La educación y la tierra: dos raíces de la justicia social

• Del proyecto educativo de la Revolución Mexicana al Segundo Piso de la Cuarta Transformación
   

Hay lugares donde la historia sigue hablando. La sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es uno de ellos. Sus patios, corredores y los murales que resguarda, entre los que destacan las extraordinarias obras de Diego Rivera, recuerdan que la construcción de un México más justo no comenzó en los escritorios, sino en las aulas rurales, los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas, donde la educación y la tierra dejaron de ser privilegios para convertirse en dos de las mayores conquistas de la Revolución Mexicana.

Hace unos días regresé a ese histórico recinto para firmar, en mi carácter de procurador agrario, un convenio de colaboración con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; y el director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva. Asimismo, fortalecimos la colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el propósito de brindar certeza jurídica a planteles escolares asentados en núcleos agrarios y acercar servicios de alfabetización y educación básica para personas jóvenes y adultas.

La importancia de este acuerdo trasciende el acto administrativo. Será posible gracias a una estructura territorial integrada por más de 1,100 Centros de Atención Agraria, 116 residencias y 32 oficinas de representación de la Procuraduría Agraria distribuidos en todo el país. Esa presencia permanente permite acompañar a los núcleos agrarios en la defensa de sus derechos sobre la propiedad social de la tierra y, al mismo tiempo, contribuir a que otros derechos fundamentales, como la educación, puedan ejercerse plenamente.

Mientras recorría ese edificio emblemático y contemplaba los murales, confirmé que este convenio forma parte de una historia mucho más profunda. La educación pública y la propiedad social de la tierra no son políticas aisladas; forman parte de un mismo proyecto de nación. La primera democratizó el conocimiento; la segunda democratizó el acceso a la tierra. Ambas buscaron que el origen social dejara de determinar el destino de millones de mexicanas y mexicanos.

No es casualidad. La Constitución Mexicana de 1917 tuvo dos pilares que transformaron al país: el artículo 3°, que consagró el derecho a la educación pública, y el artículo 27, que hizo posible el reparto agrario y dio origen a la propiedad social de la tierra, que ahora comprende mas del 51% del territorio nacional. Con ellos nació una nueva concepción del Estado, comprometida con la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes históricamente habían permanecido excluidos.

Esa convicción también se forjó durante mi formación en la Universidad Autónoma Chapingo. Como egresado de ese espacio donde conocí a decenas de personas que venían de distintas partes del país a estudiar, aprendí que la ciencia, la producción agropecuaria, la investigación y el compromiso social forman parte de una misma vocación de servicio. Heredera de la Escuela Nacional de Agricultura, establecida en la ex Hacienda de Chapingo en 1923 y transformada en universidad autónoma en 1974, ha formado durante décadas a miles de profesionistas comprometidos con el desarrollo del campo mexicano y del sector rural. Aquella experiencia reafirmó en mí la certeza de que la educación transforma a las personas, pero también a los territorios.

La Revolución Mexicana comprendió una verdad que sigue vigente: el reparto agrario era indispensable, pero no suficiente. La entrega de tierras requería organización, capacitación, conocimientos productivos y ciudadanía. Por ello, el reparto agrario y la educación pública se convirtieron en las dos grandes políticas redistributivas del México posrevolucionario: una repartió la tierra, la quitó de los caciques para entregarlas al pueblo; la otra, alfabetizó, distribuyó el conocimiento, cambio las expectativas de millones. Sólo así podía construirse una verdadera justicia social.

El revolucionario Francisco Villa, aunque aprendió a leer siendo adulto, entendió que la ignorancia era uno de los mayores obstáculos para la libertad. Durante su gobierno en Chihuahua impulsó la apertura de escuelas, fortaleció el Instituto Científico y Literario y dejó una frase que resume una visión profundamente humanista del servicio público: “Primero pago a un maestro que a un general.”

Aquella convicción encontró una dimensión nacional con José Vasconcelos. En 1921, al asumir la conducción de la recién creada SEP, encabezó uno de los proyectos culturales más ambiciosos de nuestra historia. Las campañas nacionales de alfabetización, las bibliotecas populares, la edición masiva de libros y las Misiones Culturales llevaron la educación a miles de comunidades donde el Estado prácticamente no tenía presencia.

Las maestras y los maestros rurales dejaron de ser únicamente docentes. Enseñaban a leer y escribir, pero también difundían conocimientos agrícolas, promovían campañas de salud, impulsaban cooperativas, fortalecían la organización comunitaria y acompañaban el desarrollo de los núcleos agrarios surgidos del reparto agrario. La escuela rural se convirtió en un espacio para formar ciudadanía, fortalecer la vida comunitaria y consolidar una transformación que no podía limitarse a la distribución de la tierra.

En aquellos años quedó claro que el proyecto educativo, legado de la Revolución Mexicana, no buscaba solamente abrir escuelas. Pretendía construir un nuevo país. La educación pública y el reparto agrario avanzaban juntos porque ambos respondían a un mismo propósito: dignificar la vida de quienes durante siglos habían permanecido al margen del desarrollo nacional.

Ese proyecto encontró un enorme respaldo en el muralismo mexicano. Mientras José Vasconcelos impulsaba la educación como instrumento de transformación social, artistas como Diego Rivera plasmaron en los muros de la SEP la dignidad del trabajo campesino, la riqueza de las culturas originarias y el papel del pueblo como protagonista de la historia.

Esa historia explica por qué volver a la SEP, para suscribir un convenio que une a las instituciones agrarias y educativas tiene un profundo significado. No se trata únicamente de regularizar planteles escolares o de acercar servicios de alfabetización a las comunidades rurales. Se trata de retomar un proyecto histórico que entendió que el conocimiento y la tierra debían llegar juntos a quienes más los necesitaban, de la Tercera a la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

La derecha opositora; luego, el cardenismo

La consolidación de ese proyecto educativo y agrario no estuvo exenta de resistencias. Muy pronto, la escuela pública se convirtió en uno de los principales escenarios de disputa sobre el futuro del país. Para quienes defendían los privilegios heredados del régimen porfirista, llevar educación al campo significaba transformar relaciones de poder que durante siglos habían mantenido en la marginación a millones de mexicanas y mexicanos.

Durante la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, y en los años posteriores, numerosas maestras y maestros rurales fueron víctimas de persecución, amenazas y asesinatos. En muchas comunidades eran vistos como representantes del Estado laico y del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Aquellos educadores defendían mucho más que una escuela: defendían el derecho de las niñas, los niños y las comunidades rurales a acceder al conocimiento; defendíansu futuro.

Lejos de retroceder, el gobierno del general Lázaro Cárdenas profundizó el proyecto nacional surgido de la Revolución. Fortaleció las Escuelas Normales Rurales, amplió las Misiones Culturales, impulsó las Escuelas Regionales Campesinas y estrechó el vínculo entre la enseñanza, la organización comunitaria y el desarrollo del campo mexicano.

No fue una coincidencia. El reparto agrario requería comunidades organizadas, conocimientos técnicos, participación colectiva y capacidades para aprovechar productivamente la tierra. La escuela rural se convirtió así en el corazón de miles de comunidades. En ella se enseñaban técnicas agrícolas, se promovían huertos escolares, se impulsaba el cooperativismo, se difundían prácticas de salud e higiene y se fortalecía la organización de los ejidos y comunidades agrarias. La educación dejó de ser únicamente un derecho individual para convertirse también en una herramienta de organización y desarrollo comunitario.

En ese proceso, las Escuelas Normales Rurales desempeñaron un papel fundamental. Miles de hijas e hijos de campesinos encontraron en ellas refugio,  la oportunidad de acceder a la educación superior y regresar posteriormente a servir a sus propias comunidades.

Aquellas instituciones no sólo formaban docentes; cultivaban una profunda vocación de servicio, solidaridad y compromiso con las causas populares.

