El presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, Gustavo Jalkh, destacó la importancia de legitimar al Poder Judicial para evitar un déficit democrático.
“Ahí se legitima el Poder Judicial, al atender las necesidades del usuario con equidad, con transparencia, con rendición de cuentas”, añadió.
En entrevista exclusiva para los Medios Públicos con el entrevista Jenaro Villamil, Gustavo Jalkh aseguró, desde la experiencia ecuatoriana, que las reformas en materia judicial deben enfocarse en quitar todas las barreras económicas para que los ciudadanos de todo el país puedan acceder a la justicia de manera equitativa, eficiente y transparente, removiendo la visión de oferta por una que se enfoque en la demanda.
El jurista detalló que la justicia de un país debe tener mecanismos de rendición de cuentas, de atención de quejas y de evaluación, explicó que se requiere “la modernización del sistema […] con un mecanismo de valores” para transformarla.
Gustavo Jalkh puntualizó que es necesario romper con la dinámica en la que una institución culpa a otra en el Sistema Judicial, por lo que relató que en Ecuador se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual coordina las funciones de la Corte, el Congreso, las Fiscalías y todos los actores que estén involucrados en la impartición de justicia, respetando su autonomía y su independencia, pero creando un espacio de diálogo en favor de la ciudadanía.
En México hay menos de 5 jueces por cada 100 mil habitantes. La media en Latinoamérica es de 12
El exministro del Interior de Ecuador explicó que la media en Latinoamérica es de 12 jueces por cada 100 mil habitantes para poder garantizar un Sistema de Justicia eficiente y expedito, los cuales deben estar acompañados de reformas procesales y mecanismos de control. Además, señaló que los jueces deben estar repartidos alrededor del país y no concentrados en las grandes ciudades.
El falso dilema de la derecha
Gustavo Jalkh relató que en Ecuador, durante los últimos años, se ha vivido un retroceso en materia judicial, donde han incrementado los niveles de impunidad bajo “el falso dilema de, como hay inseguridad, te voy a quitar derechos para hacer más efectiva la lucha [...] y al final la gente se queda sin derechos y sin seguridad cuando el Estado está obligado a garantizar las dos cosas”.