Coimas y libertarianismo: corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad compromete a las familias Milei y Menem

Un nuevo caso de corrupción sacude a la sociedad argentina. El caso inició cuando varios audios de Diego Spagnuolo, antiguo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y antiguo representante legal de Milei, fueron filtrados y publicados en la plataforma DataClave el pasado 20 de agosto. Estos audios revelan la existencia de una red de corrupción en la compraventa de medicinas realizada por el gobierno de la Nación Argentina y muestran a detalle el funcionamiento de un esquema de recaudación de sobornos en los cuales se encuentran involucradas figuras centrales de la política y el empresariado argentino. Entre las figuras involucradas se encuentra Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker (ambos socios propietarios de la farmacéutica Suizo Argentina SA), Daniel María Garbelleni, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei, quien, aunque supuestamente no participó directamente en el esquema, se encontraba advertido de las actividades de su hermana por el propio Spagnuolo. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra los implicados el mismo día de publicación de los audios por administración fraudulenta.

El sistema de corrupción descrito por Spagnuolo en los audios filtrados indica que la compra de medicamentos de alto costo se habría direccionado hacia la Droguería Suizo Argentina, empresa fundada en 1923 y que tiene por socios propietarios a Emmanuel y Jonathan Kovalivker, por decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los laboratorios que deseaban asegurar contratos de comercialización con el Estado debían pagar coimas de 8% del valor. Posteriormente, la firma Droguería Suizo Argentina vendía los fármacos con un recargo de 8% al Estado argentino. Estos medicamentos se compraban con montos de dinero destinados a programas de asistencia para personas que sufrían diversas discapacidades. Los audios señalan, además, que 3% iba a parar al Jefe (Karina Milei) y 1% se destinaba a gastos de operatoria. En los audios, Spagnuolo asegura que Karina Milei ganaba medio millón de dólares al mes por estas transacciones.

Aunque durante su campaña Javier Milei hizo múltiples referencias a la lucha en contra de la casta política, su gobierno ha estado plagado de nombramientos de figuras políticas pertenecientes a las oligarquías políticas nacionales y provinciales en Argentina, muchos de ellos provenientes del menemismo, del macrismo, cercanos a iglesias evangélicas o cercanos a figuras relevantes de la última dictadura cívico-militar. Entre los nombres que resaltan de la casta libertariana está Diana Mondino (esposa de exintendente del Banco Central y artífice del fraude del Banco Integrado Departamental), Luis Caputo (presidente del Banco Central durante la administración Macri), Federico Sturzenegger (presidente del Banco Central durante la administración Macri), Victoria Villarruel (cercana al torturador Alberto González y al exdictador Jorge Rafael Videla), Ricardo Bussi (diputado, hijo del gobernador militar de Tucumán Antonio Domingo Bussi), Lisandro Catalán (hijo del ministro de Educación de Jorge Rafael Videla), Nadia Márquez (vicepresidenta de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), entre otros. Los principales implicados de este caso hacen parte de esta casta libertariana.

El escándalo de coimas involucra principalmente a dos personajes cercanos a Javier Milei: Karina Milei y Eduardo Lule Menem. Karina Elizabeth Milei es la hermana del actual presidente de Argentina, actual presidenta de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia de la Nación, además de ser una de las figuras más visibles del actual gobierno libertariano de Argentina. Eduardo “Lule” Menem actualmente es el subsecretario de Gestión Institucional. La red familiar de Lule Menem es amplia. Es sobrino de Carlos Saúl Menem, exgobernador de La Rioja (1973-1976 y 1983-1989), expresidente de la Nación Argentina (1989-1999) y senador por La Rioja (2005-2021); sobrino de Eduardo Menem, presidente y senador de la constituyente de 1994 y senador por La Rioja (1983-2005); sobrino de Munir Menem, embajador de Argentina en la República Árabe Siria (1989-1990); sobrino de Amado Menem, líder del grupo de extrema derecha Defensores de la Fe y personaje implicado en las desapariciones del obispo Enrique Angelelli y del soldado Alberto Agapito Ledo; y primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina y presidente de La Libertad Avanza en La Rioja, cargos que detenta desde 2023, y vicepresidente de La Libertad Avanza desde 2024.

