Emite CIDH recomendaciones para fortalecer las acciones del Gobierno de México contra la desaparición de personas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Desaparición de Personas en México”, el cual emite 40 recomendaciones para fortalecer las acciones impulsadas por el Gobierno de México para prevenir, buscar, investigar y sancionar este fenómeno. 

Entre las principales recomendaciones, la Comisión plantea evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad y reforzar las investigaciones para esclarecer responsabilidades. 

Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, mejorar la coordinación entre instituciones, avanzar en la interoperabilidad de registros y bancos de datos, así como consolidar un enfoque masivo de identificación humana y garantizar la entrega digna de cuerpos a las familias.

El informe también subraya la importancia de ampliar los apoyos económicos y la atención integral a las familias buscadoras, además de impulsar acciones de memoria, verdad y justicia tanto para los casos del pasado como los actuales. 

La CIDH reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en la implementación de estas medidas.

En este mismo sentido, la Comisión reconoció la labor de colectivos y familiares de personas desaparecidas, destacando su participación en la búsqueda de verdad y justicia en medio de contextos de riesgo y amenazas.

De acuerdo con el documento, hasta junio de 2025 se registraban más de 128 mil personas desaparecidas en México, además de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado. La CIDH señala que gran parte de las desapariciones están vinculadas a la operación del crimen organizado, aunque advierte que persisten casos de desaparición forzada relacionados con la participación o colusión de autoridades locales y corporaciones de seguridad.

El organismo internacional destacó que el fenómeno afecta de manera diferenciada a distintos sectores sociales, entre ellos niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos criminales; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género; periodistas y personas defensoras de derechos humanos; así como personas migrantes expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad en sus trayectos.

En materia de prevención, la CIDH valoró la nueva estrategia de seguridad pública impulsada en 2025 por el Gobierno de México, particularmente el enfoque de “atención a las causas” para combatir la violencia y reducir factores de riesgo asociados a la delincuencia.

Asimismo, el informe reconoce avances institucionales como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020; la creación de la dirección especializada de atención a familiares y colectivos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y la conformación de mecanismos de verdad y memoria relacionados con los hechos de la llamada “Guerra Sucia”.

En los últimos años, el Gobierno de México también ha impulsado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, el incremento de recursos para labores forenses, la creación y actualización de registros nacionales de personas desaparecidas y no identificadas, así como operativos coordinados entre fiscalías y autoridades estatales para localización de personas, jornadas nacionales de búsqueda y programas de capacitación para personal ministerial y forense.

De igual forma, la Comisión encuentra positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia”, incluidas las desapariciones.

No obstante, la CIDH advirtió que persisten desafíos importantes, principalmente en materia de impunidad, debido al bajo número de judicializaciones y sentencias frente a la magnitud del problema.  

Finalmente, la Comisión insistió en que varios de estos retos pueden atenderse mediante una mayor coordinación institucional y colocando al centro a las víctimas y sus familias, con el objetivo de fortalecer el acceso a la verdad y la justicia.