El Estado está pensado en masculino y es heterosexual

Una bandera no significa verdadera inclusión. Esa consigna, la de ser incluyentes desde todos los sectores, circuló infinidad de veces por instituciones públicas en charlas, foros y comunicación pública; y el sector privado, vía productos y mensajes a favor de la diversidad sexual. Aquello, evidentemente en el marco del mes del orgullo homosexual. Aunque, a pesar de los mensajes, siempre queda entre la comunidad la duda sobre lo aplicativo en la vida cotidiana.

            Todo aquello, presuntamente formó parte de las consignas y objetivos que ambos polos de la vida pública se autoasignaron. Y es que, en la actualidad tanto a las empresas, como el Estado, les interesa (por diferentes motivos) proyectar una imagen donde todas las personas somos iguales en derechos y obligaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos no han logrado incorporar a las poblaciones de la diversidad sexual en sus estructuras de manera uniforme. Y no lo digo yo, lo dice la información que recolecta el propio Estado.

            Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recabados en 2021 y publicados en 2022, existe casi un millón de personas trans en México. De las cuales, sólo 486,617 eran económicamente activas (aunque en los datos las poblaciones se segmentan debido a que el INEGI eliminó los catálogos de las categorías laborales) en el momento de la encuesta. De esas personas 144,045 pensaron en quitarse la vida (una quinta parte) por diversos motivos.

            Entre las condiciones laborales reportadas en dicho estudio del INEGI, 27,322 personas trans habían sido amenazadas o atacadas sexualmente por una autoridad escolar o laboral; 38,880 habían sido agredidas por un compañero de escuela o de trabajo; y 17,176 reportaron haber sido humilladas por autoridades del trabajo o escuela. En 69,257 de los casos, las humillaciones las cometió un compañero de trabajo.

            En resumen, a las personas trans, particularmente a las mujeres trans, se les excluye de espacios laborales dignos y libres de discriminación. Lo mismo ocurre con espacios escolares. Pero, esa es tan sólo la punta de un problema al que intentamos hacer frente con la misma herramienta que les discrimina.

Cuando todo falla

Un caso como ejemplo de lo anterior lo vivimos en la comunidad, durante el mes del orgullo, cuando la mujer trans y migrante Julianna Stone, recurrió a los medios de comunicación debido a que en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le negó su proceso de naturalización debido a que su documentación no correspondía con su expresión de género. 

            El caso, según narra Julianna, se origina cuando intenta ratificarse como mexicana. Las autoridades, le negaron dicho trámite apelando al artículo 35 del reglamento de la Ley de Nacionalidad, asegurando, según la interpretación del departamento jurídico de la SRE, que la solicitante debería conseguir una sentencia judicial por el cambio de nombre y donde se acredite el mismo. Lo anterior, pese a que en México la legislación pertinente no requiere de la sentencia de un juez para hacer válida la documentación por cambio de identidad de género. 

            Más allá de las posibles fobias o filias políticas. Este caso, como muchos otros, revelan que en su uso, las herramientas que proporcionan desde el Estado para atender a población de atención prioritaria son cada vez más arcaicas. Pues segregan y discriminan desde el papel lo que debería ser un acuerdo entre personas. 

“Más allá de mi caso, este incidente revela una laguna en la legislación que protege los derechos de las personas LGBT+: las personas trans naturalizadas estamos completamente desprotegidas ante la discrecionalidad de la burocracia de la SRE”, cita el documento compartido a medios.

            Con esto no quiero decir que yo tenga todas las respuestas, ni que todo lo planteado desde la iniciativa privada esté mal aplicado o provenga de la malicia de quienes ejecutan las leyes. No. El único argumento es que la vida cambia, las personas somos muchas y que existe, indiscutiblemente, una urgencia porque nuestros acuerdos colectivos respondan a las necesidades humanas y no al juicio de los institucionalistas. Porque, cuando una herramienta no sirve para su fin, es momento de usar nuevas.