Con el paso de los años, muchas maestras y maestros se convirtieron en referentes sociales de sus regiones. Algunos encabezaron movimientos sindicales para dignificar la labor docente y ampliar derechos; otros participaron en organizaciones campesinas y comunitarias. También hubo quienes, frente a contextos de pobreza, autoritarismo, persecución y represión, optaron por caminos más radicales.

Las trayectorias de Othón Salazar Ramírez, Arturo Gámiz García, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos forman parte de esa historia. Todos compartieron un origen vinculado al magisterio rural y una profunda sensibilidad frente a las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Sus decisiones posteriores respondieron a circunstancias políticas distintas y pertenecen al juicio de la historia; sin embargo, sus biografías muestran hasta qué punto la escuela rural formó generaciones comprometidas con las causas populares y con la construcción de un país más justo.

Esa tradición explica por qué el magisterio mexicano ha sido históricamente mucho más que un gremio. Ha sido uno de los principales constructores de ciudadanía, cohesión comunitaria y movilidad social. En miles de localidades, las maestras y los maestros continúan siendo el primer contacto de la población con las instituciones públicas, quienes orientan, organizan y acompañan a las comunidades en la solución de problemas que muchas veces rebasan el ámbito educativo.

Durante varias décadas, el reparto agrario y la educación pública caminaron de la mano. Sin embargo, ese proyecto comenzó a debilitarse a partir de la década de 1980. El modelo neoliberal, el neoporfirismo, modificó profundamente la concepción del papel del Estado. El campo dejó de ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas y la educación comenzó a orientarse crecientemente por criterios de mercado, eficiencia administrativa y competitividad, alejándose de su función como derecho social y como instrumento para disminuir las desigualdades.

Las consecuencias fueron especialmente severas en el medio rural. La disminución de la inversión pública, el debilitamiento de las instituciones dedicadas al desarrollo del campo, la apertura comercial sin políticas compensatorias, la migración forzada (o dicho de otra manera, la expulsión de los campesinos de su tierra) y la pérdida de oportunidades productivas profundizaron las brechas sociales. Miles de escuelas rurales continuaron operando con infraestructura insuficiente, mientras numerosas comunidades enfrentaban el abandono de servicios públicos y oportunidades educativas.

En ese contexto se impulsó la llamada reforma educativa de 2013, desde el empresariado y el prianismo, que colocó el énfasis en mecanismos de evaluación del desempeño docente. Para amplios sectores del magisterio, aquella reforma dejó de lado las condiciones materiales de las escuelas, las profundas desigualdades regionales y las necesidades específicas de las comunidades rurales e indígenas. El debate educativo se concentró en la evaluación, cuando el verdadero desafío seguía siendo garantizar el derecho efectivo a una educación pública de calidad para todas y todos.

El resultado fue un doble rezago: por un lado, el abandono del campo y el debilitamiento de muchas instituciones vinculadas al desarrollo rural; por otro, una política educativa que dejó de reconocer plenamente el papel social de las maestras y los maestros y la importancia de la escuela pública como factor de igualdad. Esa ruptura entre la política agraria y la política educativa tuvo costos que aún hoy persisten en muchas regiones del país.

Por ello, comprender los desafíos del presente exige mirar esa historia en su conjunto. La justicia social nunca ha dependido exclusivamente de distribuir la tierra ni únicamente de construir escuelas. Desde la Revolución Mexicana quedó claro que ambas tareas son complementarias y que sólo juntas pueden abrir oportunidades de desarrollo, organización y bienestar para las comunidades rurales.

La llegada de la 4T 

En 2018, la llegada de la Cuarta Transformación significó un cambio de rumbo. El presidente Andrés Manuel López Obrador derogó la reforma educativa de 2013, restituyó el diálogo con el magisterio y devolvió a la educación pública su carácter de derecho humano y de instrumento para construir igualdad. Al mismo tiempo, el campo volvió a ocupar un lugar prioritario mediante una política orientada a fortalecer la soberanía alimentaria, se elevaron a rango constitucional los apoyos a los productores, a recuperar el papel estratégico de la propiedad social de la tierra y atender demandas históricas de las comunidades rurales. 

