La Guardia Nacional y el limbo de la militarización

Tras ser anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la intención de emitir un decreto para que la Guardia Nacional pase a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha revivido un intenso debate en la opinión pública acerca de la “militarización de país” y los riesgos de llevar a las fuerzas armadas a “tareas de seguridad pública”, algo que de facto viene pasando desde la implementación del Operativo Conjunto Michoacán, en diciembre de 2006, siendo ya presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Pero antes de hablar de militarización, es preciso ponernos de acuerdo en cuanto a qué se entiende por militarización, cuáles son sus características y qué riesgos conlleva. Una primera aproximación al concepto nos la puede brindar el Diccionario de Asilo de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, que la define como la utilización de estrategias de control y uso de armas propios del ámbito militar en otros ámbitos de lo no militar. Morales Rosas y Pérez Ricart (2015), citando a Hall y Coyne (2013) identifican que la militarización implica que las fuerzas militares se involucran en labores de control interno o, en el hecho de que las policías civiles van adquiriendo características militares, llamando al primero de los casos militarización directa y al segundo, militarización indirecta. En el desarrollo de ambas definiciones se encuentra que la militarización responde a la adopción del modelo neoliberal en el que la militarización resguarda el interés de las empresas transnacionales (en la definición desarrollada por el CEAR-Euskadi) y la instauración de un Estado penal neoliberal, que básicamente se concentra en la penalización de la pobreza (citando a Morales Rosas y Pérez Ricart.) Este orden de ideas encamina entender que la militarización en México se ha venido desarrollando durante varios años, justo en el marco del uso de la fuerza en el contexto neoliberal, como deja notar la implementación del Plan México (Iniciativa Mérida), que en opinión de varios analistas parece tratarse de una tropicalización del Plan Colombia.

Dicho lo anterior, no se puede decir que con la incorporación de la Guardia Nacional se vaya a militarizar la seguridad del país, pues de facto esas tareas ya están militarizadas, desde la primera operación de la “guerra contra las drogas” y se ha venido institucionalizando desde que se acordó la Iniciativa Mérida. Pero antes de continuar, cabe señalar que en el abordaje del tema es frecuente encontrarse con ciertas lagunas conceptuales, comenzando por la forma en que se disciernen los niveles de seguridad, pues a menudo nos encontramos que, al hablar de la militarización de la seguridad, la opinión circula en torno a que el Ejército y la Marina han tomado atribuciones de seguridad pública, dejando de lado a la casi indefinida seguridad interior. 

Para poder entender este conflicto conceptual empecemos por señalar que la seguridad nacional ha transitado de la noción de la guerra clásica, consistente en defender a un Estado nación frente a la amenaza de una invasión, hasta tener hoy en día la adhesión de conceptos más difusos que tienen que ver con el terrorismo, riesgos medioambientales, irrupción de mafias y hasta migraciones masivas; incluso habrá quienes  añadan a la seguridad nacional aspectos relacionados con el control de sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, recursos hídricos y hasta alimentarios. Por lo que concierne a la seguridad pública, se entiende que es el estado de paz y orden en espacios públicos y privados donde las personas conviven de manera pacífica, respetando derechos y fomentando el desarrollo individual y colectivo. En cuanto a la seguridad interior no existe claridad conceptual. En términos generales se entiende que consiste en el acto de mantener la paz dentro de las fronteras de un estado soberano o en los territorios autónomos. La anulada Ley de Seguridad Interior la definía como la condición proporcionada por el Estado que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno y las instituciones. 

Si bien, se ha hecho énfasis en que seguridad nacional y seguridad pública no son lo mismo ni se opera igual, y que tampoco es lo mismo seguridad exterior y seguridad interior, lo que es cierto es que el marco normativo deja en manos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la garantía de la seguridad interior. 

Entonces ¿Qué es la Guardia Nacional? Un concepto general es que se trata de un cuerpo armado, cuyas características son las de una milicia civil, con el fin de garantizar la seguridad territorial. En algunos países se conforma como una fuerza de reserva, administradas incluso como milicias de estados de una federación y en otros casos, forman parte de la fuerza armada nacional. 
¿Dónde está el lío? Que la Guardia Nacional, pudiendo ser el cuerpo armado encargado de las tareas de seguridad interior (ya incorporadas al ejército, fuerza aérea y marina armada), en su ley orgánica es una institución de seguridad pública. En otras palabras, sigue siendo la extinta Policía Federal.

Se puede entender que, en el afán de enterrar al fantasma de la militarización, el Legislativo quiso darle carácter de seguridad pública a un cuerpo cuyas tareas reales corresponden a la seguridad interior, misma que normativamente sigue estando a cargo de los cuerpos castrenses. Parte del problema es que no hay consenso sobre cómo abordar los problemas de seguridad que aquejan al país, pues, aunque el clima de violencia a causa del así llamado crimen organizado, es en esencia una amenaza a la seguridad interior, se pretende atender como si fuera de seguridad púbica, estando ésta totalmente rebasada para dichos fines, pero atacados en un principio como si se tratasen de amenazas a la seguridad nacional, incurriendo en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

Parte de las deficiencias en la atención a la seguridad que hoy empujan a la intención de incorporar por decreto a la Guardia Nacional a la SEDENA es que no existe un marco regulatorio de los niveles de seguridad. La falta de una ley de seguridad interior seguirá dificultando la correlación de los mandos de seguridad, estorbando las tareas para la garantía de la paz en sus diferentes niveles de actuación, por lo que es urgente que el Congreso de la Unión vuelva a llevar a la tribuna una discusión seria, amplia y consensuada sobre la definición de la seguridad interior, su margen de acción y los actores que se involucran en ella, a fin de acabar con el gatopardismo policial, donde las instituciones cambian de nombre, pero funcionan igual, en franca deficiencia por límites imprecisos en sus atribuciones.