El estado de derecho no tiene excepciones

Cuando se habla de Traición a la Patria, la mayoría de las personas piensa en algo general: realizar acciones que atenten contra la soberanía nacional, y no están equivocados. Se trata de un delito contemplado en el Código Penal Federal, en sus artículos 123, 124 y 125, donde se describen diversas conductas ilícitas que la configuran.

En el caso de la Gobernadora de Chihuahua, donde aceptó, después de varias versiones contradictorias, que agentes de la CIA (AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA) participaron en un supuesto operativo para desmantelar un laboratorio donde se producían sustancias tóxicas, las voces en el Senado de la República no se hicieron esperar para extender una invitación a la Gobernadora y al Fiscal General del Estado, a fin de que pudieran explicar cómo, por qué y desde cuándo los agentes extranjeros se encuentran participando en el Estado de Chihuahua, y quién autorizó esa participación. Como era de esperarse no se presentó.

No obstante, muchos de los defensores de la Gobernadora pretenden señalar que, si bien sí existe una violación a la Constitución, esta se encuentra debidamente justificada porque se realizó para desmantelar un laboratorio de la delincuencia.

Este argumento carece de toda lógica y sustento legal, ya que la ley se debe cumplir, sí o sí; no existe ninguna justificación para violar la Constitución y las leyes, pues hacer eso atenta contra el Estado de Derecho, concepto que tanto pelea la oposición, pero que ahora, como afecta a su partidaria, no les importa, es más, ni lo nombran.

Contrario a lo que señala la oposición moralmente derrotada, la actuación del gobierno de Chihuahua atenta contra el artículo 40 en sus párrafos segundo y tercero, donde se determina que por ninguna circunstancia se aceptará intromisión del extranjero que sea lesiva a la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como la violación del territorio mexicano. Es decir, existe intromisión de la CIA en asuntos que solo le competen al Estado mexicano, como es la Seguridad Nacional. Esta intromisión atenta contra la independencia y soberanía de la nación, ya que nuestra Constitución y nuestras leyes señalan que las únicas autoridades para participar en la seguridad nacional son las autoridades mexicanas, no una autoridad extranjera.

Así, en los párrafos señalados, también se determina que no se consentirá intervención, investigación y persecución alguna sin autorización expresa del Estado mexicano, y con apego a las leyes. Por ello, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 69 determina que los agentes extranjeros deberán tener una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, autorización donde se determinará el área geográfica donde estarán y el tiempo en que deberán estar. Es decir, solo pueden estar dentro del territorio nacional mediante el permiso que se les otorgue, y solo la Secretaría de Relaciones Exteriores es la facultada para otorgar ese permiso, el cual les autorizará expresamente qué actividades pueden realizar y dónde las realizarán, quedando claro en el artículo 71 que no pueden hacer gestiones con otras autoridades que no sea la Secretaría de Relaciones Exteriores y solo podrán hacer actividades de enlace para el intercambio de información.

Ahora bien, el artículo 70 de la misma ley determina que todos los servidores públicos, todos, tanto federales como estatales y municipales, deberán apegarse a lo que determina el artículo 69 en caso de que un agente extranjero quiera tener relación directa con ellos; es decir, deberán negarse y señalarle que tendrá que solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el caso de no negarse y aceptar la intervención, podrán ser responsables penalmente.

Así, el artículo 123 del Código Penal Federal señala que comete Traición a la Patria el mexicano que realice actos contra la soberanía de la Nación, su independencia o la integridad de la misma, entendiéndose Nación como el Pueblo Mexicano. Y la conducta de las autoridades del Gobierno de Chihuahua se encuadra en ese supuesto, ya que han aceptado que agentes extranjeros, sin autorización, participen en operativos exclusivos de las autoridades mexicanas, y peor aún, de conformidad con las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, se les ha otorgado el control de vigilancia de más de cuatro mil cámaras y el uso de pisos completos de inmuebles del Gobierno, vigilando a todos los que ellos quieran, sin restricciones, no solo a delincuentes, sino a todos los ciudadanos que pasan por el lugar donde se sitúan esas cámaras; es decir, están haciendo un trabajo de espionaje.

Y el mismo artículo señala como traición a la Patria el que oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza, y ¿cómo lo podrán negar las autoridades de Chihuahua, si ellos mismos lo han publicitado, han aceptado que, efectivamente, se les otorga el control de esas cámaras?

Sería muy ingenuo pensar que solo vigilan a delincuentes; por supuesto que no, están realizando otros trabajos que pueden atentar contra la integridad nacional, pues ellos solo pueden intercambiar información, pero no actuar como agentes nacionales, no suplir a las autoridades mexicanas, y entonces, ¿para qué se les otorga el control de esas cámaras?

Cada día que pasa, encuentra lógica su petición constante y aberrante de la intervención de Estados Unidos en nuestro país, pues ya lo han estado haciendo, con el discurso de que no se hace nada por la seguridad.

Solo dos datos: el Estado de Chihuahua es el segundo estado con más homicidios dolosos y feminicidios, solo superado por Guanajuato -también gobernado por el PAN-. La pregunta entonces es ¿para qué están los de la CIA en Chihuahua si no han disminuido los índices de violencia en ese estado? ¿Realmente qué están haciendo los agentes de la CIA?

No puede haber excepción en la aplicación de la Constitución, Hubo una violación a la soberanía nacional y deberán ser castigados los culpables; solo así se cumplirá con el Estado de Derecho.