Propone reforma judicial garantizar la protección de los derechos a través de las defensorías públicas

Este martes 6 de agosto se llevó a cabo un foro más de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, el cual se tituló “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía” y se realizó en la ciudad de Saltillo, en Coahuila.

Diputados federales, miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), participaron en el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

En este foro la discusión se trató sobre las propuestas para fortalecer la defensoría pública y dotarla de recursos necesarios para dar acceso a las personas a una representación legal y a la justicia.

Durante este foro el Senador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que, a todas las personas, sin distinción, serán respetadas, por lo que dijo, que la defensoría de oficio es para que las personas pueden defenderse por si mismas o acudir a las instituciones de defensoría pública, las cuales sin costo alguno deben proporcionar asesoría y representación legal con el objetivo de proteger sus derechos.

Además, señaló que las personas que se denominan defensoras públicas constituyen una obligación del estado, ya que, “a este le corresponde el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia por medio de defensa y asesoría en favor de las personas que lo requieran, cuando se transgredan derechos o cuando enfrenten un problema legal.

Ricardo Monreal señaló que en la reforma al Poder Judicial que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, por primera vez se establece que el Estado debe proveer con un defensor de oficio al inculpado y que simultáneamente surja el defensor de oficio.

Por su parte, Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, señaló que esta reforma tiene que ver con la cercanía que tienen el poder judicial con la gente, incluso, enfatizó que los poderes judiciales locales solamente cuentan con seis defensorías públicas del Poder Judicial, ya que las otras 26 pertenecen a los poderes ejecutivos estatales.

Mery Ayup detalló que en México solo existen 6 mil 363 defensores públicos y asesores locales, quienes atienden casi dos millones y medio de asuntos anuales, es decir cada defensor jurídico atiende 370 asuntos. Sin embargo, también hay entidades donde se atienden 800 casos anuales. Incluso, detalló que cada defensor público de Coahuila gana 20 mil pesos y un Ministerio Público gana 25 mil pesos.

El diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, resaltó que es falso que se esté en contra de que ninguna coma se le quite a la iniciativa y mencionó que cuando concluyan los foros y se tenga un panorama del sistema integral de justicia penal, en su momento, los que sean legisladoras y legisladores podrán presentar iniciativas al respecto, donde también el Poder Judicial tiene la atribución de presentar iniciativas.

También, indicó, es falso que solo se han dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer sus posturas y recordó que han hablado en diversos foros, por lo que afirmó que ha habido apertura porque se debe discutir y debatir, ya que “necesitamos escucharnos y ver qué le conviene al pueblo de México. Habrá temas que queremos que se debatan y que no están en la propuesta del 5 de febrero del presidente de la República”.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara, consideró que este tema y el del siguiente foro son los que verdaderamente deberían tener una reforma judicial por el beneficio del pueblo mexicano, “como es la procuración de justicia, la defensoría pública, reforma a los poderes judiciales locales e incluso la colegiación obligatoria”.

También explicó que lo que realmente le afecta a la gente, día con día en la justicia cotidiana es no tener acceso a una defensa, a alguien que les resuelva su problema y les dé justicia. “Para el PAN, el tema de la defensoría pública ha tomado un valor importantísimo, porque se defiende la dignidad de la persona humana y, para ello, la gente debe tener acceso a una defensa gratuita, profesional y de calidad”.

El diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, puntualizó que se tiene la oportunidad de incorporar en la reforma el tema de la colegiación obligatoria, aspecto que representa un reto para el sistema de justicia, sobre todo para quienes tienen la obligación de legislar y ofrecer una alternativa que permita al pueblo acceder de manera plena a todos los derechos y a un sistema de justicia humano, accesible, transparente y eficiente.

Añadió que el papel de las y los abogados de la defensoría pública, así como la planeación judicial en el país, también son asignaturas pendientes.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, destacó que en pleno siglo XXI no se ha logrado una defensoría eficaz para el pueblo de México y mencionó que el 84% de la población va con defensores de oficio, quienes están “sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas como si defender al pueblo de México fuera un trabajo degradante cuando es un trabajo fundamental”.

Noroña expuso que se asignaron 78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación, de los cuales cinco mil 787 son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura y tres mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Fernández Noroña sostuvo que hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores para que lo sean.

Sandra Lucía Rodríguez Wong, candidata al doctorado en Derecho Constitucional y catedrática, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que la ley general marcará los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, y a partir de ella tendrán que sujetarse los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables y sería obligatoria para todos los estados y defensorías públicas.

El coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, dijo coincidir en la especialización de los abogados para ejercer la profesión; se requiere todo un marco regulatorio sobre la intervención del Estado, la autonomía universitaria, la educación superior y los colegios para generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente.

“Tenemos que atender el problema de raíz, y es que la abogacía mexicana requiere de profesionalización, responsabilidad y ética. “Es injusto acusar a las y los juzgadores de las cuestiones que están pasando en los tribunales por el problema de las y los abogados”, destacó el académico.

Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, mencionó que se tiene que apoyar la carrera judicial y consideró indispensable triplicar el número de juzgados federales, colegiados de apelación y de circuito, así como los tribunales. “Es importante evitar que todo se judicialice; se debe cambiar esta cultura”.

El titular del Área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, puntualizó que los colegios deben ofrecer la garantía de una profesionalización constante y especializada, así como la existencia y creación de un régimen disciplinario para el gremio. “Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y garantías para que no resulte contraproducente pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional”.

Diana Berenice López Gómez, trabajadora del Poder Judicial, consideró que se necesitan más órganos jurisdiccionales y no destruir al Poder Judicial Federal. “Que los jueces y magistrados sean los que elijan al personal, porque la obligación del juez no sólo es dictar las sentencias; el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es administrativa, otra el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de la sentencia”.

El próximo foro de los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial está planeado para el 8 de agosto, el cual se llevará a cabo en Sinalo