El “Techo de Cristal” en la SCJN y aquel Golpe Zedillista al Poder Judicial

Por Jenaro Villamil

La elección de la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  la ministra Norma Lucía Piña Hernández es un hecho histórico, sin duda, y también un acto político de los ministros que encabezan el Poder Judicial en medio de un intenso y hasta en ocasiones ruidoso escándalo sobre las presuntas intenciones de “control” y de “dominio” del actual presidente Andrés Manuel López Obrador sobre uno de los tres poderes de la Unión.

La elección de Piña Hernández deshizo los argumentos llevados hasta la exacerbación de un presunto intento de imponer una presidenta afín al gobierno federal. 

En medio del escándalo sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yazmín Esquivel, revivieron las acusaciones sin fundamento, las especulaciones y las inferencias sobre la pretensión de un “golpe de Estado” del presidente de la República al interior del Poder Judicial.

Algo similar ocurrió apenas en abril del 2021 cuando se presentó una iniciativa del Ejecutivo federal para ampliar 2 años la presidencia de Arturo Zaldívar en el pleno de la Suprema Corte. La inicaitiva fue criticada por “anticonstitucional” y por constituir un “golpe” al Poder Judicial. La propuesta finalmente no prosperó.

La autonomía de los Poderes de la Unión es un valor constitucional intrínseco y una aspiración que, quizá por primera vez, se podrá cumplir desde que la actual configuración de la Suprema Corte fue el resultado de un auténtico “golpe constitucional”, operado en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo.

Sorprende que muchos de quienes se rasgan las vestiduras por el fantasma del dominio presidencialista sobre el Poder Judicial olviden que el pleno actual de la SCJN y la integración del Consejo de la Judicatura sean herederos de la reforma fast track operada por el gobierno de Zedillo, apoyada por las bancadas del PRI y del PAN y por no pocos representantes de la tecnocracia del derecho.

La historia de aquel golpe es necesario recordarla:

1.-El 31 de diciembre de 1994, en medio de la convulsión económica derivada de los “errores de diciembre” que provocaron la peor crisis en los últimos años, de la disputa abierta entre Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo, se aprobó en el Congreso una reforma que jubiló de tajo a los 26 ministros integrantes entonces de la Suprema Corte, presidida por Ulises Schmill, y establecer una configuración nueva del máximo órgano colegiado de dirección del Poder Judicial… desde una reforma concebida, operada y financiada por el Poder Ejecutivo federal.

En aquel entonces, el columnista Miguel Ángel Granados Chapa escribió en su Plaza Pública que el descabezamiento de la Suprema Corte era anticonstitucional porque no se cumplían los supuestos del artículo 94 de la Constitución para remover a los ministros.

El constitucionalista Emilio Krieger calificó la reforma como “zedillización” de la Suprema Corte e Ignacio Burgoa Orihuela consideró que era el peor modelo posible porque desmantelaba a la SCJN y le restaba autonomía e independencia. Llegó a compararla con el “autogolpe” de Alberto Fujimori en Perú que incluyó el despido ipso facto de los ministros y jueces.

La solución para acallar las críticas de esta medida fue el llamado “retiro dorado” de los ministros con una pensión vitalicia y una intensa operación política.

(Ver El Cotidiano, No. 172).

2.-La reforma constituyó una reconfiguración completa del Poder Judicial. En el nuevo artículo 94 constitucional se estableció que el pleno de la SCJN se reducía de 26 a 11 ministros, se limitó a 15 años su mandato (que antes era vitalicio), se estableció un periodo de 4 años para la presidencia rotativa de la Sala Superior de la Suprema Corte y se creó el Consejo de la Judicatura, encabezada también por el ministro presidente del pleno de la Suprema Corte, con funciones para la “administración, vigilancia y disciplina” del Poder Judicial.

3.-Se estableció un sistema de remuneración muy alta y se señaló que los ministras y ministros de la Suprema Corte, al término de su mandato, “tendrán derecho a un haber de retiro”.

4.-El método de selección de los nuevos ministros le daba una cómoda ventaja y control al entonces presidente Ernesto Zedillo porque el Ejecutivo federal enviaba al Senado la propuesta de 18 candidatos y con el voto de las dos terceras partes de legisladores se debía elegir a los 11 nuevos integrantes de la Suprema Corte. El PRI y el PAN operaron una clara alianza legislativa para configurar el primer pleno de entonces, con un claro sesgo conservador.

De esos ministros originales ya no queda ninguno. Varios de ellos fueron presidentes de la Suprema Corte con una clara subordinación al presidente en turno, como ocurrió con el vergonzoso cargo del ministro Mariano Azuela Güitron que se prestó al golpe jurídico del desafuero para inhabilitar políticamente al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Durante el periodo de Guillermo Ortiz Mayagoitia como presidente de la SCJN se minó la autoridad e imparcialidad del máximo tribunal en 4 casos en los que ejerció la facultad de atracción y que afectaron el acuerdo de las élites políticas de entonces: el caso del secuestro y torturas contra la periodista Lydia Cacho; el caso de Oaxaca y la APPO; el caso de las violaciones en Atenco y el incendio de la Guardería ABC, por recordar sólo algunos.

El mismo ministro presidente saliente, Arturo Zaldívar, recordó en el documental para Netflix sobre el caso Cassez-Vallarta, que fue amenazado por elementos de la Policía Federal, bajo el mando de Genaro García Luna, luego de que el 7 de marzo de 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez.

Zaldívar informó al ministro Juan Silva Meza, entonces presidente del pleno, de lo sucedido y “yo responsabilizaba a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de mi seguridad personal”.

La propuesta de amparo a favor de Cassez fue desechada entonces. Menos de un año después, el 23 de enero de 2013, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, se aprobó la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero para otorgarle la libertad inmediata a Cassez, detenida de manera irregular y con flagrantes violaciones al debido proceso.

El “techo de cristal” que se rompió con la elección de la ministra Piña Hernández es un logro indiscutible de la agenda de los grupos feministas y de ministras que han defendido esta posibilidad, como la propia senadora Sánchez Cordero.

El otro techo de cristal que deberá romperse para garantizar la autonomía del Poder Judicial es no sólo frente al Poder Ejecutivo sino ante los poderes fácticos que aún tienen clara incidencia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.