El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido notificados de 61 denuncias por parte de diversas instituciones del Ejecutivo federal y la Fiscalía General de la República (FGR). Estas denuncias acusan a 50 jueces, 30 magistrados y dos ministros de irregularidades en resoluciones que favorecieron a traficantes de drogas, armas, lavadores de dinero y extorsionadores, de acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las denuncias, recibidas entre el 26 de enero y el 6 de mayo de 2023, aún están pendientes de resolución. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, órgano del CJF encargado de la investigación, no ha desahogado las quejas presentadas: nueve por la FGR, 42 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una por la Procuraduría Fiscal, una por la Secretaría de Energía y siete por la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Entre los jueces y ministros denunciados se encuentran el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna; y los ministros Luis María Aguilar Morales, por el caso Elektra y conflicto de intereses en la reforma eléctrica, y Alberto Pérez Dayán, también por la Ley Eléctrica.
La primera queja fue presentada el 26 de enero por la SSPC contra el juez Gregorio Salazar Hernández, involucrado en un juicio de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por presuntas anomalías al absolver a Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo.
Ese mismo día, la SSPC presentó quejas contra el juez Daniel Ramírez Peña, por exculpar a Doña Lety, líder del Cártel de Cancún, y contra la jueza Yolanda Cecilia Chávez, por absolver a Ramón Ángel N, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Documentos consultados revelan cuatro casos de quejas por liberar o negar órdenes de captura a miembros del CJNG. El último caso ocurrió el 30 de abril, cuando el juez Rogelio León Díaz no vinculó a proceso a Abraham Oseguera, hermano de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.
Se solicitaron procedimientos contra jueces como Conrado Alcalá Romo, por dejar sin efecto una orden de aprehensión contra El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa; Alejandro Alberto Díaz Cruz, por liberar a un miembro no identificado del cártel de Sinaloa; y Carmen Sánchez Cisneros, por otorgar una suspensión a un narcotraficante para evitar su extradición a Estados Unidos. También se denunció a Fernando García Quiroz, por proteger a Rafael Caro Quintero de la extradición a Estados Unidos.
El 22 de agosto de 2023, se presentaron quejas contra los jueces José Luis Hernández Hernández, Eduardo Alberto Osorio, José Jesús Rodríguez y Ernesto Tavera Villegas, por reducir penas o liberar a huachicoleros, extorsionadores, pederastas, narcotraficantes y homicidas. En particular, Tavera es acusado de liberar a seis implicados en el secuestro y homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia.
El juez Daniel Ramírez Peña eximió al exmagistrado Isidro Avelar, vinculado al CJNG, de enriquecimiento ilícito y peculado.
Magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas y Pablo Domínguez fueron denunciados por la Consejería Jurídica por amparar a Luis Cárdenas Palomino, sacándolo de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. La FGR presentó quejas contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, por confirmar la negativa de capturar a Genero García Luna por enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría Fiscal también denunció al ministro Luis María Aguilar por favorecer a Grupo Elektra en juicios por más de 25 mil millones de pesos en impuestos.