Organizar la Cuenca, defender la tierra

• La conciliación entre San Juan Lalana y Santiago Jalahui representa un paso histórico en la construcción de paz desde el territorio

Hace cincuenta años llegué por primera vez a San Juan Lalana, Oaxaca, en la Cuenca del Papaloapan. Era un joven egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, formado en una generación marcada por el movimiento estudiantil de 1968 y convencido de que la transformación del país debía construirse junto con los pueblos.

En aquellos años, desde la visión oficial de Veracruz, las comunidades indígenas de la región prácticamente no existían. Su propiedad comunal no era reconocida y, sobre ese vacío legal, avanzaban los caciques ganaderos. Invadían las tierras, colocaban cercas, introducían su ganado en las milpas y desplazaban a familias enteras. Encarcelamientos, golpizas, desapariciones y patrullas utilizadas para sembrar miedo formaban parte de una estrategia orientada a despojar a los pueblos de su territorio.

La respuesta nació desde abajo. Primero surgieron los grupos de autodefensa; después, la lucha jurídica y, al mismo tiempo, un proceso de formación política y comunitaria. Así nació la Escuela Superior de las Comunidades, levantada en medio de la disputa por la tierra. 

Ahí se estudiaban la Constitución y la legislación agraria, pero también la historia de México, la organización social y la defensa de los derechos colectivos. Se formaban secretarios municipales, promotores de salud y defensores comunitarios.

Aprendimos que el conocimiento también era una herramienta indispensable para proteger el territorio.

Quienes llegamos desde fuera entendimos muy pronto que no íbamos a dirigir a nadie. Íbamos a acompañar y, sobre todo, a aprender. Las comunidades nos enseñaron que las grandes transformaciones comienzan en el territorio, defendiendo la tierra donde se siembra el maíz, fortaleciendo la asamblea y reconstruyendo el tejido social.

Había que ganarse la confianza del pueblo. Y esa confianza no se obtenía pronunciando discursos, sino caminando junto a las comunidades, compartiendo sus dificultades y asumiendo sus causas.

Los pueblos de la Cuenca habían creado formas de organización extraordinariamente poderosas. Los topiles llevaban mensajes de una comunidad a otra; el sistema de cargos mantenía viva la responsabilidad colectiva, y las redes comunitarias permitían conocer cualquier movimiento dentro de la sierra mucho antes de la existencia de los teléfonos celulares. Nadie podía formar parte plenamente de la comunidad sin haberle prestado algún servicio.

Esa organización fue capaz de resistir la violencia de los invasores y de quienes pretendían quebrar a los pueblos para apoderarse de sus tierras. La matanza de Montenegro, anexo de San Juan Lalana, permanece en la memoria regional como una de las heridas más dolorosas de aquella época. Sin embargo, ni la violencia ni el miedo lograron destruir la resistencia comunitaria.

Medio siglo después regresé a esta tierra húmeda y verde, ahora como procurador agrario. Volví con la memoria de aquellas luchas, pero también con la responsabilidad institucional de contribuir a resolver conflictos que durante décadas quedaron atrapados en el embudo de la burocracia, la negligencia y el abandono de quienes no estaban interesados en proteger la propiedad social, sino en favorecer su privatización.

Regresar significó comprobar que la historia continúa abierta. Muchos de los problemas de entonces siguen presentes: diferencias por límites, expedientes incompletos, juicios prolongados, desplazamientos, episodios de violencia y resentimientos heredados de una generación a otra. Pero también permanece la capacidad de los pueblos para organizarse, dialogar y reconstruir sus relaciones.

Desde septiembre de 2025, la Procuraduría Agraria impulsó mesas de conciliación para atender una disputa territorial de más de veinte años entre San Juan Lalana y Santiago Jalahui. Sus raíces, sin embargo, se remontaban todavía más atrás: a antiguos desacuerdos sobre los límites, a versiones contradictorias acerca de la posesión de la tierra y a procesos jurídicos que pocas veces fueron explicados con claridad a las asambleas.

