El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad

México atraviesa una crisis hídrica que debe ser atendida de forma urgente por todas y todos. Los diagnósticos actuales indican que hay 35 millones de personas sin disponibilidad en calidad y cantidad suficientes de agua, 104 de las 757 cuencas tienen problemas de acceso y 114 de los 653 acuíferos están sobrexplotados.

El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador encabezó los primeros pasos en la búsqueda de que todas las mexicanas y mexicanos tuvieran acceso a agua en cantidad y en calidad suficientes con la puesta en marcha de dieciocho grandes obras de infraestructura, la mayor parte ubicadas en el norte del país, destacando la creación de más de 120 mil hectáreas de riego, más que las que se habían hecho en los 36 años previos a su Gobierno.

En el segundo piso de la cuarta transformación la Dra. Claudia Sheinbaum se ha planteado una serie de acciones que van mucho más allá de la construcción de obra pública, que sin duda ha sido y seguirá siendo una de las políticas estrategias de la Comisión Nacional del Agua, pues más del 80% del presupuesto del ramo de medio ambiente lo ejerce la CONAGUA en los programas cuyo objetivo es la creación de infraestructura.

El giro pasa, primero, por la comprensión de que el agua es un derecho humano, y que cuyo cuidado, preservación y utilización tiene la capacidad de potenciar también el desarrollo económico, no desde una perspectiva mercantilista o neoliberal, sino desde una visión humanista que privilegie siempre el agua para el consumo y desarrollo humano.

Esa es la base programática del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que tiene como piedra angular uno de sus instrumentos jurídicos y políticos más importantes el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, cuyas premisas son:

1. Existe una problemática de sobreconcesionamiento de las aguas nacionales en todo el territorio.
2. Es imperativo el uso eficiente del agua para el riego y otros usos, así como la medición de su uso y su reutilización.
3. Es urgente garantizar agua en calidad y en cantidad suficiente para el pueblo (y que a su vez este último se convierte en el objetivo principal del Acuerdo).

Dentro de las acciones y compromisos que establece el Acuerdo quiero destacar tres de ellas dado que considero que tienen un alcance y relevancia fundamental para este cambio de visión de la política hídrica:

Devolución progresiva de volúmenes de agua por parte del sector industrial: este sector se comprometió a aportar de manera voluntaria parte del volumen que actualmente tiene concesionado, así como a abstenerse de sobreexplotar o transmitir a terceros los derechos de concesión. Hasta el momento han aportado voluntariamente a la nación 126 millones de metros cúbicos del líquido.

Eficientar el uso de agua y devolución de volúmenes por Distritos y Unidades de Riego: con el programa de tecnificación de más de 200 mil hectáreas de riego se busca que los Distritos de Riego produzcan más alimentos con menos uso de agua, con lo que se posibilite devolver el volumen que no se utilizará, canalizándolo al consumo humano y previniendo que algún excedente sea mercantilizado indebidamente. Los Distritos de Riego aportaron ya a la Nación un volumen de 2,800 millones de metros cúbicos a la Nación, lo que equivale a tres años de consumo de agua de toda la Ciudad de México.

Construcción de infraestructura hídrica: las Gobernadoras y Gobernadores Constitucionales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y presidentes municipales, con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, se comprometieron a desarrollar proyectos de infraestructura en el marco del PNH para mejorar los niveles de eficiencia en la operación hidráulica.

El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, marcan un antes y después en la política hídrica y de sustentabilidad del país con acciones inéditas que tienen como objetivo garantizar el acceso a agua en cantidad y en calidad suficientes a la población, involucrando en su implementación a los actores nacionales (sector público, sector privado, productores agrícolas, academia y ciudadanía), lo que vuelve al derecho humano al agua y la sustentabilidad como un auténtico proyecto de Estado para la actual administración.