La memoria del agua: once años de lucha desde la cuenca del Sonora

En la cuenca del Río Sonora, lo que alguna vez fue corriente de vida hoy arrastra metales: memoria, veneno, traición. Allí, donde los gobiernos suelen olvidar rápido, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) han hecho de la persistencia una forma de resistencia. No se llaman activistas ni defensores. Se llaman como lo que son: comunidad organizada que no dejó que el daño quedara en el fondo del río.

Once años después del derrame tóxico provocado por Grupo México, no existe planta potabilizadora suficiente, hospital funcional, remediación ambiental creíble, ni una sola garantía de no repetición. Lo que sí existe —gracias a los CCRS— es un archivo implacable de las omisiones, los engaños y las simulaciones. Desde Hermosillo, desde los márgenes contaminados, los comités han documentado la continuidad de un crimen que nunca fue reparado. Y mientras tres presidencias se han desentendido de la catástrofe, los CCRS han hecho lo que el Estado rehuye: mirar de frente los efectos del veneno, nombrarlos, organizarlos, exigir soluciones.

Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en 2014 y desde entonces ha hecho de la impunidad un modelo de negocio. Sus directivos firmaron convenios, instalaron vallas de relaciones públicas, compraron silencios institucionales y se ampararon detrás de técnicos pagados por ellos mismos. Lo que no pudieron comprar fue la terquedad de quienes beben el agua. Desde los primeros días tras el derrame, los CCRS iniciaron una de las labores más complejas que se pueden ejercer en México: vigilar al poder empresarial cuando el Estado ha decidido someterse a él.

El trabajo ha sido exhaustivo. Cada acta de reunión, cada estudio de laboratorio, cada consulta médica fallida, cada niño con metales en la sangre, cada pozo contaminado, ha sido registrado. No para el expediente burocrático, sino para el archivo moral de una región que no piensa dejar pasar lo que ocurrió. Su labor ha sido tan precisa que incomoda, tan constante que molesta. Porque cuando los CCRS dicen que no hay agua potable, no lo dicen como consigna: lo muestran con datos. Porque cuando afirman que el hospital de toxicología prometido está abandonado, lo respaldan con imágenes y coordenadas. Porque cuando denuncian que las plantas potabilizadoras no existen o no funcionan, lo hacen con pruebas, no con coraje.

Este 6 de agosto, en el aniversario número once del desastre, los CCRS alzaron la voz una vez más. Frente al antimonumento en Hermosillo, frente a la mirada del río que ya no limpia, leyeron un pronunciamiento que debería avergonzar a todo el aparato institucional. No es sólo la memoria de los que murieron esperando justicia, es también la denuncia de que cada año que pasa sin remediación es un año más de complicidad entre Grupo México y los gobiernos en turno.

El mensaje no fue ambiguo. Las comunidades han identificado que en lugar de atender la emergencia sanitaria y ambiental, el gobierno estatal ha optado por privatizar el control del agua contaminada. En lugar de garantizar filtros para metales pesados, han entregado las plantas potabilizadoras a empresas privadas, excluyendo a las comunidades de cualquier proceso de decisión. La nueva estrategia no es remediar, sino esconder. No es limpiar el río, sino limpiar la imagen de los responsables.

La lucha de estos comités es, también, contra la normalización del desastre. No han permitido que el río enfermo se convierta en paisaje. No han dejado que la contaminación se vuelva costumbre. En lugar de resignarse, han construido propuestas:

1. Calendarización inmediata de un plan de atención integral en salud, con responsables institucionales, presupuesto etiquetado y monitoreo público.
2. Puesta en marcha de las 36 plantas potabilizadoras prometidas, con filtros certificados para metales pesados.
3. Construcción y apertura del hospital de toxicología, actualmente abandonado.
4. Instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures.
5. Un programa de remediación científica y participativa del río.

No son demandas extraordinarias. Son derechos. Pero en un país como México, pedir agua limpia se ha convertido en acto subversivo.

Frente a eso, los CCRS mantienen su propuesta clara: atención médica especializada con calendario y presupuesto; funcionamiento inmediato de las plantas potabilizadoras prometidas; construcción y apertura del hospital de toxicología; vigilancia epidemiológica en Ures; y remediación científica del río con participación comunitaria. No son ideas nuevas ni radicales. Son las mismas que se han repetido por más de una década y que ninguna administración ha tenido el valor de implementar, por temor o por complicidad con Grupo México.

Las promesas se repiten, los gobernantes cambian de discurso, los responsables directos del desastre siguen acumulando ganancias. Pero la voz de los CCRS no ha cambiado de tono. Es una voz áspera, directa, cansada de mesas técnicas inútiles, cansada de estudios que no conducen a acciones, cansada de ver cómo los mismos que contaminaron se sientan en la mesa a negociar su propia impunidad.

En la cuenca del Sonora hay algo más que agua contaminada: hay una comunidad que no olvida, que no se rinde, que no confía en un gobierno que ha fallado tres veces, y que entiende que la justicia, si llega, no vendrá desde el escritorio del poder, sino desde la terquedad organizada de los pueblos. Por eso los CCRS no se disuelven, no se cansan, no se dejan seducir. Porque saben que un río no se cura con discursos, ni con simulaciones, ni con ruedas de prensa. Se cura con responsabilidad, con verdad, con acciones concretas.

Y porque también saben que Grupo México no es un actor más, sino el epicentro del problema. Una empresa que derramó tóxicos y que hoy se beneficia de contratos públicos, de silencio institucional y de la indiferencia política. Que sigue operando como si no hubiera matado un río. Que sigue generando ganancias con los recursos de un país que no ha sido capaz de hacerle pagar por su crimen.

Si en algún lugar de México la justicia tiene sentido, tendría que comenzar aquí, donde el agua se volvió peligrosa y la organización se volvió defensa. Once años después del derrame, el Estado mexicano aún puede elegir entre la complicidad y la restitución. Pero una cosa es segura: los Comités de Cuenca seguirán ahí, nombrando el daño, documentando la traición, y exigiendo —con pruebas en la mano— que la justicia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad.