Cuando era niña, en la escuela me enseñaron el nombre de una mujer con apellido prestado: Josefa Ortiz de Domínguez. Así, con el “de” que la volvía propiedad de su marido, aprendí a nombrar a “la Corregidora”, la mujer del taconazo, la nota al pie de una gesta que protagonizaron los hombres. Nadie me explicó entonces que ella se llamaba, desde antes de casarse y después también, Josefa Ortiz Téllez-Girón. Nadie me dijo que su lucha no empezó ni terminó en un aviso urgente la noche del 15 de septiembre de 1810, sino que se extendió, con cárcel y todo, a lo largo de toda su vida.
Por eso no es un detalle menor que, en 2025, la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo haya subido al balcón de Palacio Nacional y haya gritado su nombre sin el apellido de casada. “¿Por qué no ‘de Domínguez’? Porque las mujeres no somos de nadie”, dijo. Y explicó algo que muchas mexicanas cargamos como pregunta de infancia: por qué nuestras madres firmaban “de” alguien más, por qué a las mujeres se nos enseñó a desaparecer detrás de un apellido matrimonial mientras a los hombres se les recuerda con nombre completo, obra y estatua. Que la primera mujer PresidentA de México haya usado la tribuna más simbólica del país —la del Grito— para devolverle a Josefa Ortiz Téllez-Girón su nombre de origen no es capricho ni ocurrencia: es un acto de justicia histórica.
Un año después, en su segundo Grito de Independencia, la PresidentA volvió a tocar esa fibra, y esta vez sumó un nombre que la mayoría de las y los mexicanos no habíamos escuchado antes en ese discurso: Antonia Nava, “La Generala”. Originaria de Tixtla, Guerrero, Antonia Nava acompañó a las fuerzas insurgentes de Morelos, sostuvo a la tropa en tiempos de hambruna extrema y se ofreció, junto con otras mujeres, a sacrificar su propia vida para alimentar a los combatientes. Peleó, resistió, enterró a los suyos en la guerra y llegó viva hasta la consumación de la Independencia, en 1821. Vivió, en otras palabras, toda la gesta de principio a fin, y sin embargo su nombre había quedado fuera de los libros de texto, de las calles, de las estatuas.
Que hoy se le nombre desde Palacio Nacional —junto a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra— no es solamente un gesto conmemorativo. Es una corrección. Porque la Historia con mayúscula nunca fue neutral: alguien decidió, generación tras generación, qué nombres merecían pasar a la posteridad y cuáles debían quedarse en la nota de pie de página, en el “y otras mujeres que también ayudaron”. Esa decisión, sabemos bien las mujeres que hemos estudiado, trabajado o simplemente vivido en este país, casi nunca fue inocente.
Lo que está haciendo la PresidentA Sheinbaum, desde el lugar simbólico más alto del Estado mexicano, es disputar esa narrativa. No se trata solo de un discurso del 15 de septiembre: es parte de un ejercicio sostenido de colocar a las heroínas mexicanas en el centro de la memoria nacional, de recordarnos que la Independencia, la Reforma, la Revolución y cada etapa fundacional de este país tuvieron nombre de mujer, aunque durante dos siglos se haya preferido no pronunciarlo. Se trata de entender que reescribir quién cuenta la Historia —y a quién se cuenta en ella— es, también, una forma de gobernar.
Habrá quien diga que es solo simbolismo, que no cambia nada concreto en la vida de las mujeres mexicanas. Yo discreparía. Los símbolos construyen imaginario, y el imaginario construye posibilidad. Una niña que crece escuchando que hubo generalas, corregidoras, periodistas y estrategas insurgentes —y que además hoy hay una Presidenta— no se pregunta si puede ocupar espacios de poder o de historia: lo da por hecho. Eso es exactamente lo que no tuvimos las mujeres de mi generación, y segura estoy que tampoco las de la generación de nuestras madres y abuelas.
Además de Josefa Ortiz Téllez-Girón y de Antonia Nava, la PresidentA ha ido tejiendo, arenga tras arenga, un mapa distinto de nuestra memoria patria: Leona Vicario, considerada la primera periodista del país y una de las principales financiadoras del movimiento insurgente con su propia fortuna; Gertrudis Bocanegra, fusilada por negarse a delatar a sus compañeros de causa; Manuela Molina, “La Capitana”, mujer indígena que llegó a comandar tropas insurgentes. Ninguna de ellas es un descubrimiento reciente: todas estaban ahí, en los archivos, en las crónicas, esperando que alguien decidiera que merecían un lugar en la plaza pública y no solo en la letra pequeña de los libros especializados. Lo nuevo no es su existencia; lo nuevo es la voluntad política de nombrarlas donde todo el país pueda escucharlas.
Y ese gesto no se ha quedado únicamente en el balcón de Palacio Nacional. Se repite en la manera en que el gobierno actual nombra a sus funcionarias, en el lenguaje que utiliza para hablar de cuidados, de violencia y de autonomía, en la insistencia de la propia PresidentA en explicar, mañana tras mañana, por qué ciertas palabras y ciertos apellidos importan. Es, en el fondo, una pedagogía pública: enseñarle a un país entero, en tiempo real, que la forma en que nombramos a las mujeres —vivas o históricas— no es un asunto menor de estilo, sino una decisión sobre a quién reconocemos como sujeto pleno de la Historia.
Lo he dicho antes en este mismo espacio y lo repito aquí: ningún cambio cultural profundo ocurre solamente por decreto ni solamente por discurso. Hace falta que las aulas, los libros de texto, los nombres de las calles y los monumentos acompañen esa transformación simbólica que hoy encabeza la Presidencia. Pero también es cierto que los gobiernos, y sobre todo los primeros gobiernos de su tipo, tienen la obligación histórica de abrir la puerta, de poner el ejemplo, de mostrar que otra narrativa es posible. Eso es exactamente lo que estamos presenciando: el inicio, no el final, de una reescritura necesaria.
Pensemos en lo que significa para las infancias y las juventudes de hoy, ver cada 15 de septiembre cómo se nombra desde el balcón presidencial a mujeres que pelearon, resistieron, financiaron, escribieron y murieron por este país. Significa que la historia deja de ser un desfile de próceres masculinos con una que otra mujer de reparto, para convertirse en un relato más honesto, más completo, más parecido a lo que realmente ocurrió. Significa, también, que ya no habrá que esperar a la universidad, o a un libro de género, para enterarse de que hubo generalas. Se aprenderá en la primaria, en el balcón, en la plaza pública.
Recuperar el nombre de Josefa Ortiz Téllez-Girón y nombrar por fin a Antonia Nava no cierra, por supuesto, ninguna de las brechas que las mujeres mexicanas seguimos enfrentando: la violencia, la desigualdad salarial, la carga desproporcionada de los cuidados. Pero abre una puerta necesaria, la de la memoria, sin la cual ninguna transformación profunda es posible. No se puede aspirar a una igualdad real si seguimos creyendo, aunque sea por omisión, que la Historia la hicieron solo ellos.
Que hoy, desde el primer gobierno encabezado por una mujer en 215 años de vida independiente, se recuperen los nombres propios de nuestras heroínas es, sencillamente, cerrar un ciclo de silencio. Ese es el territorio que nos toca nombrar, habitar y no volver a ceder.