Guerra Sucia y la SCJN. Hacia la reconstrucción de la memoria y la justicia popular

La represión sistemática, la violencia especializada e indiscriminada y las violaciones graves a los Derechos Humanos como las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada son algunos de los agravios ocurridos en el período histórico conocido como la Guerra Sucia (1964-1982). Este capítulo obscuro, clandestino y borrado de la memoria colectiva nacional, ha dejado cicatrices difíciles de sanar.

El nombre “Guerra Sucia” refleja la ilegalidad en la serie de operaciones encubiertas que el Estado mexicano perpetró bajo la fachada de la lucha contra un “enemigo público”, cuando en realidad buscaban eliminar movimientos sociales, guerrilleros y a cualquier oposición política significativa que desafiara y resistiera las políticas autoritarias del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Muchas personas que fueron consideradas una amenaza, y otras cuantas que fueron los efectos colaterales de la represión y del mensaje de control, fueron detenidas ilegalmente, sometidas a formas de tortura, desaparecidas o ejecutadas, mientras la impunidad a estos atropellos y la inmunidad protegía a los responsables.

A pesar del largo silencio público sobre estas atrocidades, la perseverancia y el clamor por la justicia de las víctimas y sus familiares han sido constantes. Casi cuatro décadas después, un rayito de esperanza se vislumbra con avances hacia la verdad y la justicia.

El sistema judicial mexicano, aunque limitado y cuestionado, ha dado un paso importante. Gracias al amparo que protege a las víctimas de tortura durante la Guerra Sucia: Juana, Rosa Elena, Irene y Flavia Nava Cabañas, familiares del maestro rural y líder guerrillero mexicano Lucio Cabañas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció estos crímenes como de lesa humanidad, siendo imprescriptibles. Esto implica, que derivado de su gravedad no hay un límite de tiempo ni un plazo para juzgar y sancionar estos actos. En ese sentido, la Corte emitió una orden en la que instruye a la Fiscalía General de la Republica (FGR) a investigar y esclarecer estos acontecimientos de represión y control social.

Esta respuesta urgente de la SCJN es crucial en varios aspectos. Primero, como una posibilidad para iniciar un proceso de justicia transicional que sane y renueve a la sociedad mexicana marcada por la violencia y la injusticia, reivindicando los derechos de verdad, memoria y justicia de las víctimas y sus familias que sufrieron ese terrorismo de Estado y la impunidad, de manera que se les devuelva la dignidad y se les repare el daño. Segundo, encontrar sanciones justas contra los responsables y promover una justicia restaurativa, que recupere y preserve la memoria popular y la narrativa que reconozca los abusos del pasado y presente, reconstruyendo las instituciones para garantizar la no repetición de tales crímenes.

En un país donde la memoria histórica se ha nublado entre la niebla del olvido, necesitamos una reconciliación con nuestra historia para restaurar las relaciones sociales para la convivencia pacífica. Como dijo nuestra compañera de lucha Rosario Ibarra de Piedra, “La única lucha que se pierde, es la que se abandona”, este debe acompañar a las víctimas y a los movimientos sociales en sus caminos donde todos los días construyen memoria y la verdad, para alcanzar la justicia. En conclusión, esta es una oportunidad para enfrentar al pasado que han querido borrar y hacer que la justicia prevalezca ente la impunidad.