Entre la legalidad y la legitimidad: la danza política de Nuevo León

En el complejo panorama político que se desenvuelve en la actualidad en el estado de Nuevo León, el PRI y el PAN han soltado las ataduras de cualquier vestigio de decencia y transparencia democrática al exhibir un comportamiento propio de un animal acorralado, ya que han desnudado su verdadera naturaleza, revelándose como actores extraordinariamente ambiciosos y despiadados, ya que, frente a la incapacidad de captar la atención del pueblo, han optado por estrategias cuestionables que dejan al descubierto su mantra interno: "el fin justifica los medios". No obstante, el objetivo parece trascender lo meramente político para convertirse en una suerte de intento de golpe de estado con fines de saqueo y disfrazado de política pero carente de justificación legítima desde una perspectiva moralmente democrática.

En este escenario, Samuel García, gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, se encuentra en medio de una controversia desafiante, por lo que vale la pena preguntarse: ¿Cuál es la razón detrás de la falta de pudor moral exhibida por sus oponentes? ¿Qué ha llevado a estas personas, a manifestar su completa falta de vergüenza y respeto por los principios democráticos?

No es una locura pensar que el trasfondo de esta situación emana de la completa incapacidad para captar la atención del pueblo hacia su candidata, Xóchitl Gálvez. Este hecho cobra relevancia al considerar la narrativa del PRIAN, donde Samuel García supuestamente resta puntos al atraer a sectores sociales donde estos partidos pretenden ser más visibles, especialmente entre las supuestas "clases medias". La frustración resultante ha llevado a estas fuerzas políticas a buscar el poder mediante triquiñuelas legales, coerción política y escándalos mediáticos, renunciando, en última instancia, a confiar en la vía democrática y el mérito que tanto defienden.

Por otro lado, la inexperiencia de García podría haber desempeñado un papel fundamental en esta dinámica, al no tener un verdadero plan ante la contingencia. Sin embargo, la persistente paradoja que observamos aquí pareciera que surge del hecho de cómo a veces lo legal no siempre coincide con lo legítimo, y viceversa. Esto implica que otra de las cuestiones fundamentales son: ¿puede la justicia legal alinearse efectivamente con la justicia social y moral? ¿acaso no es para eso que existe la política?, es decir, ¿no tiene el propósito de garantizar que lo legal no se convierta en un mero instrumento sin fundamentos, sino que refleje genuinamente las necesidades y valores de la sociedad?

Desde una perspectiva filosófica y jurídica, la paradoja entre legalidad y legitimidad ha sido objeto de reflexión por parte de diversos pensadores a lo largo de la historia. Este dilema plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del derecho y su relación con la justicia social y moral. Filósofos del derecho, como Ronald Dworkin y Hans Kelsen, han contribuido a este debate, proporcionando diferentes enfoques para entender esta dualidad aparente.

Dworkin, por ejemplo, sostiene a lo largo de sus obras que el derecho no puede reducirse simplemente a reglas y procedimientos, sino que debe ser entendido como un proyecto moral. Argumenta en contra de teorías positivistas del derecho que ven la legalidad como una cuestión de reglas creadas por autoridades y en su lugar aboga por una visión más integral que considera la moralidad como un componente esencial del derecho.

Hans Kelsen, por otro lado, propuso una teoría puramente legalista en su obra "Teoría Pura del Derecho". Según Kelsen, la legalidad se basa en una jerarquía de normas, y la validez de una norma se deriva de su posición dentro de esa estructura. Desde esta perspectiva, lo legal y lo legítimo están separados, y una norma puede ser legal sin necesidad de ser moral o socialmente aceptable. Esta visión resalta la autonomía del sistema legal, pero también plantea preguntas sobre la legitimidad de las leyes que pueden ser percibidas como injustas o inmorales.

Asimismo, en el centro de esta controversia se encuentra un dilema complejo y delicado. Por un lado, se hallan los derechos políticos y constitucionales de Samuel García, quien, al impugnar las decisiones del Congreso, sostiene que se están vulnerando los principios democráticos que lo llevaron al cargo de gobernador. Por otro lado, se sostiene la posición del Congreso, que afirma seguir rigurosamente los procedimientos legales establecidos. Este enfrentamiento plantea una interrogante crítica sobre cómo equilibrar los derechos individuales con las acciones y prerrogativas de las instituciones. ¿Es aceptable limitar los derechos políticos de un funcionario electo en aras de seguir un procedimiento legal, o se debe considerar la integridad del proceso democrático como un axioma fundamental? La resolución final de esta controversia no solo determinará el destino político de Samuel García, sino que también sentará un precedente significativo sobre cómo se concilian los derechos individuales con el marco legal establecido.

En última instancia, este enredado episodio político en Nuevo León no solo es un enfrentamiento entre actores políticos sino un capítulo crucial en la relación entre el gobierno y la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que la sociedad, al observar este juego de poder, experimente un deterioro aún mayor en la confianza hacia las instituciones democráticas. La falta de transparencia, las estrategias cuestionables de los partidos políticos y el aparente menosprecio por los principios fundamentales de la legitimidad en el ejercicio del poder, podrían dejar una cicatriz profunda en la percepción pública, generando desencanto y escepticismo hacia el proceso político.

El ciudadano común, que espera que sus representantes aboguen por el bienestar colectivo, puede sentirse desconcertado y desilusionado al presenciar la priorización de intereses partidistas sobre la voluntad popular. Además, este impacto ciudadano trasciende el conflicto inmediato y plantea preguntas fundamentales sobre la salud de la política local y la calidad de la participación cívica.

En términos de estabilidad política a largo plazo, este episodio podría resonar en la historia política de Nuevo León, ya que las decisiones tomadas hoy, en el fragor de la contienda, podrían dejar una impronta duradera en la estabilidad de las instituciones gubernamentales y en la percepción de la política como una herramienta para el bien común. Si las estrategias cuestionables y las maniobras políticas opacas prevalecen sobre la transparencia y la legitimidad democrática, la región podría enfrentarse a desafíos significativos en términos de cohesión social y gobernabilidad efectiva. Las consecuencias a largo plazo no se limitan a la figura de Samuel García o a los partidos involucrados, sino que se extienden al tejido mismo de la sociedad y su capacidad para confiar en un sistema político que, en última instancia, debería representar y servir a los intereses del pueblo.

Sin duda, la historia legal y política de México nos enseña que estos momentos son esenciales para la evolución de las instituciones democráticas y la definición de los límites del ejercicio del poder, por lo que este caso particular, nos deja un precedente mínimamente interesante, así como también pone de manifiesto lo que puede llegar a ser la política mexicana cuando se trata de la lucha por el poder.