Por Alejandra Sánchez .
https://www.sprinforma.mx/noticia/las-campanas-de-la-derecha-mexicana-tras-su-derrota
6 min Contra la mayoría calificada y la transformación del poder judicial.
A casi tres meses de la elección que llevó a Claudia Sheinbaum a convertirse, mediante una aplastante victoria, en la primera mujer electa para presidir el ejecutivo, y a poco más de dos meses de que asuma el cargo como la primera presidenta constitucional en la historia de México, los grupos de derecha están, aunque noqueados, todavía en el ring.
Hoy estos grupos se encuentran en plena promoción de campañas con las que buscan mantener cohesionados a los pocos simpatizantes que lograron captar durante el proceso electoral y, sobre todo, continuar representando una posición detractora a todas las posturas de los primeros dos gobiernos de la cuarta transformación, los cuales gozan de amplia legitimidad democrática.
La primera campaña es en contra de la sobrerrepresentación (así calificada por ellas y ellos). Se refieren al hecho de que los partidos de la coalición “seguimos haciendo historia” lograron, por voto directo, 256 escaños en la cámara bajan mientras que, por la representación proporcional, obtuvieron 117, asegurando con ello la mayoría calificada.
La Constitución (en su artículo 54), para regular la sobrerrepresentación establece que:
Entonces… ¿Tienen o no tienen sobre representación los partidos políticos de la coalición? Aquí lo vemos:
Morena: obtuvo un total de 248 diputad@s (menor a los 300 contemplados en la constitución), lo que representa el 49.6% de la cámara y obtuvo, en votación, 43.59% de los votos, lo que significa una diferencia de 6.01 puntos (menor a los 8 puntos contemplados por la constitución)
PVEM: obtuvo un total de 75 diputad@s (menor a los 300 contemplados en la constitución), lo que representa el 15% de la cámara y obtuvo, en votación, 8.96% de los votos, lo que significa una diferencia de 6.04 puntos (menor a los 8 puntos contemplados por la constitución)
PT: obtuvo un total de 50 diputad@s (menor a los 300 contemplados en la constitución), lo que representa el 10% de la cámara y obtuvo, en votación, 5.84% de los votos, lo que significa una diferencia de 4.16 puntos (menor a los 8 puntos contemplados por la constitución)
De acuerdo con lo expuesto, que resulta del total de escaños ganados por mayoría y por representación proporcional, ninguno de los tres partidos políticos de la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene sobre representación.
¿Hubo alguna diferenciada en la aplicación de la Ley?
No. Para todos los partidos se aplicó la misma fórmula para el cálculo de plurinominales, generando el número total de personas diputadas y, sobre el total, se analiza que cumplan con las mismas consideraciones y limitaciones constitucionales. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano logró ganar por mayoría un solo distrito federal, mientras que, por representación proporcional, le corresponden 23 curules más. Esto es que obtuvieron 24 diputados (menos de los 300 que indica la ley), los que representan el 11.66% de la cámara, con una diferencia de su votación de 6.86 puntos (menor a los 8 puntos contemplados por la constitución). Lo mismo se aplicó para el PAN, para el PRI y… bueno, para el PRD se hubiese hecho igual, pero no obtuvo ninguna votación que le hiciera acreedor de plurinominales y ocupará, por mayoría, únicamente un espacio.
¿Qué quiere entonces la oposición?
Es evidente que este frente conformado por los partidos de oposición solicita una interpretación a modo de la Ley. Si bien hace a penas poco más de un año se opusieron a una reforma electoral que planteaba a modificar la configuración del congreso para mejorar la representación y eliminar las 200 curules de plurinominales bajo el precepto de que “La Ley es la Ley”, hoy que esa Ley no les resulta conveniente, piden a gritos y sombrerazos una interpretación a modo. Pero… ¿Por qué no les es conveniente? Porque el dos de junio se logró el plan que propuso la Cuarta Transformación después de que ellos mismos votaron en contra de la propuesta de reforma electoral constitucional, y de que el poder judicial diera reversa a la propuesta de reforma electoral a nivel legal: el Plan C, que consistió en una sola premisa. Lograr obtener la mayoría calificada.
Esta mayoría significa que la coalición pueda sacar adelante las reformas constitucionales que la derecha mexicana ha intentado frenar de cualquier manera (desde sus espacios en el legislativo, a través de sus ministros y ministras en la suprema corte y mediante litigios incursionados por los abogados de la oligarquía) y ahora intentan hacerlo mediante resoluciones que interpreten que existe la sobrerrepresentación.
La Reforma Constitucional que está ya en sus manos es la Reforma al Poder Judicial, a la que férreamente se oponen, y lo que nos lleva a sus otras dos campañas.
