Por Tona Gallardo .
https://www.sprinforma.mx/noticia/la-defensoria-publica-de-la-corte-de-pina-juega-con-la-impunidad-de-la-fiscalia
6 min Esta vez nos encontramos frente al más reciente capítulo en el que el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) da un paso atrás en la representación y protección de las víctimas. Salvador Leyva, ex titular de la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del IDPF y removido por la ministra presidente Norma Piña, ha señalado que la fiscal especializada en Derecho Humanos de la Fiscalía (FGR), Sara Irene Herrerías, obstaculiza las investigaciones contra violaciones a Derechos Humanos, asunto que es totalmente contrario a sus obligaciones.
Leyva señala que cuando él trabajó en el IDPF señaló a la misma Sara Irene, y hasta el Fiscal General Alejandro Gertz, por sus omisiones de no dar seguimiento a denuncias contra personal de la Fiscalía por tortura y otras ilegalidades cometidas contra víctimas. El tema trascendió hasta que ya existen sentencias donde el Poder Judicial ordena al Órgano Interno de Control de la Fiscalía iniciar investigaciones contra Herrerías.
Pero Leyva denuncia también que Herrerías tuvo una reunión que la actual titular de la Defensoría Taissa Cruz Parcero. Esta reunión sucede en el contexto en que la Defensoría ha dejado de presentar denuncias contra funcionarios públicos ante la misma Fiscalía como ha mostrado Leyva con solicitudes de transparencia ante el PJF. Hay que sumar el conflicto de interés porque Taissa es esposa de Renato Sales, el cual ha sido denunciado por tortura y graves omisiones en el caso Wallace cuando este fue funcionario en la procuraduría del Distrito Federal. Así que la impunidad que sumarian entre la Defensoría y la Fiscalía obtendría beneficios el círculo cercano ambas funcionarias.
Leyva hizo otros señalamientos al sospechar que él, otros funcionarios de la Defensoría y otros representantes de víctimas han sido intervenidos con el virus spyware Pegasus por funcionarios de la Fiscalía.
Este reciente capitulo muestra que los extraños y desconcertantes cambios en el PJF con la llegada de la ministro presidente Norma Piña no es una coincidencia, sino una estrategia articulada por la búsqueda de protección e impunidad de importantes e impresentables figuras de la vida pública nacional. Habrá que estar al pendientes de cualquier golpeteo judicial que sea una medida más de esta estrategia de protección a los delincuentes y contra sus víctimas. El estado profundo se hace presente en los aparatos de impartición de justicia y en sus abogados.
La politización de la justicia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial, sino que también distorsiona el propósito fundamental de este: “proteger los derechos y las libertades".
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