República de Pantalla

La democracia y el dinero nunca se han llevado bien. En México los grandes desafíos de las reformas electorales y políticas en este terreno han sido los siguientes:

1.- Primero, se trató de acotar y dividir el desvío ilegal de recursos públicos hacia el otrora partido hegemónico (el PRI) en las reformas de 1977-79 y de 1986.

2.- Después garantizar un financiamiento público que frenara el escándalo de las aportaciones millonarias del sector privado (como ocurrió en 1994 tras el escándalo de la cena del “pase de charola” de 1993).

3.- Tras los escándalos de financiamiento ilegal del 2000 (el Pemexgate y los Amigos de Fox) se reforzó la fiscalización y se prohibió el dinero privado en las campañas electorales.

4.-Tras la guerra sucia en los medios masivos del 2006, financiada por fantasmales organismos empresariales vinculados a Felipe Calderón, se creó un complicado y complejo “modelo comunicacional” que no evitó el escándalo de la “compra” presidencial del 2012.

5.-El ascenso del peñismo en 2012 representó la más grosera intervención de los dineros público, privado e ilegal para llevar al poder a un tele-presidente que acabó en los peores índices de aceptación. El retorno del PRI a la presidencia fue tan efímero como oneroso para la República.

6.-Las elecciones presidenciales del 2018 demostraron los riesgos latentes de la presencia del dinero y de la “compra del voto” que no pudieron evitar el ascenso de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento conocido como Cuarta Transformación al poder presidencial.

Ahora, en 2022, cuatro años después de la llegada a la presidencia de la República y tras las primeras elecciones federales (2021) donde estuvo prohibida la compra masiva o clientelar del voto, se propone una amplia y ambiciosa reforma electoral para terminar con el oneroso gasto de mantenimiento a las burocracias partidistas.

Tan sólo de 1994 a 2006, los 12 años de la “edad de oro” del financiamiento público a los partidos, los recursos destinados a estas organizaciones pasaron de 200 millones de pesos a 5 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de 4,450 por ciento.

Una auténtica grosería: los años económicos más difíciles para la mayoría de los mexicanos representaron la bonanza para las burocracias partidistas. La “era de la alternancia” PRI-PAN-PRD representó el gasto más grosero de dinero público para sostener aparatos partidistas cada vez más ajenos a las necesidades de la población y de su propia militancia.

La actual propuesta de reforma electoral plantea eliminar el financiamiento público ordinario de los partidos políticos nacionales y locales, para conservar sólo el financiamiento que se le otorga a los partidos durante los tiempos de campaña electoral.

Esto representará una disminución de los 11 mil millones de pesos actuales que el Estado entrega de subsidio a los partidos políticos para reducirlos a los 5 mil millones de pesos, es decir, una reducción del 66 por ciento, que podría y debería ser mayor.

La reforma también plantea nuevas reglas y topes para la obtención de recursos privados. Se prohibe que una persona física done en un año a más de un partido político y se reforzarán las medidas de fiscalización para frenar el ingreso del dinero sucio, proveniente del crimen organizado o de otras actividades ilegales.

Esta es una de las “nueces” principales de la actual reforma electoral cuya discusión deberá tomar en cuenta el hartazgo de los ciudadanos con los grandes aparatos políticos y partidistas que se han vuelto una élite burocrática, onerosa e improductiva.

@jenarovillamil