportunidades (en caso que exista una definición de éstos).

El lenguaje para discutir y planear la cibersoberanía nacional es un paso que considero fundamental, ya que los diversos términos que hablan sobre cuestiones digitales suelen conllevar objetivos y agendas propias, tal como sucede cuando se habla únicamente de internet, las tecnologías de información y comunicación y otros conceptos que enmarcan una visión propia del sistema de tecnologías digitales. Cabe añadir que la visión política de este sistema usualmente suele ser bastante limitada, estrecha y no armonizada; tal condición es identificable directamente en el lenguaje usado en la legislación nacional, el cual emplea conceptos como TIC’s, ciberespacio e internet como si se tratara de sinónimos.

Por tanto, considero que un primer paso sería el establecimiento y reconocimiento de un concepto ampliamente aceptado, el cual, según mi perspectiva, podría ser el concepto de ciberespacio, ya que este abarca todo el sistema digital a partir de las diversas capas que lo componen.

La discusión conceptual tiene que partir directamente de la visión nacional que existe en torno al sistema tecnológico-digital, específicamente en las áreas que se desee extender o fortalecer la soberanía nacional, las cuales deben abarcar más allá de áreas tradicionales de defensa al territorio y extenderse a la economía, la población y la democracia; puesto que tecnología digital como la Inteligencia Artificial o las redes sociales impacta directamente en cuestiones tan básicas como el régimen político, la salud mental de la población o las capacidades productivas de un país.

Más allá de la necesidad de establecer una noción general del sistema a regular (que esté acorde con objetivos nacionales previamente establecidos), se presenta la cuestión de la regulación y la institucionalidad nacional: históricamente México ha aplicado el modelo sectorial de regulación institucional del ciberespacio (al igual que buena parte de países de Occidente), lo que implica que las diversas instituciones establecen objetivos, estrategias y mecanismos propios, esperando que en algún momento se coordinen, empaten y funcionen de manera coordinada con las otras instituciones y marcos normativos, algo bastante difícil de lograr en la práctica.

Si revisamos la experiencia regulativa del ciberespacio a nivel internacional, es posible identificar otro modelo: centralizar la regulación y búsqueda de la cibersoberanía bajo una sola institución; este modelo es representado principalmente por China, país que cuenta con una institución especializada: la Administración del Ciberespacio de China (CAC), por sus siglas en inglés.

Sin embargo, dadas las diferencias políticas, de capacidades y limitantes internacionales entre México y China, el copiar su modelo institucional es imposible, por lo que en el mejor de los casos México podría perseguir crear un organismo centralizado y autónomo encargado de los asuntos cibernéticos; dicho organismo debería contar con la participación de representantes de distintas instituciones gubernamentales, incluidas las instituciones de seguridad y militares. Asimismo, el organismo debería contar con el mandato democrático integrado en su diseño institucional y, por tanto, en su propio personal, para así evitar en lo posible el secuestro institucional del cual han sido víctimas otros organismos autónomos.

Una institución de asuntos del ciberespacio en México podría coadyuvar para que las diferentes instituciones federales no sólo se digitalicen, sino que sus datos, estructuras y capacidades puedan ser armonizados (bajo la asesoría de la hipotética institución), y así prestar servicios públicos más horizontales, cercanos y eficientes a la población

En el mejor y más completo de los escenarios, tal institución tendría entre sus capacidades la administración de diversas infraestructuras, especialmente centros de datos (se necesitaría una enorme inversión no sólo de infraestructura, sino también en personal altamente cualificado, así como en diversas medidas de seguridad), también diversas redes y equipo de telecomunicación propio, mismo que podría estar igualmente administrado y protegido por alguna institución de seguridad, sea civil, militar o ambas.

Entre los objetivos generales que debería perseguir tal institución estarían la promoción y reforzamiento de la ciberseguridad; la implementación de leyes y regulaciones relacionadas con el ciberespacio, con un énfasis especial en las estrategias nacionales de internet/telecomunicaciones, inteligencia artificial, tecnología neuronal y tecnología cuántica; la coordinación y administración de los recursos digitales del gobierno; el fomento y coordinación de capacidades digitales propias del Estado; así como también una relación bastante cercana con las plataformas y su regulación. Sobre este último punto, dadas las limitaciones devenidas del TMEC, debería buscarse que las plataformas integren (por ley) recursos digitales estatales o, en el mejor de los casos, la promoción, reproducción e interoperatividad con recursos digitales estatales propios.

En conclusión, esta proeza, tan necesaria para un país como México, requeriría de una fuerte iniciativa política, gran cantidad de recursos y todo un re acomodo institucional, lo que llevaría años de completarse; sin embargo, esto no significa que sea un proyecto irrealizable o innecesario. Además, es importante señalar que llevamos décadas bajo el mismo modelo de gobernanza del ciberespacio y los resultados han sido bastante modestos y con un alcance realmente limitado y desigual, por lo que es evidente que se necesita cambiar de perspectiva, estrategias y herramientas institucionales.