Gentrificación: el adversario silencioso de la justicia social

No es casualidad que cada vez más personas digan “ya no reconozco mi barrio”. Que quienes crecieron en la Doctores, la Roma, la Santa María o la Guerrero vean cómo cambian las fachadas, los acentos, los precios… y también las prioridades. Detrás de esa sensación de desarraigo hay algo más profundo que cambios estéticos: hay una lucha por el sentido mismo de la ciudad.

Y es que lo que está en juego no es solo dónde vivimos, sino cómo vivimos, con quiénes y bajo qué condiciones. La gentrificación no es un accidente urbano: es una política no dicha. Es el resultado de decisiones que privilegian la plusvalía por encima de la comunidad, que protegen la renta por encima del arraigo, que promueven una ciudad vitrina, pero vacía de vida real.

Pero además, la gentrificación tiene raíces profundas en viejas estructuras de corrupción y privilegio que todavía operan en distintas capas del aparato urbano. Hoy sabemos que detrás de muchos edificios vacíos, desalojos irregulares o cambios exprés de uso de suelo, hay redes que mezclan intereses inmobiliarios, funcionarios coludidos y actores violentos. El llamado Cártel Inmobiliario no es solo un escándalo mediático: es un modelo de despojo que se sofisticó durante décadas de gobiernos sin escrúpulos, y que aún deja huella.

En algunas zonas, incluso el crimen organizado se ha insertado en el proceso de desplazamiento: invadiendo predios, presionando a adultos mayores, pactando con desarrolladores o facilitando el paso de viviendas populares a plataformas como Airbnb. Esto no es progreso. Es despojo disfrazado.

La Cuarta Transformación ha comenzado a enfrentar estas redes. Ha visibilizado la corrupción inmobiliaria, ha emprendido procesos judiciales, y ha impulsado desde el Congreso y los gobiernos locales marcos legales más justos. Pero aún no basta. Lo sabemos quienes vivimos en barrios que resisten. Lo saben quienes han tenido que mudarse. Lo saben quienes organizan asambleas vecinales para frenar un desalojo más.

Y lo saben, sobre todo, quienes han dedicado su vida a defender el derecho a la ciudad desde abajo. Organizaciones como la UPREZ (Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata) lo han hecho durante décadas. Desde Iztapalapa hasta la GAM, han sido el músculo y la conciencia de una ciudad que no quiere dejarse arrebatar.

Y una de las liderazgos más comprometidos con esta lucha ha sido sin duda el de Clara Brugada. Su historia no se explica sin el territorio, sin la defensa del espacio público, sin su apuesta por el urbanismo social y popular. Lo que logró en Iztapalapa no fue solo infraestructura: fue dignidad. Parques donde había lotes baldíos. Cultura donde había abandono. Vivienda donde antes solo se ofrecía desalojo.

Gracias a esos esfuerzos, hoy tenemos una ruta clara: una ciudad pensada desde el pueblo, no desde el privilegio.

Sin embargo, esa ruta necesita continuidad y profundidad. Porque los tentáculos del despojo no han desaparecido: se reconfiguran. Cambian de rostro, de alcaldía, de mecanismo. Pero siguen queriendo lo mismo: sacar a los de siempre, para que lleguen los de siempre.

Quienes vivimos en la Cuauhtémoc, en el corazón palpitante de la Ciudad de México, lo sabemos bien. Aquí no se habla de futuro sin tocar el precio de las rentas. No se discute el espacio público sin preguntarse: ¿para quién está hecho?

No tengo todas las respuestas. Pero sí tengo claro que la ciudad que queremos no va a venir desde arriba. Va a venir de quienes ya están luchando por ella. Y con un gobierno que escuche, que acompañe, que se mantenga firme frente a quienes ven la ciudad solo como negocio.

Y aunque a veces parezca que estamos solos, no partimos de cero. Tenemos historia. Tenemos ejemplos. Tenemos barrios que resisten.  Y sobre todo, tenemos razones para no rendirnos.

Porque la ciudad no se vende. Se habita. Se cuida. Se defiende.