Rentar sin miedo

Durante años, rentar en la Ciudad de México se pareció a un volado: cada año el casero decidía cuánto subir y el inquilino aceptaba o empacaba. Esa asimetría es la que busca corregir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 22 de octubre. Y conviene decirlo claro: tiene sustento jurídico sólido.

Primero, la Constitución. El artículo 4 reconoce el derecho a una vivienda digna y decorosa, y el artículo 9 de la Constitución capitalina obliga a las autoridades a garantizarlo. Un derecho que se vuelve inalcanzable porque el alquiler crece sin freno es letra muerta. Además, México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11 protege la vivienda adecuada. El Comité de la ONU ha sostenido que la asequibilidad y la seguridad frente a desalojos forzosos forman parte de ese derecho.

Segundo, la proporcionalidad. Nadie propone congelar rentas ni quitarle nada a nadie. El objetivo central es que las rentas no aumenten por encima de la inflación. Es una regla razonable: el propietario conserva el valor real de su ingreso y el inquilino gana previsibilidad. El derecho de propiedad no es absoluto; el artículo 27 constitucional reconoce su función social, y la libertad contractual siempre ha tenido límites cuando una de las partes está en clara desventaja. Basta pensar en la ley laboral o en la protección al consumidor: el Estado interviene cuando la igualdad entre las partes es solo de papel.

Tercero, los datos. Entre julio de 2025 y julio de 2026 las rentas en la capital subieron 9.6 %, por encima de la inflación acumulada. Cuando el mercado falla de forma tan visible, el Estado no solo puede intervenir: debe hacerlo. A esto se suma la Defensoría Inquilinaria, que da a las familias un lugar a dónde acudir en lugar de enfrentar solas a un despacho jurídico. Para una familia que destina la mitad de su ingreso a la renta, esa orientación puede marcar la diferencia entre quedarse en su barrio o irse a la periferia.

Pero una buena ley siempre puede mejorar. Propongo cuatro ajustes.

1. Regular las rentas de corta estancia. Se ha señalado que la iniciativa no regula Airbnb. Si el negocio turístico es más rentable, muchos propietarios sacarán sus viviendas del mercado habitacional y la ley perderá eficacia. Hay que cerrar esa puerta con reglas claras para las plataformas.

2. Premiar al pequeño arrendador. La mayoría de los caseros no son grandes inmobiliarias, sino familias que complementan su ingreso. Quien respete el tope debería recibir descuentos en predial o deducciones. La regulación funciona mejor cuando cumplirla conviene.

3. Registro digital de contratos y depósitos. Un sistema público, sencillo y gratuito daría certeza a ambas partes sobre el monto, la fecha y las condiciones de cada renta. También facilitaría vigilar que se cumpla el tope sin depender solo de denuncias.

4. Mediación obligatoria y evaluación periódica. Antes de llegar a juicio, las partes deberían pasar por una mediación en la Defensoría. Y cada dos años habría que publicar, con datos abiertos, qué efectos tuvo la ley en precios, oferta y desalojos, para corregir el rumbo con evidencia y no con ocurrencias.

Una ley de rentas no resuelve por sí sola la crisis de vivienda. También necesitamos construir más, y mejor, con vivienda social y para renta. Pero la regulación es un primer paso necesario. Una ciudad no puede presumir su vitalidad mientras expulsa de sus barrios a quienes la hacen funcionar: maestras, enfermeros, repartidores, jóvenes que apenas empiezan.

La ciudad es de quienes la habitan, no solo de quienes la poseen. Esta ley, bien afinada, puede recordárnoslo.

Nota: quienes critican este tipo de topes, como algunos desarrolladores y economistas, advierten que pueden reducir la oferta de vivienda en renta y desincentivar la inversión. Por eso la evaluación periódica que propongo es clave.