Corrupción Inmobiliaria, un nuevo delito que se castigará hasta con 20 años de prisión en la CDMX

La corrupción inmobiliaria ya es considerada un delito en la Ciudad de México y podrá castigarse con penas de 10 hasta 20 años en prisión, de acuerdo con la reciente Reforma al Código Penal de la Ciudad de México (CDMX) publicada este martes 16 de abril en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Esta medida fue impulsada por el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, desde el pasado 9 de enero de este año, y busca atender las demandas de numerosas comunidades vecinales que han sufrido las consecuencias de prácticas corruptas en el sector de la construcción. 

El delito de corrupción inmobiliaria se define como la acción u omisión de un servidor público que permita la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales sin cumplir los requisitos legales establecidos. Esta conducta ilícita conlleva a las penas ya mencionadas, independientemente de otras sanciones que puedan aplicarse por otros delitos cometidos por el mismo individuo. 

El jefe del gobierno capitalino informó que a través de una serie de denuncias por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), al momento, en la Alcaldía Benito Juárez, se han identificado 130 obras irregulares con más pisos construidos que los permitidos, los cuales se le atribuyen al “Cártel Inmobiliario”, un grupo organizado que opera ilegalmente en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano.

Su modus operandi implica la obtención de beneficios económicos mediante la violación sistemática de leyes y regulaciones, como el otorgamiento irregular de permisos de construcción o la autorización de pisos adicionales no permitidos por la ley.   

El jefe de gobierno señaló algunos casos generalizados de inmuebles irregulares tales como: 

• Adolfo Prieto 1224 (tenía permiso para cuatro niveles y se construyeron ocho) 
• Avenida Coyoacán 1524 (tenía permiso para cuatro, se construyeron cinco) 
• Adolfo Prieto 1743 (tenía permiso para seis y se construyeron nueve) 
• Bartolache 1947 y 1949 (se construyeron cuatro pisos y tenía permiso para tres) 
• Mercaderes 68 (tenía permiso para cuatro niveles y se construyeron seis) 

Martí Batres destacó la importancia de abordar este fenómeno, que genera desorden urbano, afecta la armonía de las comunidades y pone en riesgo la seguridad y certeza jurídica de los habitantes. Se ha identificado que la corrupción es el motor principal detrás de estas prácticas, donde funcionarios públicos se benefician económicamente a cambio de autorizar construcciones ilegales o pisos excedentes. Esto ha generado incertidumbre jurídica para los residentes y ha afectado la integridad del paisaje urbano. 

El modus operandi de este grupo delictivo incluye la autorización de pisos adicionales a cambio de beneficios económicos, como dinero en efectivo o departamentos en las construcciones. También se ha observado la creación de empresas inmobiliarias vinculadas a funcionarios públicos, quienes obtienen beneficios indirectos a través de estas empresas. 

Para abordar esta problemática, se promulgó la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, que establece el delito de corrupción inmobiliaria. Las penas por este delito van desde 10 hasta 20 años de prisión, con la posibilidad de agravarse hasta 30 años si se obtiene un beneficio económico por otorgar permisos indebidos. 

Esta reforma responde a la necesidad de poner fin a prácticas corruptas en el sector inmobiliario y garantizar un desarrollo urbano ordenado y respetuoso con las comunidades. Es un paso importante para proteger los derechos de los ciudadanos y preservar la integridad del entorno urbano así como garantizar una vivienda digna a la población en la capital del país.