La élite busca presidenta en la corte

Han sido días intensos en el panorama político nacional. Uno de los temas que algunos medios tradicionales han posicionado son los supuestos acuerdos respecto del relevo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero veamos que dice la Constitución y cuál es el espíritu de la reforma constitucional en materia judicial respecto de este tema. 

El decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia judicial estableció en su artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno. Además, establece que su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. 

Sin embargo, el poder de reforma omitió derogar el párrafo del artículo 97 constitucional que regulaba la forma en que se iba elegir al presidente o presidenta de la Corte, que establecía lo siguiente: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Derivado de lo anterior, propongo dos lecturas que se le puede dar a esta controversia, una jurídica y otra política. Comencemos por la jurídica. Es claro que existen dos artículos contradictorios sobre la forma de elegir al presidente o presidenta de la corte, si se leen solo esos dos artículos, sin tomar en cuenta el grueso de la reforma. Sin embargo, esta disyuntiva tiene una salida muy clara, pues el artículo transitorio décimo segundo de la reforma judicial establece que se derogarán todas las disposiciones que se opongan al decreto de la reforma constitucional en materia judicial. 

Además, en términos estrictos no podría utilizarse el artículo que regulaba la elección de la presidencia en la vieja corte pues establece que cada cuatro años el pleno elegirá a la persona presidenta de la corte, entonces supondría esperar que el actual presidente dure en su encargo 4 años y no dos como está programado.  

En la reforma constitucional al poder judicial la intención del poder de reforma fue introducir una clausula constitucional que regulara la elección del presidente o presidenta de la corte de acuerdo al número de votos obtenidos en la urnas, construyendo un vínculo con la voluntad popular, entonces la disposición que debe prevalecer es la que establece que la presidencia se elegirá cada dos años, de acuerdo con el orden de votos que se hayan obtenido contando del mayor a menor, aunado a lo que incorpora el artículo transitorio ya expuesto.

Ahora bien, la lectura política es igual de contundente. El objetivo de la reforma constitucional es superar el principio contramayoritario del poder judicial, esto es que la legitimidad de las y los juzgadores y personas ministras recayera en la voluntad popular, de ahí que la propuesta de reforma incluyera que la presidencia de la corte sería rotativa y según el orden de prelación en que haya quedado cada persona ministra electa de acuerdo con el número de votos obtenidos. Intentar retomar la forma en que la vieja corte elegía a su presidencia no solo es contrario al espíritu de la reforma constitucional, sino que representa soslayar la voluntad general, misma que es eje rector en el nuevo modelo de organización jurisdiccional.

Es mas grave si lo pensamos en términos de lo logrado, pues en teoría apegarse al modelo de elección pasado posibilitaría para que la presidencia sea designada por 4 años y no por 2 como establece la nueva reforma. Igual de grave resulta la narrativa facciosa que se intenta construir desde la elites y los grupos de derecha en el país, sosteniendo que el método de elección de la presidencia de la Suprema Corte debe de ser el modelo pasado, el que reivindica al principio contramayoritario y desdeña la voluntad popular. Mas de alguna puede dejarse llevar por el canto de la sirenas, sin entender el momento histórico que atraviesa el país. A las y los que les hacen el juego a los grupos conservadores les decimos como diría el expresidente, ¡Fuchi, guácala!