La elección democrática del nuevo Poder Judicial en México

“El Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación en curso, constituye un hecho inédito en la historia política del México contemporáneo: la democratización de uno de los tres poderes del Estado que no estaba sujeto a la elección democrática de sus integrantes”.

En nuestro país, uno de los elementos más corrosivos del sistema político, garante de impunidad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, opacidad de la cosa pública, corrupción, nepotismo [1], es justamente el Poder Judicial en México. El factor determinante que configuró su composición y funcionamiento vigentes es el diseño institucional producto (del ahora) viejo arreglo constitucional. En la práctica, la teoría del equilibrio (división) de poderes de los llamados Estados Democráticos Constitucionales de Derecho se convirtió en un pacto de impunidad que garantizó que prevalecieran los actos de corrupción, los abusos de poder, el saqueo al erario y el contubernio con organizaciones delictivas, de las élites políticas y económicas del periodo neoliberal. 

Para la gran mayoría de la población, el problema principal en México con relación a la impartición de Justicia es la impunidad. Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 90% de la población (es decir, 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas) consideran que las instituciones de procuración de justicia son ineficaces e ineficientes para garantizar el acceso a la justicia a las victimas de delitos. Por ejemplo: en el 2024, Ocurrieron 31.3 millones de delitos: 92.9 % no se denunció o la autoridad no inicióuna carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra oculta o cifra negra. La responsabilidad en última instancia de dejar un acto impune es del sistema de justicia y de su operador, el Poder Judicial. Estos datos duros bastan para explicar la crisis y la urgencia de Reformar al Poder Judicial.

El 1 de junio del 2025, la ciudadanía mexicana acudirá a las urnas para emitir su sufragio para elegir a 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 Magistraturas de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 Magistraturas de Circuito y 386 Jueces de Distrito, un total de 881 cargos judiciales. 

Hablando exclusivamente de la elección de personas juzgadoras del orden federal. Toda vez, que 18 estados de la República [2] armonizaron sus Constituciones y Leyes Locales, con excepción de Campeche, realizarán comicios para elegir un total de 1, 737 personas juzgadoras para diversos cargos que renovarán e integrarán los Poderes Judiciales Locales. 

Cabe destacar que, el Proceso Electoral Extraordinario del PJF en curso, constituye un hecho inédito en la historia política del México Contemporáneo: la democratización de uno de los tres Poderes del Estado que no estaba sujeto a la elección democrática de sus integrantes. Es decir, el sistema electoral mexicano, antes de la Reformas Constitucional y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en Materia de Elección de Personas Juzgadoras del Poder Judicial, contemplaba únicamente la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Esto desde luego, genera una serie de retos importantes que abordar para el conjunto institucional, social y político de cara a las históricas elecciones populares del 1 de junio. 

En primer lugar: la familiarización de amplios sectores populares con los cargos a elegir, así como la especialización y la función que estos desempeñan en nuestra vida pública cotidiana; en segundo término, el diseño del marco normativo o, dicho de otro modo, las reglas del juego del proceso electoral: las características de las campañas, los plazos para la fiscalización de personas candidatas, la distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión para más de 5,379 candidaturas, la asignación del pautado, las restricciones normativas a los actores comunes de la democracia electoral: los partidos políticos, medios de comunicación y poderes fácticos, el marco geográfico electoral armonizado y, al mismo tiempo, adecuado por el INE para crear 32 circuitos y 60 distritos judiciales electorales, que no corresponden a la división electoral federal típica para el electorado. 

Por último, las boletas electorales y su diseño. Cada ciudadano o ciudadana (elector o electora) tendrá en su poder 6 tipos distintos de Boletas, sin contar aquéllos estados que llevarán a cabo elecciones locales -como anteriormente mencionamos-, mediante las cuales podrá emitir su voto para elegir hasta cinco mujeres y hasta cuatro hombres de la SCJN; para Magistradas y Magistrados del TDJ podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres; Para Magistradas y Magistrados de la SS-TEPJF podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres; para Magistradas y Magistrados de las SR-TEPJF podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala; y, para Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres.

Frente a este complejo andamiaje electoral, los elementos del Conservadurismo que se oponen a la democratización del Poder Judicial en México en sus afanes oportunistas se han empeñado en impulsar una narrativa basada en la descalificación y denostación del proceso, cuyo fundamento ideológico parte de la premisa que el Pueblo “no debe elegir y tampoco está preparado para votar” a sus autoridades judiciales. Con esta simplona narrativa ocultan sus verdaderos objetivos, que se traducen en: desincentivar la participación popular, minar la legitimidad democrática de las nuevas autoridades judiciales y minimizar la función de todo sistema democrático: el empoderamiento de la ciudadanía. 

En otras palabras: frente a los intentos del Conservadurismo de desmovilizar al pueblo para no participar en la democracia, resulta fundamental empujar de manera amplia e incluyente espacios de análisis, discusión y acción para la construcción en el país de un clima de opinión favorable a la participación ciudadana informada, libre, auténtica, pacífica y democrática el 1 de junio del 2025.

El actual proceso electoral del Poder Judicial representa una coyuntura excepcional para avanzar, ampliar y fortalecer los procesos democráticos y la democratización del Estado mexicano, frente a los elementos que pugnan por la restauración de un sistema de privilegios, prebendas para las minorías y, en el caso del Poder Judicial, cuasi-estamental, de burocracia dorada, cuya configuración e integración se compone de los ingredientes más nocivos para una Democracia y, que en los hechos, es más bien parecido a un Poder Nepotista y Oligárquico.

[1] Un estudio realizado por áreas del Consejo de la Judicatura Federal  reveló que en el Poder Judicial de la Federación el nepotismo es imperante, pues al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. En ese tenor, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, base del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”. Datos oficiales revelan que 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron “la carrera judicial”.

[2] Total de cargos judiciales locales a elegir por estado: Aguascalientes [65], Baja California [171], Chihuahua [305], Ciudad de México [133], Coahuila [106], Colima [46], Durango [49], Estado de México [89], Michoacán [112], Quintana Roo [138], San Luis Potosí [87], Sonora [50], Tabasco [72], Tamaulipas [147], Tlaxcala [36], Veracruz [98] y Zacatecas [33].