Nacionalización de la Industria Eléctrica, una revisión histórica a contrapelo

La historia de la modernidad mexicana suele presentar el decreto del 27 de septiembre de 1960 como un acto presidencial de Adolfo López Mateos para reforzar una narrativa que reduce hechos históricos a una firma presidencial y así despojar a la historia de su motor material. No obstante, desde la historia de la filosofía, el Estado-nación no constituye un mero artificio administrativo, sino la institución que transforma la razón histórica en un objeto, así como la directriz ética de una colectividad en movimiento. El nacionalismo revolucionario mexicano, como categoría política, funcionó en el siglo XX como la cohesión histórica de ese racionalismo estatal, postulando la rectoría pública sobre los recursos estratégicos como condición indispensable de la soberanía. Pero esta racionalidad no permaneció solamente en los decretos del régimen gobernante; fue aprehendida, resignificada y encarnada por la conciencia obrera.

Como lo documenta Silvia Gómez Tagle en su historiografía, la corriente democrática e insurgente del sindicalismo electricista —articulada en la FNTICE, el STERM y la Tendencia Democrática del SUTERM encabezada por Rafael Galván— se adueñó de esa racionalidad histórica para llevarla a sus consecuencias más radicales. Lejos de limitarse al corporativismo o al reclamo meramente salarial, los trabajadores se constituyeron en analistas rigurosos de las condiciones técnicas, económicas y financieras de las empresas de la American & Foreign Power Co. en las que laboraban antes de la nacionalización de la industria eléctrica. Los electricistas, expresados teóricamente en su revista Solidaridad, fueron los verdaderos impulsores que obligaron al Estado a disputar el terreno al capital extranjero. Demostraron objetivamente cómo el lucro de los monopolios privados extranjeros atentaba contra los intereses de la nación al generar duplicidad de sistemas, tarifas especulativas y desatención social. Al contraponer la propiedad social al capital privado y sostener que las empresas públicas no debían subsidiar a la burguesía ni al imperialismo, fijaron la postura histórica de que «nacionalizar es hacer patria». Fue esta movilización consciente y combativa la que orilló al Estado a consumar una de las nacionalizaciones más importantes del país.

Al revisar este proceso desde la perspectiva de los trabajadores, ejercemos lo que Walter Benjamin definía como «cepillar la historia a contrapelo», despojando el pasado y su relato del conformismo de los narradores oficiales para reactivar su potencial transformador en el «tiempo del ahora». Hoy, ante la necesidad impostergable de una transición energética, la lección de los electricistas cobra una vigencia renovada. La transición hacia energías limpias y la soberanía del futuro no pueden entregarse a la especulación del mercado ni al extractivismo privado; proyectada hacia el futuro, la nacionalización eléctrica está llamada a consolidarse como la más trascendental de nuestra historia. 

Hoy, en pleno proceso de redefinición del Estado-nación y de la soberanía energética en México, recordar la nacionalización eléctrica no puede consistir en un homenaje a un solo personaje de la vasta historia del país; también se debe recordar el legado de la FNTICE, el STERM y la Tendencia Democrática para rescatar sus lecciones y reconocer que la verdadera soberanía sobre los recursos estratégicos jamás existirá sin la participación directa y la democracia de sus trabajadores.

Por lo tanto, es necesario cuestionarnos ante una de las conmemoraciones más importantes de la soberanía y seguridad energética del país, ¿prevalecerá el relato complaciente de los decretos presidenciales, o seremos capaces de pasar la historia a contrapelo para reivindicar el poder obrero y popular como el verdadero arquitecto de la patria?