Advierten académicos condiciones para Lawfare en México

Durante el cierre del Seminario “Lawfare en América Latina: características, impacto y proyección” de la UACM del Valle, los académicos Georgette Ramírez Kuri y Anibal García Fernández, del Observatorio de Lawfare en América Latina del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, advirtieron que en México se construyen condiciones para ejecutar lawfare en contra de la Cuarta Transformación.

El término lawfare se refiere a la instrumentalización de las instituciones del poder judicial y los medios corporativos de comunicación para impedir o terminar mediante el mal uso de los mecanismos jurídicos tradicionales el avance de proyectos progresistas en América Latina. Es una manera relativamente novedosa en que, desde Estados Unidos y en alianza de las derechas latinoamericanas, se hace la guerra por medios no convencionales a los gobiernos progresistas del continente.

Ramírez Kuri advirtió que existe un “lawfare potencial” en México, dado que el poder judicial ha buscado participar en la política mexicana. En nuestro país, este poder ha construido una red en complicidad de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, Organismos Constitucionales Autónomos y medios corporativos de comunicación para incidir en la toma de decisiones públicas y contrarrestar el mandato popular expresado en las urnas por una mayoría de votantes que defiende el proyecto de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Aníbal García señaló también la complicidad entre organizaciones como el IMCO, dirigido por el empresario Claudio X. González con medios nacionales e internacionales de comunicación y miembros del poder judicial y la política mexicana. Esta organización, junto a otras, recibe fondos de la USAID, agencia estadounidense que promueve el interés geopolítico del vecino del norte. Otro de las organizaciones ligadas al magnate, denominada “Litigio Estratégico” y fundada durante el sexenio de López Obrador, se encarga de la tarea de promover amparos y otros recursos judiciales para frenar las reformas políticas y proyectos de desarrollo promovidas por este gobierno.

A su vez, esta red de complicidad cuenta con el apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. La ministra 21 de 24 iniciativas de decreto en el poder judicial en contra de los proyectos de gobierno. Por otro lado, ha promovido la declaración de inconstitucionalidad en al menos 14 leyes reformadas por Morena y el bloque de gobierno.

Los académicos advirtieron que, a pesar de no existir aún una judicialización del presidente de la República, la derecha mexicana se ha dedicado a construir redes de financiamiento, división del trabajo judicial, mediatización y ataque político a las intenciones transformadoras en México. Por tanto, la potencialidad de lawfare lanza alertas, sobre todo bajo el escenario actual, en que Morena habría de volver a ganar las elecciones federales de 2024, como indican todas las encuestas.

Luego de las transiciones a la democracia en América Latina, Estados Unidos ha usado herramientas no convencionales para hacer la guerra sin armas. Por tanto, los movimientos sociales progresistas y los partidos políticos populares deben estar alerta ante cualquier señal de intento de golpe mediático, judicial o parlamentario en contra de nuestros países.