Milei ha tomado una estrategia doble ante el proceso. En primer lugar, respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad, se ha anunciado la salida de Diego Spagnuolo de su cargo y se ha señalado que Spagnuolo sería llevado a la justicia. También Milei ha anunciado la intervención por 180 días sobre la agencia estatal y ha comenzado un proceso de auditoría. En segundo lugar, respecto a la participación de Karina Milei y Lule Menem, se ha optado por una estrategia que tiene como acto central el silencio y la defensa de los implicados. Karina Milei no ha dado respuesta pública respecto al caso. Milei, por su parte, mantuvo silencio durante el fin de semana pasado y se presentó el pasado lunes 25 de agosto a la inauguración del nuevo edificio de la Corporación América, ubicado en la Avenida Libertad en Vicente López, acompañado de Karina Milei. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, defendió públicamente a su primo Eduardo y a Karina al señalar que pondría las manos al fuego por ellos. Javier Milei ha llegado a señalar que la causa es una estrategia política contra él y su partido desarrollada durante la temporada electoral. La causa quedará en manos del juez federal y titular del Juzgado Criminal y de Corrección Federal, Sebastián Casanello, y del fiscal Franco Picardi. Al momento las autoridades competentes han ordenado más de quince allanamientos, incluido uno contra la casa de Emmanuel Kovalivker. 

El escándalo se desarrolla a menos de un mes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán el próximo 7 de septiembre y dos meses antes de las elecciones legislativas federales que se celebran el próximo 25 de octubre de 2025. Las primeras renovarán 50% de los escaños de la Cámara de Diputados (46 de 92) y del Senado de la Provincia de Buenos Aires (23 de 46), provincia que cuenta con 37% del padrón electoral nacional y que actualmente es gobernada por el justicialista Axel Kicillof. En esta elección sólo cinco de los trece escaños que mantiene La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires serán disputados (representados por los diputados Retamoso, Pascual, Castelló, Compagnoni y Gómez) serán disutados, mientras que en el Senado sólo una de las cinco senadoras concluye su gestión este año, Daniela Elizabeth Reich. Las encuestas indican que La Libertad Avanza podría capitalizar un tercio del voto, pero se sigue situando por debajo de la intención de voto a favor del Partido Justicialista.

En segundo lugar, en las elecciones nacionales de octubre los argentinos, a través del sufragio directo, renovarán 49% de los miembros de la Cámara de Diputados (127 de 257) y un tercio de los miembros del Senado de la Nación (24 de 72). Las provincias en donde se renovarán escaños del Senado de la Nación son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Neuquén y Río Negro. Es importante señalar que en estas elecciones ninguno de los seis senadores de La Libertad Avanza será sometido a renovación y sólo ocho de los 37 escaños que ocupa la agrupación libertariana en la Cámara de Diputados serán sometidos a votación. El gran grueso de las encuestas realizadas para esta elección señala que La Libertad Avanza será el partido más votado y que es posible que capitalice más de una tercera parte de la votación. 

El escándalo explota también a escasos días del veto de Javier Milei en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mismo que fue rechazado por la Cámara de Diputados el mismo día de la difusión de los videos. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue presentada por el diputado justicialista por Buenos Aires Daniel Arroyo y propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, entregar compensaciones económicas, mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, actualizar el Certificado Único de Discapacidad, saldar deudas con prestadores de salud, actualizar cada treinta días los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad y obligar al Estado a cumplir la obligación de cupo laboral de 4% a personas con discapacidades en el sector público. En su momento, como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Spagnuolo rechazó esta propuesta, mientras que Javier Milei vetó la iniciativa aduciendo que afectaba el equilibrio fiscal. El rechazo al veto efectuado el 20 de agosto por la Cámara de Diputados en una votación con 172 votos en contra, 72 a favor y dos abstenciones generó que la iniciativa se transfiere al Senado donde se requerirá la votación de dos terceras partes para echar abajo el veto del Ejecutivo. Desde el inicio de la administración Milei este es el primer caso en que la oposición logra rechazar un veto presidencial en la Cámara de Diputados. 

En conclusión, el nuevo caso de corrupción expuesto por los audios de Diego Spagnuolo ha golpeado con fuerza al gobierno de Javier Milei en un momento electoralmente decisivo. La participación de figuras centrales como Karina Milei y Eduardo Lule Menem ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia y la coherencia del discurso oficialista. Aunque el presidente ha buscado mostrarse firme con la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, su silencio y la defensa cerrada a sus allegados debilitan su narrativa anticasta y anticorrupción. El escándalo no solo pone en entredicho el manejo de recursos destinados a personas con discapacidad, sino también la credibilidad del proyecto libertariano. Este caso de corrupción se suma al caso $Libra de febrero de 2025 y pone en entredicho la honradez de la administración actual.