El acoso judicial iniciado por grupos económicos y políticos contra Hernán Gómez

La reciente denuncia pública realizada por el periodista y analista Hernán Gómez Bruera contra una demanda de carácter civil por daños y perjuicios por su trabajo periodístico es una muestra de que hay personajes de los que no se puede investigar ni divulgar sus actividades por mucho que sean de interés público. El demandante es Heraldo Media Group. Es una frenta contra la actividad periodística y el derecho a la información. 

El trabajo reciente de Hernán, su libro Traición en Palacio y sus columnas y comentarios recientes, ha causado relevancia en alguna parte de la discusión pública-política; sobre todo por la notable confrontación política-judicial entre los grupos de la ministra de Norma Piña y el del exministro Arturo Zaldívar. 

Gómez ha revelado a profundidad las actividades ilegales del ex consejero jurídico Julio Sherer, incluso antes y después que de este tuviese que salir de la Consejería por sus irregularidades cometidas. Dichas actividades se podrían resumir como el lucro por la justicia judicial, el uso patrimonial del Estado y la obtención de diversas prebendas. Dicho lucro trasciende a causar bastantes problemas contra el patrimonio de terceros, contra los derechos de ciudadanos, el uso faccioso y arbitrario de las instituciones, contra el Estado mexicano mismo y contra el interés público. Desde usar información privilegiada por demandas realizadas en la Consejería, presiones contra funcionarios (incluso contra jueces y magistrados) para obtener beneficios de la administración pública, usar influencias para turnar demandas a ciertos juzgados y tribunales favorables, influenciar a particulares a contratar a despachos y abogados en específico, y diversas formas de enriquecimiento. 

Además Hernán también ha escrito sobre la corrupción del magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En su columna Tenemos que hablar de Rafael Guerra publicada en el sitio web del Universal el 28 de febrero del 2024 señala que el magistrado Guerra, al igual que el anterior presidente Edgar Elías Azar, lucra con la administración de justicia judicial al ofrecer sentencias a favor a cambio de dinero. Todo ello con la participación de diversos magistrados, jueces, secretarios y diversos funcionarios judiciales, y con la colaboración de particulares como despachos y abogados. 

Hernán abiertamente ha comunicado sus sospechas que habrían causado el origen de la demanda en su contra: quien está detrás del grupo Heraldo es una colaboración entre Sherer y Guerra. Señala que hay demandas contra grupo Heraldo y que este ha obtenido beneficios de ambos personajes. Además que dicho grupo ha sido contratista del Poder judicial federal. También menciona que en Heraldo Media Group hay socios de Grupo Andrade, mismo que también ha sido contratista de gobiernos. 

Hernán Gómez pone en evidencia que el negocio de la administración de justicia judicial es mucho peor de lo que se piensa en la discusión pública reciente. Por ello mismo, la mayoría de los medios de comunicación privados tampoco quieren hablar de ello, ellos mismos han sido clientes. En la oposición partidista tampoco quieren debatir del tema, tienen intereses en común. Y en general ningún gobierno quiere tratar este muy grave tema. Vaya, ni el gremio de los abogados, ni sus colegios de abogados, ni sus despachos, ni la academia entre sus muchas escuelas de derecho que existen se habla. La justicia judicial es muy oscura.