A 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas (17 de octubre de 1953), la llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México es una victoria histórica. La frase “no llego sola, llegamos todas”, tiene una realidad sustentada, puesto que debido a la reforma de paridad total, hoy tenemos 13 gobernadoras en funciones; en la Cámara de Diputados hay 251 diputadas, de las cuales, el grupo parlamentario de MORENA representamos el 58% (146 legisladoras morenistas); en la Cámara de Senadores 63 son mujeres y 27 entidades federativas tienen Congresos paritarios.
Sin embargo, estos logros no significan que la lucha haya terminado. La exclusión persiste en múltiples formas, la violencia política de género sigue dándose de una manera exponencial. Por ejemplo, en la falta de acceso a financiamiento equitativo, la discriminación estructural y los intentos por frenar nuestra participación con prácticas patriarcales que aún se resisten al cambio.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, debemos reconocer que muchas mujeres en México son víctimas de violencia política. Erradicar la violencia de género es un paso indispensable para fortalecer la democracia y garantizar la igualdad sustantiva.
Hay avances en reconocer y sancionar la violencia política en razón de género, sin embargo, se deben revisar algunas lagunas que aún persisten. Es por ello que se deben fortalecer los marcos legales para garantizar mecanismos de denuncia más accesibles y eficaces, sanciones más severas, protección inmediata para las víctimas y una mayor coordinación entre las instancias electorales y judiciales.
Muchas mujeres en la política continúan enfrentando obstáculos que limitan su liderazgo y toma de decisiones. Además, persiste la invisibilización y minimización de su trabajo, lo que constituye una forma de violencia simbólica que refuerza las barreras estructurales a la participación equitativa.
Es fundamental reconocer que la erradicación de la violencia política e institucional requiere un esfuerzo continuo y coordinado. La garantía de igualdad en los cargos de toma de decisiones además de ser un derecho es una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la justicia en México.
Por ello, es imprescindible seguir impulsando reformas y políticas públicas que aseguren la protección efectiva de todas las mujeres en la vida política y sancionen de manera ejemplar cualquier acto de violencia.
No podemos permitir que el miedo y la intimidación sigan limitando el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. Transformar las instituciones y garantizar que la participación política sea un derecho reconocido en la ley y una realidad tangible es una tarea que debe mantenerse como prioridad.
La lucha por la igualdad en la política no es una causa exclusiva de un grupo en particular, sino un compromiso colectivo para seguir avanzando hacia un México donde todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos sin temor ni represalias.