El ruido que no deja elegir

Hay una diferencia que pocas veces se discute en serio: no es lo mismo organizar una elección que diseñarla. Organizar implica logística, diseñar implica pensar en el ciudadano y México, con la reforma judicial más audaz de su historia reciente, tuvo que aprender esa distinción a golpes.

El lunes 18 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para mover la próxima elección del Poder Judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. La propuesta surgió de una evaluación encargada a la consejera jurídica Luisa María Alcalde, y aunque el gobierno la presentó principalmente como una medida logística (se calcula que el INE ahorraría hasta dos mil millones de pesos), lo que está detrás es algo más importante: el reconocimiento de que un proceso electoral mal diseñado no sirve de nada, aunque sea técnicamente correcto.

La pregunta que debería guiar este debate no es cuándo se vota, sino cómo se decide. Y para entender por qué eso importa, hay que entender lo que estaba a punto de ocurrir en 2027. De haberse mantenido la elección judicial ese año, los ciudadanos habrían tenido que acudir a dos casillas distintas el mismo día: una para elegir gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales, y otra (en una dirección diferente) para votar por jueces y magistrados, dado que la normativa prohíbe la presencia de representantes de partidos en los comicios judiciales. Ese detalle, que parece operativo, es en realidad un problema profundo de comunicación política. Cuando el elector llega a una casilla cargando semanas de bombardeo mediático entre partidos, spots, mítines y declaraciones cruzadas, su cabeza no está en modo deliberativo sino en modo reactivo. La política partidista activa emociones, identidades y lealtades. La elección judicial exige otra cosa: información, criterio, conocimiento de perfiles. Son dos lógicas incompatibles compitiendo por la misma atención, y cuando eso ocurre, siempre gana el ruido.

Esto no es especulación teórica; la primera elección judicial, realizada en 2025, generó cuestionamientos por la baja participación ciudadana y la complejidad de las boletas. México ensayó el modelo y las señales fueron claras: el ciudadano no llegó preparado porque el proceso no lo preparó. Ahora se trata de corregirlo, y esa corrección tiene nombre concreto. Entre los cambios más relevantes de la iniciativa está la reducción de candidatos a solo dos por distrito y por especialidad. Eso, que parece un ajuste técnico menor, es en realidad una transformación del modelo de comunicación electoral. Antes, el ciudadano enfrentaba boletas con decenas de nombres desconocidos. Ahora tendrá dos opciones y, con tiempo y campaña informativa adecuados, la posibilidad real de conocerlas. La reforma también crea una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías de evaluación entre los Comités de los tres Poderes, con facultades para verificar requisitos de elegibilidad, aplicar exámenes de conocimientos y establecer criterios uniformes para evaluar a los aspirantes. Dicho en otras palabras: los candidatos llegarán a la boleta con un filtro de calidad más robusto y, por tanto, con mejores condiciones para que el ciudadano tome una decisión informada. 

Mover la elección judicial a 2028 no es solo un ajuste de calendario, entonces. Es una decisión de diseño democrático con consecuencias concretas para la legitimidad del proceso. Una jornada electoral sin el ruido de los partidos, sin gobernadores en campaña, sin la saturación de una elección intermedia, es una jornada donde la justicia puede ser el tema central y no un apéndice de la contienda política. Y eso importa porque en 2028 se elegirán más de cuatro mil cargos judiciales: cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, y en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades del país. Es una elección monumental. Requiere una ciudadanía informada. Y para que eso sea posible, necesita un escenario propio, no un rincón en la boleta más saturada de la historia reciente.

Existe una tentación permanente en el debate público de leer cada ajuste institucional como debilidad o como marcha atrás. Pero hay otra lectura, más honesta y más útil: los procesos democráticos maduran cuando son capaces de autocorregirse. La reforma judicial fue la más ambiciosa en décadas. Su primera ejecución mostró grietas y en lugar de ignorarlas, el gobierno decidió reformar la reforma. Ese gesto, que suele pasarse por alto, es precisamente lo que distingue a una democracia funcional de una que solo simula serlo.

La comunicación política tiene un defecto estructural cuando se ejerce mal: tiende a tratar al votante como un receptor pasivo, como alguien a quien convencer o movilizar, no como un agente que necesita condiciones para decidir bien. El rediseño de la elección judicial es, si se implementa con seriedad, una apuesta distinta: asumir que el ciudadano puede elegir a sus jueces, pero solo si se le da el tiempo, la información y el espacio para hacerlo. La democracia no termina el día de la elección, empieza ahí. Y si el diseño del proceso no está a la altura de esa responsabilidad, el voto puede ser formalmente libre y materialmente vacío. El escenario ya está reservado. La pregunta es qué se hará con los dos años que quedan para llenarlo de contenido.