Hay cifras que celebramos y cifras que nos obligan a actuar. Ambas estuvieron presentes en la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), encabezado por su titular Armando Contreras Castillo, y la Procuraduría Agraria.
México ha alcanzado un logro histórico en materia educativa, durante lo que va de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la tasa nacional de analfabetismo se redujo a 3.7%, por debajo del 4% establecido como referencia internacional para considerar a un país alfabetizado. Sin embargo, aunque este indicador coloca a México entre las naciones alfabetizadas, las estadísticas nacionales por sí solas pueden ocultar realidades profundamente desiguales. El campo mexicano y, en particular, los ejidos y comunidades agrarias, siguen mostrando otra realidad: una geografía donde las brechas educativas persisten con fuerza.
Hoy, en el medio rural y en las comunidades agrarias, más de 2 millones de personas de 15 años o más no saben leer ni escribir. Esto equivale al 11.6% de la población rural en ese grupo de edad, frente al 3% en zonas urbanas. En otras palabras, el analfabetismo en el campo es cuatro veces mayor que en la ciudad, lo que confirma que sigue siendo un fenómeno principalmente rural.
Ejemplos de ello:
Dicho de forma sencilla: en el campo y en las comunidades agrarias hay 2 millones de personas que necesitan alfabetización, 3 millones que requieren concluir la primaria y 4 millones que aún no terminan la secundaria. Dos, tres y cuatro millones de historias que reflejan la magnitud del reto.
En este contexto, el convenio firmado entre el INEA y la Procuraduría Agraria representa mucho más que una coordinación administrativa. Llevar la educación a los ejidos y comunidades agrarias significa reconocer que la justicia social no se construye solo desde los tribunales o las oficinas públicas, sino también cuando una persona aprende a leer el mundo y descubre que tiene derechos.
Paulo Freire, en síntesis con varias de sus lecturas, sostenía que la alfabetización nunca consiste solamente en aprender letras. Es, ante todo, un proceso mediante el cual las personas desarrollan una conciencia crítica sobre la realidad que viven y adquieren herramientas para transformarla. La educación deja de ser una transmisión mecánica de conocimientos para convertirse en una práctica de libertad.
Esa visión fue retomada durante la firma del convenio al recordar que alfabetizar implica mucho más que enseñar a leer y escribir: significa despertar la capacidad de comprender el entorno, dialogar con él y participar activamente en su transformación.
En los ejidos y en las comunidades agrarias, esa reflexión adquiere una dimensión especial.
Quien sabe leer comprende mejor un acta de asamblea, un certificado parcelario, un contrato, una convocatoria o una resolución judicial. Puede ejercer con mayor autonomía sus derechos agrarios, participar en las decisiones colectivas y defender el patrimonio de su comunidad. La alfabetización fortalece la democracia comunitaria porque fortalece la participación informada.
De ahí que la educación y la justicia agraria no sean agendas separadas. Son dos caminos que convergen hacia un mismo propósito: ampliar derechos y reducir desigualdades en los ejidos y en las comunidades agrarias. No habrá justicia agraria plena sin garantizar también el derecho a la educación para las personas titulares de derechos agrarios y sus familias.
La alianza entre ambas instituciones permitirá aprovechar la red nacional de más de mil Centros de Atención Agraria, presentes en los 32 mil 500 ejidos y comunidades del país, para acercar los servicios educativos a millones de personas que históricamente han permanecido al margen de ellos.
En tiempos en los que suele medirse el desarrollo únicamente por carreteras, infraestructura o inversión, conviene recordar una verdad sencilla: ningún territorio, y mucho menos las comunidades agrarias, puede prosperar plenamente si su población permanece excluida del conocimiento.
Alfabetizar el territorio significa sembrar capacidades donde antes hubo exclusión. Significa que la transformación nacional no termina cuando disminuyen las estadísticas del analfabetismo; comienza realmente cuando cada persona puede ejercer sus derechos con libertad, comprender su realidad y participar en la construcción del futuro de su comunidad.
Freire decía que nadie educa a nadie por sí solo: las personas se educan unas a otras en comunión con el mundo que comparten.
Quizá esa sea la mejor forma de entender este convenio: como un compromiso para que el conocimiento llegue donde históricamente más se necesita, especialmente a los ejidos y comunidades agrarias. Porque cuando la educación echa raíces en el territorio, también florecen la justicia, la organización comunitaria y la esperanza.