La niñez no espera: el derecho a existir en igualdad

En Jalisco, la ley no duerme, pero sí discrimina. El reciente caso de Lucero y Martina, una pareja de madres lesbianas a quienes se les negó el registro de nacimiento de sus trillizos con los apellidos de ambas, es otra señal clara de una estructura institucional que aún opera bajo prejuicios disfrazados de “procedimientos legales”.

No es un tema de papeleo. Es una cuestión de derechos humanos y de sentido común. Uno de los bebés necesita atención médica urgente a través del IMSS, atención que le está siendo negada simplemente porque no tiene un registro oficial. En este contexto, la burocracia se convierte en violencia institucional: se castiga a madres por su orientación sexual y, peor aún, se pone en peligro la vida de un recién nacido.

Aunque la pareja contrajo matrimonio legalmente y recibió inicialmente una respuesta favorable del Registro Civil, el trámite fue bloqueado por otra oficialía con argumentos retrógradas que no solo contradicen el marco legal vigente, sino que revictimizan a las familias. La exigencia de un juicio de amparo para ejercer un derecho que debería ser automático evidencia la distancia entre la ley escrita y la práctica cotidiana.

Este caso también pone sobre la mesa una pregunta que incomoda a muchas autoridades: ¿cuánto valor tiene una familia si no se ajusta al molde tradicional? En un país donde el matrimonio igualitario ya es legal y reconocido, resulta absurdo que los derechos derivados de ese matrimonio sigan siendo negados. Se permite amar, pero no criar en igualdad; se reconoce el vínculo conyugal, pero se entorpece el vínculo filial.

La falta de protocolos claros y uniformes en los registros civiles del país contribuye a esta violencia estructural. Mientras una oficialía puede actuar con criterios progresistas y justos, otra puede negarse por prejuicios personales o desconocimiento. Este desorden institucional deja en la indefensión a miles de familias que solo buscan ejercer su derecho a existir plenamente reconocidas por el Estado.

Lo más alarmante es que las consecuencias de esta discriminación no solo afectan a las madres, sino que recaen directamente sobre las infancias. ¿Cómo justificará el Estado mexicano haber negado atención médica urgente a un bebé solo por no estar registrado bajo un modelo familiar tradicional? La omisión en estos casos no es neutra: es cruel, evitable y profundamente inhumana.

El caso de Lucero y Martina no es aislado. La Red de Madres Lesbianas en México ha documentado varios incidentes similares en Jalisco. Este patrón de discriminación sugiere no una falla aislada, sino una política no escrita de exclusión. ¿Cuántas familias más tienen que vivir con el miedo de que el Estado les niegue su existencia?

Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger a las infancias sin importar la configuración de sus familias. No hay argumento legal ni moral que justifique esta exclusión. La orientación sexual de las madres no debería ser un obstáculo para el reconocimiento de sus hijos ni para su acceso a la salud.

Exigimos no solo la resolución inmediata de este caso, sino también un compromiso real del Estado mexicano para formar a su personal en perspectiva de derechos humanos, diversidad familiar y no discriminación. Porque los derechos no se mendigan, se garantizan. Sobre todo, porque la niñez no espera.