2. En contra de la transformación al poder Judicial
2.1 En defensa de sus trabajadores.
La campaña emprendida por los grupos de la derecha mexicana en contra de la propuesta que reforma al poder judicial se divide en dos: una que aparenta una solidaridad con los trabajadores de dicho poder, y otra en contra de la elección popular de las personas juzgadoras y que, dicho sea de paso, ayuda a exponer a la luz de todas y de toda la visión que la derecha tiene de democracia.
Desde que comenzó a sonar la propuesta de reforma al poder judicial, tras señalamientos y denuncias que hicieron públicos los exagerados excesos que tienen en este consejeros y ministros, ante lo cual se proponen algunas medidas de austeridad, los grupos de derecha comenzaron una campaña de defensa a los trabajadores del poder judicial, diciendo que la reforma pretendía desaparecer los fideicomisos a través de los cuales estos reciben sus nóminas, primas, aguinaldos, entre otros derechos laborales.
Esto es falso. La reforma sí contempla la reintegración de los fideicomisos a las arcas públicas, porque su manejo es opaco y, en consiguiente, poco transparente. Si algo compartimos con la visión liberal de la democracia, es que la transparencia es fundamental, sobre todo en el manejo de los recursos públicos. Pero la reforma también contempla y asegura que absolutamente todos los derechos laborales serán garantizados y que sus costos saldrán directamente de la federación, mediante el programa de egresos que se haga año con año.
También aprovecharon para sembrar la idea de que la implementación del tope de salarios para consejeros, magistrados y jueces de distrito (que actualmente perciben de manera actual, respectivamente, más de 5 millones 500 mil, cerca de 4 millones 500 mil y más de 4 millones), aplicaría de alguna manera para reducir los sueldos y salarios de los y las trabajadoras del poder judicial. Una vez más, esto es falso.
Sobre esa premisa es que se ha iniciado un paro de labores (suspendiendo plazos, términos y audiencias, lo que retrasará aún más los ya atrasados procesos en curso de millones de mexicanas y mexicanos que esperan obtener justicia). A este paro se han sumado jueces y magistrados, a pesar de que la misma SCJN reconoce que jueces y magistrados no son trabajadores, al no realizar servicios subordinados.
2.2 En contra de la elección popular de las personas juzgadoras
Uno de los elementos más importantes de la reforma al poder judicial, es cambiar la manera en la que actualmente se elige a ministros, jueces y magistrados.
Hoy a los ministros los propone el presidente y los selecciona el senado, mientras que a los jueces y magistrados son seleccionados mediante procesos cerrados, dirigidos al personal del poder judicial.
En oposición a estos mecanismos, la reforma busca dotar de legitimidad democrática a este poder – a final de cuentas, es uno de los tres poderes que conforman la unión – y se plantea que sea la voluntad popular y el poder del pueblo que constituya dichos poderes, y no así acuerdos cupulares o redes de nepotismo[1].
Ante esta contraposición, los grupos de derecha han emprendido una campaña que pretende ridiculizar el proceso electivo, con argumentos tan exiguos como la fuente actual de legitimidad del poder judicial: dicen que “quieren jueces y magistrados con carrera judicial. No por sorteo ni elegidos por voto popular”.
Esta frase es una delicia, porque pinta muy bien la visión de democracia que la derecha dice defender. La vimos con “yo defiendo al INE” y ahora llega bajo el formato de “Yo apoyo al PJF”. Desde esta visión de democracia, la derecha mexicana encuentra la fuente de legitimidad de la autoridad no en la voluntad popular, la cual enérgica y explícitamente rechazan, sino en dos atributos:
El primero, la tradición. Pretenden continuar con la institución tal cual es por el simple hecho de que así es, y su simple existencia de una forma en el tiempo pasado, le brinda la legitimidad suficiente para que la busquen conservar y defender tal como está.
El segundo, la técnica o el expertise de quienes las dirigen. Esto lo podemos observar en la primera frase de su afirmación sobre que quieren “jueces y magistrados con carrera judicial”. Esta es una afirmación (con una dosis clasista de por medio) que sugiere dos premisas falsas:
Reflexión final
El poder judicial que, actualmente:
Se ha impuesto a los otros dos poderes, siendo quien termina decidiendo qué es lo que pasa con el país. Como ejemplo: cuando desde el judicial se decidió que no fueran repartidos los libros de texto gratuitos, invadiendo atribuciones y obligaciones del ejecutivo, o cuando decidieron dejar sin efectos la Ley eléctrica, aprobada por mayoría en el poder legislativo. Este poder, exiguamente constituido, se ha antepuesto a dos poderes constituidos por la fuente de todo poder en una democracia: la voluntad del pueblo, democráticamente expresada en elecciones libres.
[1] Como podemos ver en Nepotismo; hallan 6 mil “redes familiares” en los tribunales y juzgados federales” de sinlinea.mx
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