Ese cambio comenzó a reflejarse en acciones concretas. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se destinaron más de 175 mil millones de pesos adicionales para fortalecer las percepciones del personal educativo, y el salario promedio de las maestras y los maestros pasó del último sexenio priísta, de 11 mil 952 pesos mensuales a 17 mil 635 pesos, en 2024.

En el gobierno de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la recuperación salarial continuó y, con los incrementos otorgados en 2025 y 2026, el salario promedio alcanzará 20 mil 351 pesos mensuales. Asimismo, más de un millón 200 mil maestras y maestros obtuvieron certeza laboral mediante los procesos de basificación realizados entre 2018 y 2026. A ello se suma el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que garantiza a las y los trabajadores la posibilidad de jubilarse con hasta el 100 por ciento de su último salario, así como la decisión de detener el incremento en la edad mínima de jubilación y establecer una reducción gradual para alcanzar en 2034 una edad mínima de 53 años para las mujeres y 55 para los hombres, recuperando derechos laborales largamente demandados por el magisterio.

También se fortaleció el programa La Escuela es Nuestra, que transfirieron recursos directamente a las comunidades escolares para mejorar la infraestructura educativa y ampliar la participación de madres y padres de familia, docentes y autoridades.
Paralelamente, se crearon las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que actualmente cuentan con 215 sedes, ofrecen 37 programas académicos y atienden aproximadamente 85 mil estudiantes, principalmente en regiones históricamente excluidas de la educación superior, con la meta de ampliar la red hasta 300 sedes. Tambien, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta política continúa mediante la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. Son políticas que parten de una convicción compartida: la educación no puede entenderse como una mercancía, sino como un derecho que el Estado debe garantizar, informó el secretario Mario Delgado el 08 de junio pasado.

Sin embargo, las más de tres décadas de neoliberalismo dejaron desafíos profundos. Más de 24 millones de personas mayores de 15 años no han concluido su educación básica, y el rezago continúa concentrándose en el medio rural, donde la dispersión geográfica, la pobreza y las carencias de infraestructura limitan el ejercicio pleno de este derecho. Las comunidades indígenas, las personas campesinas y, particularmente, las mujeres rurales siguen enfrentando las mayores brechas educativas.

En ese contexto, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) desempeña una función estratégica. Hoy, millones de mexicanas y mexicanos encuentran en esta institución una nueva oportunidad para alfabetizarse o concluir la primaria y la secundaria, abriendo mejores perspectivas para sus familias y sus comunidades.

Es precisamente ahí donde adquiere su verdadero significado el convenio que recientemente suscribimos la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Registro Agrario Nacional, y un día antes con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Procuraduría Agraria.

No se trata únicamente de otorgar certeza jurídica a planteles escolares asentados en núcleos agrarios ni de acercar servicios de alfabetización y educación básica. Se trata de recuperar una convicción histórica: que la justicia agraria y la justicia educativa forman parte de un mismo proyecto nacional.

Cada escuela que obtiene seguridad jurídica representa estabilidad para una comunidad. Cada persona que aprende a leer y escribir fortalece a su familia y amplía sus oportunidades de bienestar. Cada joven que permanece en las aulas contribuye al desarrollo de su comunidad, fortalece la propiedad social de la tierra y se aleja de las causas del malas prácticas relacionadas con la delincuencia organizada.

Desde la Procuraduría Agraria asumimos este compromiso con la convicción de que defender la propiedad social de la tierra también significa contribuir a que otros derechos puedan ejercerse plenamente. Nuestra presencia territorial, mediante más de 1,100 Centros de Atención Agraria, más de un centenar de residencias y 32 oficinas de representación, nos permite la defensa, el rescate y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias.

Esa es la esencia de la #PAdeTerritorio que estamos construyendo con toda la fuerza de los servidores públicos que la conformamos, a disposición del pueblo.