¿Existen riesgos frente a la elección total de cargos en el Poder Judicial?

El Poder Judicial de la Federación (PJF) son más que 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 6 consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 1,647 Magistrados y jueces. Pensar esto, no solo es un acto de soberbia, es ver solamente el árbol y no ver el bosque; es dejar de lado al arduo trabajo que desempeñan miles de trabajadores del Poder Judicial Federal, es decir, invisibilizar al trabajador de a pie de este poder.

De acuerdo con el Censo Nacional de Justicia Federal 2023 (CNIJF)[1] el Poder Judicial de la Federación a finales del 2022, contaba con 54,388 servidores públicos, de estos; 3,624 estaban adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 1,593 pertenecen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 49,171 pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal.

Datos de la misma encuesta, nos señalan que, en el 2010, el Poder Judicial de la Federación, tenía 37,481 servidores públicos; en tan solo 12 años, ha aumentado casi 17 mil los trabajadores. En el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación surgen algunas preguntas.

De aprobarse la iniciativa de reforma al PJF, ¿existe un riesgo de una crisis en la impartición de justicia en México?

Toda reforma, sea legal o constitucional, trae un riesgo, pero, si se hacen con estudios, análisis y especialistas, estos pueden disminuir significativamente. La propuesta presentada por el Presidente López Obrador ha sido tema de conversación principalmente por el mecanismo de designación de los diversos impartidores de justicia del poder judicial federal; pero, durante las recientes semanas y a modo de resignación por parte de los que se oponen, el debate se ha empezado a trasladar con la pregunta: ¿el relevo de los jueces, magistrados y ministros debe hacerse de forma gradual, escalonada? O ¿se hará la elección en su totalidad?

Algunos ministros de la corte como las ministras Norma Piña y YasmÍn Esquivel; los ministros Juan González Alcántara y Jorge Pardo Rebolledo, se han pronunciado sobre la implementación de la reforma Constitucional de forma gradual y escalonada; pues aseguran que se corre un riesgo y podría traer consecuencias respecto la impartición de justicia. Por otro lado, la ministra Lenia Batres, en diversos espacios y medios; se ha pronunciado sobre una elección completa, quien señaló ante el Heraldo México lo siguiente: “Veo más problema que fuera gradual a que fuera al mismo tiempo, porque si se hace gradual, como se está proponiendo, estaríamos cambiando a la totalidad de jueces y magistrados, eso nos lleva un espectro de por lo menos 15 años. Yo creería que más, dicen algunos que son 15 años, yo creería que es más tiempo”.

Estamos hablando que, de pasar la iniciativa de reforma, las y los mexicanos votaríamos por 9 ministros de la corte, cada uno duraría 12 años en el cargo; se votarían 1,633 cargos de magistrados y jueces de distrito; eligiéndose en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Se estaría, igualmente votando, por los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

¿Frente a la elección total de los cargos antes señalados existe el riesgo de una crisis?

Como se mencionó párrafos anteriores, así como en la medicina, toda operación, por muy simple que sea tiene un riesgo, en el mundo jurídico también, toda reforma trae un riesgo, pues modifica en mayor o menor escala el sistema jurídico. Pero, como se señaló al inicio del texto, el poder judicial está compuesto por 54,388 servidores públicos, que son quienes cotidianamente se encargan de las labores dentro de los juzgados y las salas, son los verdaderos responsables de que el Poder Judicial resuelva los conflictos que a su jurisdicción llegan, son los trabajadores de base y de confianza, así como los de honorarios y de contrato quienes hacen posible la solución de controversias.

¿Durante la ausencia de los jueces, magistrados y ministros quién resuelve?

La ley reglamentaria contempla perfectamente las suplencias o los supuestos para cuando exista ausencia del juzgador como ocurre en el caso de los magistrados de circuito, quienes, a falta, podrá el secretario respectivo practicar la diligencia correspondiente ocurre lo mismo para el caso de jueces de distrito.

¿De dónde saldrá el dinero para la elección del total de los cargos?

El senador y futuro diputado Ricardo Monreal dio a conocer que la elección podría tener un costo entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos; dinero que podría ser obtenido de los fideicomisos que desaparecerían una vez entre en vigor la reforma, pues recordemos que dichos fideicomisos contienen aproximadamente 15 mil millones de pesos[2]. La elección costaría solo el 5% aproximadamente del total de los fideicomisos.

¿Qué riesgos se corren si se implementa la reforma escalonada y gradual?

Los riesgos podrían ser varios, primero, la duración de la implementación en su totalidad de dicha reforma podría ser superior a los 10 años, dotando de incertidumbre e incluso de imparcialidad a los jueces, magistrados y ministros; pues tendríamos juzgadores que llegaron al cargo por el mecanismo hoy conocido y otros que llegaron vía voto popular, creando desigualdades.

Segunda, la implementación de reformas constitucionales con vacatio legis muy prolongada no garantiza eficiencia, pues un ejemplo de ello fue la reforma del 2008 en materia penal, pues se dio una vacatio legis de 8 años para su implementación, y seguimos viviendo su ineficiencia en la materia.

Tercera, el 2 de junio 35 millones de mexicanos votaron por el Plan C, y eso significa que la transformación llegaría al Poder Judicial en su totalidad, no de forma gradual ni escalonada.

Algunos opositores de la reforma al Poder Judicial, a sabiendas de que la Cuarta Transformación tiene las mayorías requeridas para reformar la Constitución, apuestan por la gradualidad, pues lo consideran como una medida dilatoria, con la esperanza de que, en otro sexenio, se tire la reforma al poder judicial y se regrese al actual sistema de impartición de justicia.

Por ahora, seguirán los foros respecto la reforma al poder judicial, en su caso el congreso definirá y terminará de aceitar dicha iniciativa. Reitero, es un gran avance que se discuta a favor o en contra la reforma a uno de los poderes más conservadores como es el Poder Judicial. De entrada, esto ya es ganancia. 

[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2023/doc/cnijf_2023_resultados.pdf

[2] https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-fideicomisos-del-poder-judicial-que-morena-quiere-desaparecer/