Impunidad líquida de Grupo México

A casi once años del derrame, el veneno sigue ahí. No es una metáfora. Lo han dicho quienes viven al borde del cauce, lo han documentado quienes han seguido paso a paso la lucha desde el territorio: el agua sigue contaminada, el daño permanece activo y la justicia ambiental no ha llegado. Fue el 6 de agosto de 2014 cuando Grupo México, a través de su filial Buenavista del Cobre, derramó al menos 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre el arroyo Tinajas, una corriente afluente del río Bacanuchi, que desemboca en el río Sonora. La mezcla tóxica se expandió por más de 250 kilómetros de cauce, afectando directamente a más de 22 mil personas en ocho municipios del estado.

Lo que en su momento fue anunciado como “el peor desastre ambiental de la industria minera en México” se convirtió, con el paso de los años, en una nueva normalidad tóxica. Según la organización civil PODER, no se trató de un accidente fortuito sino de una omisión estructural: una negligencia empresarial sistemática, respaldada por un modelo institucional que facilita el despojo ambiental bajo una narrativa de desarrollo. Desde el inicio, Grupo México actuó con una lógica de control: creó un fideicomiso sin participación de las comunidades, entregó apoyos parciales y condicionados, y luego se retiró del proceso sin garantizar una reparación real.

El Fideicomiso Río Sonora, financiado por la empresa con 2 000 millones de pesos, fue clausurado en apenas dos años, sin haber transparentado el destino de los recursos. Según investigaciones de PODER, ni los criterios de elegibilidad, ni los padrones de beneficiarios, ni los mecanismos de seguimiento médico fueron públicos o verificables. Algunas familias recibieron consultas médicas ocasionales, otras fueron dotadas con tinacos o filtros que no resolvieron el problema de fondo. El daño a la salud, a la producción agrícola y a la economía regional no fue compensado.

Pero el costo humano no se mide en pesos. En sus reportes y entrevistas, PODER ha documentado casos de afecciones renales, enfermedades dermatológicas, malformaciones, pérdida de cultivos y miedo crónico al agua. Las voces comunitarias han descrito cómo los niños aprendieron a no meter las manos al río y cómo los animales murieron tras beber del cauce contaminado. En Bacanuchi, mujeres embarazadas presentaron complicaciones; en Arizpe, se reportaron altos niveles de plomo en muestras de orina; en Ures, la agricultura familiar desapareció. Nadie ha sido sancionado por ello.

PODER también ha denunciado que, a pesar del diagnóstico técnico, el Estado mexicano ha protegido sistemáticamente a Grupo México. Lejos de imponer sanciones ejemplares o de forzar un proceso de justicia ambiental, los distintos gobiernos han privilegiado una narrativa de mitigación superficial. En la práctica, esto ha significado la continuidad de operaciones mineras en la misma zona, sin nuevas medidas de prevención, ni auditorías independientes. A once años del derrame, no hay castigo penal ni administrativo para los responsables, ni garantías de no repetición.

Y en medio de ese vacío institucional, emergió la resistencia. La Red de Comités de Cuenca Río Sonora, acompañada por PODER, se ha consolidado como una de las expresiones más organizadas de defensa del territorio en el norte del país. Son ejidatarios, amas de casa, estudiantes, pescadores, defensores del agua que han aprendido a leer estudios técnicos, a presentar demandas, a hacer frente a las instituciones. En ellos vive la memoria activa del desastre y la exigencia firme de reparación integral.

Lo que sucedió en el río Sonora no fue un error ni una tragedia natural. Fue un crimen ambiental con responsables empresariales e institucionales. Un caso que revela el verdadero rostro de la minería a cielo abierto en México: un modelo de saqueo autorizado por el Estado, blindado por la impunidad y sostenido con el silencio de quienes deberían fiscalizar. PODER lo ha dicho con claridad: mientras el Estado no garantice justicia ambiental, la contaminación seguirá siendo la política pública no escrita que rige los territorios.

Festival por la vida en Sonora

Frente al olvido institucional, los pueblos han optado por la organización. El próximo 3 de agosto, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), junto a PODER, Fundación Rosa Luxemburgo, Conexiones Climáticas y otras organizaciones civiles, realizarán la tercera edición del Festival #PorLaVidayElAgua, en Hermosillo, Sonora. Un acto político, sí. Pero también un ritual de memoria, un lugar donde la música, el teatro y la palabra sirven para no dejar que el crimen se disuelva en el silencio.

Este año el festival se celebrará en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS), a partir de las 17:00 horas. Participarán artistas, científicos, periodistas, campesinos, jóvenes estudiantes y sobrevivientes del derrame. Habrá exposiciones fotográficas, talleres de defensa del territorio, conversatorios con expertos y actos culturales como la obra «¿Quién se robó la lluvia?» del colectivo Barrio Mapache. También tocarán los Chilos de Bacanuchi, como cada año, para recordarnos que el canto y la lucha son inseparables en la defensa del agua.

El río Sonora sigue enfermo. Y no hay dragado que borre la impunidad. El gobierno de López Obrador prometió justicia ambiental, pero ha mantenido intacta la relación con Germán Larrea y su emporio minero. En 2023 se anunció que Grupo México deberá dragar el lecho del río y atender la salud de los afectados. Pero la orden, hasta hoy, no ha sido ejecutada. Mientras tanto, Larrea sigue acumulando contratos en obras públicas y licitaciones ferroviarias, sin que su historial de crímenes ambientales afecte sus credenciales empresariales.

No es sólo un asunto ecológico: es un crimen social. Un delito donde se contamina el agua, se enferma a los niños, se debilita a los ancianos y se rompen los ciclos agrícolas. Se trata de un modelo extractivo que privilegia los dividendos de unas cuantas familias sobre la vida de miles. Y ese modelo sigue intacto.

El Festival #PorLaVidayElAgua no es un evento cultural, es un recordatorio. Cada año se repite porque la herida no ha sido cerrada, porque el Estado mexicano —ayer, hoy— se niega a enfrentar a los grandes depredadores del país. La justicia, como el agua limpia, sigue pendiente.