Giran orden de aprehensión en contra de Alejandro Irarragorri por supuesto fraude fiscal

Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes de fútbol Santos Laguna y Atlas, fue declarado prófugo de la justicia este 25 de abril luego de no presentarse a una audiencia relacionada con una presunta defraudación fiscal superior a 17 millones de pesos.

El empresario, una de las figuras más influyentes del fútbol mexicano, enfrenta una orden de aprehensión girada por el juez de distrito Luis Alfredo Mendoza García, bajo el argumento de que Irarragorri evadió su comparecencia en una audiencia judicial programada para el pasado 24 de marzo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón.

De acuerdo con el club Santos, la audiencia, originalmente celebrada en formato virtual el 20 de marzo, fue cancelada sorpresivamente por el propio juez, quien convocó una nueva cita “sin respetar los tiempos legales establecidos”.

La acusación tiene como origen una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala presuntas maniobras contables realizadas entre enero y julio de 2017.

En ese periodo, se habrían realizado pagos millonarios al plantel y cuerpo técnico bajo el concepto de “primas de riesgo de trabajo”, exentos del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), lo cual habría generado un perjuicio al fisco federal.

Entre los beneficiarios de estas operaciones estarían figuras como Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo, Osvaldo Martínez y Benjamín Galindo, entre otros.

Los pagos habrían sido canalizados mediante un fideicomiso, utilizando un contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, práctica que ya había sido señalada como riesgosa por autoridades fiscales.

De acuerdo con el equipo lagunero, Irarragorri compareció por videoconferencia en la audiencia del 20 de marzo, cumpliendo con los requisitos de ley. Sin embargo, al ser cancelada repentinamente y reprogramada para el 24 del mismo mes, no fue notificado formalmente ni se le apercibió, aseguraron sus abogados.

Llegado el día, el empresario no apareció. La ausencia se convirtió en delito, y su nombre quedó sellado bajo la categoría de “sustraído de la acción de la justicia”, con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que este hecho ocurre mientras Grupo Orlegi atraviesa una etapa de transición interna, luego de que desde octubre del año pasado Irarragorri cediera la presidencia de Santos Laguna a su hijo, Alejandro Irarragorri Kalb, de apenas 24 años.

Aunado a ello, recordemos que este no es el único caso.

El fútbol mexicano ha sido escenario de escándalos que involucran corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Entre ellos destacan:

El caso de Guillermo Lara, quien durante los 2000 fue una de las figuras más influyentes del fútbol mexicano como representante de jugadores y dueño de la empresa “Promanage”. Bajo su tutela, se cerraron fichajes millonarios, pero también surgieron denuncias por triangulación de recursos y evasión de impuestos que fueron detectados e investigados por la Secretaría de Hacienda.

La historia reciente del Club Veracruz, quien bajo la presidencia de Fidel Kuri Grajales, acumuló deudas millonarias con jugadores, proveedores e incluso la propia liga. En 2021, Kuri fue detenido por fraude tras una demanda de Grupo Salinas por incumplimiento en el pago de derechos televisivos.

Otra de estas prácticas ampliamente extendida en el fútbol mexicano ha sido la de los "dobles contratos". Jugadores, promotores y clubes firman un contrato oficial para presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y otro, con cifras mucho más altas, que refleja el salario real. Esta forma de evasión sistemática ha sido detectada en equipos de alto perfil como América, Chivas y Cruz Azul.

Uno de los casos más complejos y mediáticos es el de Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y del club del mismo nombre. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una red de desvío de recursos por más de mil 200 millones de pesos a través de empresas fachada.