Abrazar la diversidad privada de la libertad: Hacia un sistema penitenciario justo e incluyente

El sistema penitenciario, concebido para que las personas purguen una condena y logren una futura reinserción social, ha sido históricamente un microcosmos donde las desigualdades y discriminaciones del mundo exterior se intensifican para toda la población privada de la libertad pero que se ha recrudecido de forma significativa para las personas LGBTI y otros grupos prioritarios. El proceso rumbo a la cárcel y una vez dentro, está marcado por una serie de problemáticas agudas que vulneran sus derechos humanos fundamentales, especialmente el acceso a la justicia y el debido proceso, perpetuando ciclos de injusticia y exclusión.

El primer eslabón de esta cadena de vulneraciones es el sistema judicial mismo. Las lgbtfobias arraigadas en el proceso de la impartición de justicia, distorsionan el debido proceso y el acceso al derecho a la justicia; pruebas de ello están documentadas en distintos artículos y libros en los que personas LGBTI han denunciado detenciones arbitrarias, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad e incluso desapariciones o la imputación de delitos ya derogados, como las faltas a la moral, pero que durante décadas fueron el pretexto perfecto para que se dictaran sentencias condenatorias contra muchas personas LGBTI, desde el Baile de los 41, sin omitir la época oscura de Durazo, en la Ciudad de México, ya a finales del siglo XX. Las personas LGBTI, han sido víctimas frecuentes de detenciones arbitrarias o con dolo, basadas en estereotipos y prejuicios, no en evidencias. Esta criminalización por identidad u orientación suele derivar en procesos viciados: testimonios sesgados, falta de defensa adecuada, y una presunción de culpabilidad que ha venido pesando más que cualquier prueba. El resultado son encarcelamientos injustos, donde la celda muchas veces no es consecuencia de un delito probado, sino de la intolerancia institucionalizada. 

Esta denegación de justicia es la puerta de entrada a un infierno mayor, pues una vez dentro, la segregación ha venido siendo la norma, no la excepción. Adentro, la falta de políticas claras y protocolos de protección las ha dejado a merced de otros internos y, en ocasiones, incluso del personal penitenciario indiferente o cómplice. Afuera, la precarización económica y social que muchas arrastran desde fuera, fruto de la discriminación laboral, económica, social y familiar, ha provocado que sobrevivir día a día se convierta en una batalla agotadora contra el hambre, la violencia, la falta de insumos básicos de higiene y cuidado personal, y el abandono.

Frente a este panorama desolador, la resistencia y la solidaridad emergen. De manera emblemática, Almas Cautivas se ha erigido como un bastión de esperanza para las mujeres trans en reclusión. Su labor incansable no solo provee lo básico, insumos de higiene, cuidado personal, ropa adecuada, sino que ofrece acompañamiento psicosocial, asesoría legal y, sobre todo, el reconocimiento de su humanidad y dignidad, tan frecuentemente negadas. Por otro lado, organizaciones como la Red Gay Latino han contribuido a visibilizar y atender las necesidades específicas de hombres gay privados de libertad, brindando apoyo emocional, denunciando abusos y apoyando en sus derechos.

Esta labor crucial ha encontrado un eco vital en las instituciones Por ejemplo, entre 2015 y 2018, bajo el liderazgo de la Diputada Rebeca Peralta León al frente de la Comisión de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se materializaron acciones transformadoras, como la realización de Marchas del Orgullo LGBTI al interior de los centros penitenciarios, que desde entonces no han sido un mero acto simbólico; sino un grito de visibilidad y reivindicación en el corazón de la oscuridad, un mensaje potente de que ser LGBTI no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, incluso tras las rejas. Estas acciones, junto con la gestión de donaciones constantes y el apoyo a familiares han demostrado que otro trato es posible. La continuidad del trabajo de Almas Cautivas, pionera indiscutible de esta gran labor, es un testimonio de la necesidad y el impacto de esta labor.

La acción de las organizaciones civiles y los esfuerzos legislativos, pueden verse fortalecidos gracias la reforma judicial, que ha sido profunda y estructural, que ha buscado diezmar los vicios enquistados, la corrupción que se alimenta de prejuicios y facilita detenciones arbitrarias o encarcelamientos injustos de personas LGBTI. La justicia no puede tener un rostro discriminatorio; se requieren mecanismos eficaces de rendición de cuentas, la depuración de elementos corruptos, y la implementación obligatoria de protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual en todas las etapas del proceso penal: desde la detención hasta la sentencia. La nueva conformación del poder judicial debe ser vista no solo como un cambio de personas, sino como una oportunidad histórica para inyectar transparencia, capacitación obligatoria en derechos humanos LGBTI y cero tolerancia a la discriminación. Solo reconstruyendo la confianza en la institución judicial se podrá prevenir que la homofobia y transfobia sigan siendo motores de privación injusta de la libertad.

La situación de las personas LGBTI privadas de libertad es un termómetro de la salud democrática y del compromiso real con los derechos humanos. Su encarcelamiento injusto, la violencia sistémica que enfrentan dentro de las prisiones, y las condiciones que las empujan a la marginalidad, son fallas profundas del sistema. La obra de la Diputada Peralta León y la Comisión que presidió, y cuya labor no se ha detenido desde entonces y hasta nuestros días, junto con el trabajo vital de organizaciones como Almas Cautivas y la Red Gay Latino, allanan el camino, de cara a un porvenir más justo y libre. Evidencian que se necesitan actores políticos comprometidos, sensibles a las interseccionalidades de la discriminación, capaces de impulsar políticas públicas específicas, reformas legales y protocolos de atención que garanticen el debido proceso, el respeto a la orientación sexual y la identidad de género, la protección contra la violencia y condiciones de reclusión dignas. Junto con una reforma judicial valiente que buscará erradicar la corrupción y los prejuicios, se requieren acciones clave para cerrar las abismales brechas de desigualdad que afectan a estos grupos de atención prioritaria y construir una cultura de respeto, inclusión y visibilidad dentro de las instituciones penitenciarias y judiciales. La libertad, cuando llegue, no debe encontrar a una persona destruida, sino a alguien cuya dignidad fue preservada incluso allí donde fue privada de su libertad. Esa es la verdadera medida de la justicia.