Reactivan en Argentina juicios por crímenes de lesa humanidad a 50 años del golpe de Estado de 1976

A 50 años de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), la justicia argentina reactivó juicios sin concluir por crímenes de lesa humanidad y avanzó en nuevas imputaciones contra exmilitares, en medio de críticas al Gobierno del presidente Javier Milei por impulsar beneficios para represores condenados.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien asumió la Presidencia de Argentina, tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón. 

Con su derrocamiento, se instauró una junta militar que autodenominó a su régimen como "Proceso de Reorganización Nacional". Este golpe de Estado no solo clausuró el Congreso y suspendió las garantías constitucionales, sino que dio inicio a un plan sistemático de terrorismo de Estado diseñado para aniquilar cualquier disidencia mediante el uso de la fuerza y la represión clandestina.

En dicho lapso, Argentina vivió una de las dictaduras militares más violentas de su historia, un periodo marcado por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y robo de bebés en centros clandestinos de detención operados por las Fuerzas Armadas. Organismos de derechos humanos estiman que alrededor de 30 mil personas fueron desaparecidas durante el régimen militar.

Uno de los casos más impactantes es el procesamiento del teniente retirado Alberto Raúl Cazoux por su participación en un operativo realizado en septiembre de 1976 en Martínez, provincia de Buenos Aires, donde fuerzas militares asesinaron a cuatro integrantes de la familia Lanuscou y desaparecieron a Matilda, una bebé de seis meses que hasta hoy continúa siendo buscada por las Abuelas de Plaza de Mayo. 

La investigación sostiene que el Ejército simuló la muerte de la menor y presentó un ataúd vacío ante vecinos y testigos.

El avance judicial ocurre mientras organizaciones de derechos humanos denuncian intentos del gobierno argentino por beneficiar a represores. Ejemplo de ello es que la semana pasada, el exagente de inteligencia Eduardo Ruffo obtuvo prisión domiciliaria pese a haber sido condenado a cadena perpetua por apropiación de bebés y desapariciones forzadas durante la Operación Cóndor.

En paralelo, la justicia federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de 12 detenidos-desaparecidos hallados en el predio de La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura. El hallazgo, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, puso en evidencia la magnitud del terrorismo de Estado ejercido entre 1976 y 1983.

Entre las víctimas identificadas están Esther Felipe y Luis Mónaco. Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, radicada en México, compartió un mensaje en redes sociales en el que celebró el reencuentro simbólico con sus padres tras décadas de búsqueda. 

Por otro lado, las excavaciones en fosas clandestinas continúan en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de una reserva militar en Córdoba, donde especialistas han recuperado numerosos restos óseos humanos, e indicaron que las acciones se extenderán hasta septiembre.

Además, un tribunal de Morón condenó recientemente a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea Argentina por delitos cometidos en centros clandestinos como Mansión Seré y la base aérea de Morón, reabriendo capítulos de una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

Aunque aún permanecen abiertos numerosos juicios, organismos de derechos humanos destacan que la búsqueda de memoria, verdad y justicia mantiene fuerza social, especialmente tras las multitudinarias movilizaciones encabezadas este año por las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, acompañadas por miles de jóvenes.