Desmercantilización de partidos políticos

El Presidente de la República hizo llegar a la Cámara de Diputados la reforma político-electoral que reformaría 18 artículos Constitucionales, entre ellos, el artículo 41 de la Carta Magna [como dato, es el artículo más extenso de la Constitución, contiene más de cuatro mil palabras]. Dicha reforma pretende, entre varias cosas, desmercantilizar a los Partidos Políticos para dignificarlos y reivindicar su función originaria en el sistema democrático nacional a través del replanteamiento del financiamiento público que les da los maleficios o beneficios que hoy ostentan.

Defender a los partidos políticos, por su alto costo en México, representa un verdadero reto; si bien son entidades de interés público que institucionalizan y pretenden representar ideologías, valores y principios, también es cierto que son las instituciones públicas más desprestigiadas y, muchas veces, deslegitimadas ante los ojos del pueblo. Los intereses de las élites partidistas han fragmentado la tarea que tienen estos −los partidos− de promover la participación social de la población en la vida democrática de México e, incluso, algunos han dejado de ser un instrumento que tiene el ciudadano para acceder al poder a través de la organización y la militancia.

La mercantilización de los partidos políticos, por parte de organizaciones ciudadanas con dimensiones empresariales, ha encontrado en estas instituciones de interés público la forma legal y justificada de obtener un financiamiento público para fines privados y de privilegios a costa de la democracia. Como ejemplo de ello tenemos a empresarios como Claudio X. González, la familia Madrazo, Gustavo de Hoyos, Ricardo Salinas Pliego; quienes buscan incidir en la vida pública del país a través de partidos políticos o, en su caso, creando alianzas políticas como son el Pacto por México o Va por México para beneficio propio.

Tan solo en el 2019 más de 100 organizaciones sociales buscaron obtener el registro como partido político, entre ellos se encontraron Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo y el rotundo fracaso de México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, asociación que presentó irregularidades desde las aportaciones económicas recibidas para su constitución, en su afiliación y en sus asambleas, según la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación −quien les negó el registro−.

Hemos visto el nacimiento y la muerte de partidos políticos satélite carentes de principios ideológicos al servicio del mejor postor, formados a través de prácticas viciadas como el clientelismo y el corporativismo como son el caso del Partido Sinaloense en Sinaloa, los ya extintos Partido Encuentro Social y Fuerza por México, por decir algunos. 

Actualmente, nuestra constitución, en su artículo 41, señala que los partidos políticos que tengan o mantengan su registro tienen derecho a acceder a las prerrogativas y de recibir financiamiento público de forma equitativa; siendo este superior, en todo momento, al financiamiento privado. Esta condición atiende al principio de proporcionalidad en la contienda electoral, reafirmando nuestro sistema de financiamiento de partidos de carácter mixto. 

El financiamiento de los partidos políticos está destinado a tres actividades principales; primero, actividades ordinarias: gastos destinados para actividades permanentes; es decir, cubrir gastos relacionados al pago de servicios básicos, nómina, arrendamientos etc. Segundo, destinado a aquellas actividades tendientes a la obtención del voto durante algún proceso electoral, que suele aumentar en los procesos electorales para Presidente de la República. Y tercero, actividades específicas: refiriéndose a estas como aquellas enfocadas a procesos de capacitación, fomento a actividades cívicas, formación política, educación, entre otros.

Atendiendo a las necesidades antes señaladas y a las reglas aritméticas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, en el año 2020, asignó un presupuesto anual de más de 5 mil 239 millones de pesos, del cual 4 mil 988 millones eran para gastos ordinarios. 

Con cantidades exorbitantes a favor de los partidos políticos, aportaciones privadas no declaradas, sumándole la opaca rendición de cuentas, vuelve a estos entes políticos centros de inversión segura para élites acaudaladas; garantizando múltiples ganancias, mismas que van desde el retorno de utilidades a mediano plazo, hasta el fortalecimiento de sus intereses económicos a través de contratos, cabilderos y leyes al amparo del poder político; lo mejor, que todo esto a costa del dinero de millones de mexicanos que se ven privados de beneficios como son programas sociales, mejoras en servicios básicos, servicios de salud, educación e infraestructura.

Para dejar de lado la concepción de tener a un partido político como centro de inversión al servicio de unos pocos, y poder mejorar y dignificar a los partidos políticos, se necesita separar el poder político del poder económico. La reforma electoral plantea iniciar con esa separación, eliminando únicamente el financiamiento público de carácter ordinario, obteniéndose de los simpatizantes y militantes; obligando a los partidos a activarse y activar a sus estructuras políticas permanentemente para la obtención del financiamiento legal de carácter privado, fortaleciendo estas instituciones, dejando atrás el alto costo partidario a cargo del erario público.

Con lo anterior no significa que prevalecerá el sistema de partidos al servicio de los que mejor o más paguen, pues se mantendrá la obligación de los partidos a rendir cuentas, a transparentar sus procesos de financiamiento privado, a no rebasar los topes de gastos de campaña. Por el contrario, si bien la reforma busca mayor austeridad partidaria, también pretende fortalecer el vínculo entre los partidos políticos y sus simpatizantes; quienes tendrán el derecho a exigir cuentas por ser los financiadores directos de las actividades ordinarias del partido que militan o simpatizan.

La dignificación de nuestros partidos políticos es vital, pues nuestra democracia tiene sus mayores cimientos en el sistema de partidos, es por ello por lo que la interacción de los militantes con el instituto político debe fortalecerse y premiarse o condenarse con las aportaciones que pueden o no hacer los particulares; la politización y activación del pueblo en la vida interna de un partido propicia de forma orgánica mayor interés en la vida pública de un país y con ello, el fortalecimiento de los procesos democráticos.

Rashid de la Peña

Licenciado de Derecho Egresado de la UNAM, especialista en derecho constitucional, derechos humanos y filosofía política. Activista universitario. Excolaborador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por la UNAM. Militante-fundador del partido de Movimiento de Regeneración Nacional.

@Rashidelap