A ocho años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia: Reparación social, deudas de justicia y el desplome del modelo entreguista

Este 1 de julio se cumplen ocho años de la jornada electoral de 2018, una fecha que marcó el desmantelamiento de las políticas de seguridad, economía y gestión social de las administraciones de derecha en México con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

A casi diez años de que las personas salieron a las urnas para cambiar todo, las cosas se mueven de otra manera. Se le puso fin a los pactos de guerra con Estados Unidos y se desempolvaron casos de abusos a derechos humanos que los gobiernos anteriores tenían congelados.

El fin de la Iniciativa Mérida y el quiebre del modelo de seguridad

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la estrategia anticrimen estuvo condicionada a la Iniciativa Mérida, un acuerdo de asistencia firmado en 2007 con Estados Unidos que implicó la inyección de más de 3,300 millones de dólares enfocados en armamento bélico pesado y aeronaves tácticas. El recuento de los hechos oficiales expone el colapso de este modelo tras la sentencia en cortes estadounidenses de Genaro García Luna, principal arquitecto de la estrategia en México, hallado culpable de colaborar con organizaciones criminales mientras operaba los recursos e inteligencia bilaterales.

A partir de la transición política con la llegada de López Obrador, este esquema de cooperación intervencionista, impulsado por los sectores de la ultraderecha tradicional, fue sustituido por el Entendimiento Bicentenario, frenando la compra de equipo de guerra y modificando el enfoque hacia la atención de las causas sociales y la seguridad con el apoyo del despliegue de la Guardia Nacional.

Expedientes de derechos humanos: Situación actual de los casos

La adiministración del expresidente López Obrador supuso también un impacto directo en las estructuras judiciales y en el tratamiento de casos que la administración pública del viejo régimen mantuvo archivados, bajo versiones oficiales controvertidas o con impunidad sistemática. El estado actual de estos expedientes clave se desglosa a continuación:

◾ Pasta de Conchos: Tras años de suspensión de actividades por parte de las administraciones anteriores, el actual Gobierno reactivó las labores de rescate a través de la CFE, se han recuperado a 31 de los 65 mineros atrapados; 25 han sido identificados y 23 entregados a sus familias.

◾ Los 43 de Ayotzinapa: La investigación de los normalistas desaparecidos en 2014 derivó en una Comisión de la Verdad que echó abajo la versión oficial del sexenio pasado; además se han realizado más de 120 detenciones, entre las que destacan exfuncionarios de alto rango, policías y elementos del Ejército, incluido el exprocurador Jesús Murillo Karam.

◾ Ernestina Ascencio: El expediente de la indígena nahua fallecida en 2007 —clasificado originalmente como muerte por causas naturales por el gobierno de Calderón— fue reabierto ante la CIDH, derivando en un reconocimiento formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano y un plan de reparación integral.

◾ Israel Vallarta: Detenido en 2005 bajo un montaje televisivo orquestado durante la gestión de García Luna. Los informes técnicos señalan que, pese al reconocimiento de las violaciones procesales, las trabas burocráticas dentro de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial había impedido su liberación.

Reconfiguración del gasto público en medios de comunicación

Otro de los cambios factuales sustanciales respecto al régimen neoliberal previo, en la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue la modificación en la asignación de la publicidad oficial. Durante los sexenios anteriores, el Estado destinaba presupuestos multimillonarios a grandes corporaciones de comunicación, consolidando una alianza mediática que blindaba la narrativa gubernamental frente a las crisis de violencia y corrupción.

Los papeles oficiales demuestran que desde 2018 se les recortó el dinero a los grandes medios de comunicación. En su lugar, se abrieron las mañaneras para hablar con la gente sin intermediarios. Esto cambió para siempre la forma de dar las noticias y rompió la vieja relación de complicidad entre el gobierno y los dueños de las televisoras y los periódicos.