La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que las empresas que concentraron contratos para la elaboración de materiales electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE) continúen participando en nuevos procesos de contratación, y reiteró que el organismo debe sanearse y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de noviembre, la mandataria señaló que la concentración de contratos no se limitó a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sino que se extendió durante distintas administraciones del organismo, entre ellas las de Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, así como en organismos electorales estatales.
“Las empresas que durante años concentraron los contratos de material electoral ya no deberían participar en los siguientes procesos, porque se demostró que constituyeron una mafia dentro de las instituciones”, puntualizó.
Dicha red empresarial, que operó desde 1999 y vinculada con los hermanos Hernández Casillas, Juan Carlos Padilla y Juan Carlos Cuervo Escalona, habrían participado en un esquema de concentración de contratos para la producción y distribución de materiales electorales cuyos montos superan los 2,700 mdp.
La mandataria reiteró que, una vez concluidos los procesos electorales de 2027, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, para revisar la concentración de facultades en el instituto, ampliar la participación ciudadana, disminuir el gasto electoral y modificar el sistema de representación proporcional de los legisladores plurinominales.
Asimismo, Sheinbaum Pardo cuestionó que la reforma electoral de 2014 concentrara en el Consejo General del INE la designación de los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), por lo que planteó revisar si este mecanismo debe mantenerse.
Asimismo, indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar quién ocupará la presidencia del organismo electoral, al tratarse de una decisión que no compete al Ejecutivo federal.
La mandataria insistió en que el objetivo es fortalecer al INE como institución, evitar la concentración de poder y asegurar que los procesos electorales respondan a la voluntad ciudadana.