Nuevo sistema judicial y no solo nueva forma de elección

El debate postelectoral se ha concentrado en la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación, teniendo como principales críticos, no a los juzgadores, sino al poder político. Con ello queda claro que el poder judicial no es un poder autónomo o independiente, sino el brazo judicial de un grupo de políticos, empresarios y detractores de la cuarta transformación que buscan a toda costa mantener sus privilegios, apoyados o respaldados por una sentencia dictada por un juez.

Sin embargo, no basta con la reforma al Poder Judicial Federal que se está proponiendo por parte del Ejecutivo Federal, pues realmente a la ciudadanía le afecta directamente y en primera instancia los jueces (poderes judiciales) de los  Estados, pues es ahí donde sus derechos son vulnerados de forma directa por los propios gobiernos estatales, por las grandes empresas, por quienes pueden pagar la justicia. Y no estamos hablando única y exclusivamente en materia de delincuencia o materia penal, sino en todas las materias incluso en la familiar o civil. 

Es estás ultimas materias, familiar y civil,  la ciudadanía padece de las injusticias, de las que más padecen del abuso y la corrupción por parte de los jueces, secretarios de acuerdo y personal de los juzgados. 

Los litigios se vuelven engorrosos en gran parte por las propias autoridades que dictan sus acuerdos y resoluciones sin fundamento jurídico, sin estudiar el caso, sin leer el expediente, sin conocer el asunto. Y en los casos de juicios orales, no se trata de quién tiene la razón jurídica, se trata de quién cuenta el chisme de mejor forma, sí el chisme, pues aún y cuando existan evidencias, elementos de pruebas que puedan demostrar que se tiene la razón jurídica en algún asunto, los jueces determinan o acuerdan de conformidad a lo que ellos creen y quieren, no conforme a la ley, al derecho, a la justicia. 

La corrupción es un tema importante y trascedente en el poder judicial, pues efectivamente el que tiene para comprar su inocencia, así lo hace, y el inocente deberá purgar una sentencia ante el delincuente.

Hoy en día vemos como los delincuentes se encuentran más protegidos por los jueces que las víctimas, las leyes, señalan la forma de reparar el daño a la víctima, pero no señalan la reparación de los daños a quienes fueron acusados injustamente, a quienes son inocentes y tienen que demostrar su inocencia, cuando la Constitución Federal señala que quien debe demostrar la culpabilidad es quien denuncia. 

Los jueces señalan que la presunción de inocencia solo es un concepto que no se aplica, pero no se aplica para el ciudadano raso, pero sí para los que pueden tener cómo comprar privilegios. ¿Cuántos presos ciudadanos comunes pueden tener el derecho o privilegio de arresto o prisión domiciliaria?, claro, dirán que ese beneficio es solo para delitos graves, y la pregunta es ¿la lógica no sería que ese beneficio sea para los primodelicuentes? Pues no, todo mundo conoce que se les otorga a los grandes políticos, a exgobernadores delincuentes, a exprocuradores federales delincuentes, a empresarios, a quienes pueden comprar ese beneficio. 

La corrupción no solo se basa en el dinero que puede circular para obtener beneficios o sentencias favorables, sino en las capacidades, conocimientos y atributos de quienes son servidores públicos del Poder Judicial, pues existe una crisis de desconocimiento de la ley, del desconocimiento del derecho, del desconocimiento del sistema judicial y de la falta de conciencia del deber que tienen todos y cada uno de los servidores públicos del Poder Judicial, sea Estatal o Federal. Sí, pues tanto el proyectista, como el secretario de acuerdos y el juez, deben tener conocimientos, no mínimos, sino absolutos del derecho, pue solo así se podrá impartir justicia apegados al derecho, a la ley, conocimientos que hoy en día son muy muy escasos en estos tres cargos, dejando ver que la corrupción es evidente en ese poder judicial, pues llegan a esos cargos solo amigos, compadres e hijos de amigos y compadres, aunque no tengan conocimiento de nada. 

Hoy en día, vemos a proyectistas de juzgados federales, buscando, en los buscadores electrónicos, términos, conceptos y hasta palabras que no entienden para poder presentar su propuesta de resolución; pero más grave es, que secretarios de acuerdos y jueces sin conocer el expediente, firman esas propuestas de resoluciones, solo para cumplir con la chamba. 

Vemos que en materia de Amparo, se tardan en dictar una sentencia por lo menos 8 meses, y en la mayoría de los casos negando el amparo a los ciudadanos, pero a delincuentes y políticos, se tarden horas en otorgarles el amparo, dejando ver nuevamente, la podredumbre en que se encuentra sumergido el poder judicial. 

Es así que hoy en día no basta con una reforma constitucional sobre la forma de elección de los jueces, magistrados y ministros, sino de todo el sistema Judicial del país, donde los jueces y magistrados de los Estados, así como los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, sean verdaderos dictadores del derecho, que sean verdaderos iudictio,  en apego real al iurisdictio , es decir que sus resoluciones estén apegadas a la controversia y al derecho.