Con el paso del tiempo, pueblos que habían compartido territorio y luchas comunes dejaron de reconocerse como aliados y comenzaron a mirarse como adversarios. Esa ruptura sólo benefició a quienes siempre han buscado dividir a las comunidades para debilitar su defensa territorial.

Por eso propusimos una estrategia diferente: colocar toda la información sobre la mesa, revisar colectivamente los expedientes y recordar la historia compartida. Ambas comunidades habían enfrentado las invasiones ganaderas, el despojo y las agresiones externas contra sus bienes comunales. No tenía sentido prolongar una confrontación entre pueblos que alguna vez habían defendido la tierra frente a las mismas amenazas.

Durante la primera visita ocurrió algo que sintetiza la esperanza depositada en este proceso. Cuando propuse trasladarnos a la comunidad vecina para iniciar el acercamiento, las familias comenzaron espontáneamente a subir bolsas de tortillas a las camionetas para compartirlas. Nadie se los pidió. La caravana avanzó por la sierra llevando alimento, memoria y una voluntad de reconciliación que durante años había parecido imposible.

Después vinieron las reuniones en Tuxtepec y Oaxaca, así como las mesas de trabajo donde revisamos, documento por documento, la situación jurídica de cada núcleo agrario. Se acreditaron representantes ante los tribunales, se analizaron juicios de amparo y se realizaron estudios técnicos para que cualquier acuerdo partiera de información verificable y compartida.

El pasado 28 de abril, en San Juan Lalana, se llevó a cabo la firma del Convenio de Delimitación Territorial entre San Juan Lalana y Santiago Jalahui, por la certeza jurídica y acuerdos en el territorio. Este hecho de gran trascendencia permitió que las comunidades chinantecas y zapotecas avanzaran en la solución pacífica de un conflicto histórico mediante la conciliación, el diálogo y el entendimiento.

Como señaló el representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, Julio César Velázquez García, con este acuerdo se cerró una etapa de incertidumbre y comenzó otra de certeza sobre el territorio. Su conclusión resulta fundamental: el diálogo es el único mecanismo capaz de resolver colectivamente un conflicto de esta naturaleza.

Gabino Vicente Francisco, jefe de Residencia de la Procuraduría en Tuxtepec, expresó también el sentido de esta nueva etapa institucional: mantenernos cerca de los pueblos y las comunidades y ayudar a resolver sus problemas, porque ahí se encuentra la razón de ser del servicio público.

Este acuerdo no representó únicamente la conclusión de una controversia agraria. Demostró que aquello que durante generaciones pareció irresoluble puede superarse cuando los pueblos recuperan la confianza y las instituciones los acompañan con respeto, imparcialidad y compromiso. Fue, sobre todo, un paso decisivo para reconstruir la paz desde el territorio.

La conciliación no sucede de un día para otro. Requiere escuchar, aclarar dudas y reconocer los derechos y la dignidad de todas las partes. Las instituciones debemos acompañar ese proceso con sensibilidad y conocimiento del territorio, pero no podemos sustituir la voluntad de las asambleas. La paz duradera sólo es posible cuando nace de las propias comunidades.

Volver a San Juan Lalana me permitió confirmar una convicción adquirida hace medio siglo: defender la tierra exige organización, conciencia y unidad. Los documentos y las resoluciones jurídicas son indispensables, pero no bastan si no se recupera la confianza entre los pueblos.

Organizar la Cuenca es defender la Cuenca. Es fortalecer sus asambleas, respetar sus sistemas comunitarios y reconocer que la propiedad social constituye una forma de vida, una memoria colectiva y una protección frente al despojo.

Hace cincuenta años llegué a estas montañas para compartir algunos conocimientos. En realidad, fueron los pueblos quienes me enseñaron que servir a la comunidad es la forma más profunda de transformar la realidad. Hoy regreso con la responsabilidad de poner al Estado al servicio de esa enseñanza: escuchar al pueblo, proteger la propiedad social y contribuir a que comunidades que resistieron juntas vuelvan a reconocerse como hermanas.